La Justicia electoral brasileña retomó este martes un proceso que puede desalojar del cargo al presidente Michel Temer por supuestas irregularidades en la campaña de 2014 y que determinará tanto la suerte del mandatario como la del propio país.
Por primera vez desde la democratización que siguió a una férrea dictadura que gobernó entre 1964 y 1985, Brasil enfrenta el riesgo de perder a su segundo presidente en menos de un año.
El proceso, suspendido el pasado abril y retomado el martes, intenta establecer si hubo financiación ilegal y otras irregularidades en la campaña que compartieron Dilma Rousseff y Temer, aupado al poder tras la destitución el año pasado de quien encabezaba la fórmula en 2014.
La primera de las audiencias fue dedicada a escuchar el alegato de la acusación y el descargo de las defensas, que Rousseff y Temer, hoy completamente enemistados, ejercen por separado.
Hubo claras ilegalidades en la financiación
La acusación fue contundente y afirmó que existen "incontables" elementos y testimonios que, desde su punto de vista, prueban que la campaña de ambos constituyó "un innegable abuso de poder económico y político".
"Hubo claras ilegalidades en la financiación", pero también "hubo fraudes hasta en la divulgación de datos falsos, según los cuales 40 millones de brasileños habían salido de la pobreza y era mentira", dijo el abogado Flavio Henrique Costa.
En nombre de Rousseff, el abogado Flavio Caetano sostuvo que los cargos "se basan en falsos testimonios y pruebas inválidas" y exigió la "nulidad" del proceso, un punto en el que coincidió la defensa de Temer, quien sería el gran beneficiado de ello, pues salvaría el mandato que heredó de la ahora exmandataria.
Entre los "falsos testimonios", citó los dados por ex directivos del grupo Odebrecht, implicado en el escándalo de Petrobras, según los cuales esa empresa donó a la campaña de Rousseff y Temer al menos 150 millones de reales (unos 45 millones de dólares), de los cuales un tercio fueron acordados como sobornos y no se declararon.
"Esta acción debe ser declarada improcedente y mantener la plena validez de los 54 millones de votos conquistados en las urnas", dijo Caetano, al reiterar una propuesta de la defensa de Temer.
Sin embargo, el abogado de Temer, Gustavo Guedes, al tiempo que garantizó que no hubo irregularidades en la recaudación de campaña hecha por su cliente, sostuvo que hay pruebas de que sí las pudo haber habido en el caso de Rousseff, sobre quien sugirió que podría ser condenada a perder sus derechos políticos por ocho años.
Guedes exigió además que las cuentas de campaña de uno y otro sean juzgadas por separado, ya que así se realizó la recaudación y bajo la convicción de que, en lo relativo a Temer, "todo fue hecho dentro de la más estricta legalidad".
El instructor del proceso, Herman Benjamin, uno de los siete miembros del Tribunal Superior Electoral, no concluyó este martes la lectura de su informe, que continuará este miércoles, pero insinuó que existen en los autos unos 8.000 documentos que comprometen la situación de Rousseff y Temer.
El caso en la justicia electoral es uno de los frentes jurídicos que acorralan al gobernante, también investigado por el Supremo por los supuestos delitos de corrupción, obstrucción a la justicia y asociación ilícita.
Esas sospechas se apoyan en un confesión de directores del grupo cárnico JBS, quienes han declarado a la Justicia que sobornan a Temer desde 2010 y han entregado explosivos audios que ponen en tela de juicio al mandatario.
En esa grabación, Joesey Batista, dueño de JBS, relata diversas maniobras ilegales que hacía en favor de su empresa en tribunales o gestiones similares ante algunos ministros, ante el silencio o la complacencia de Temer, que le recibió en su residencia oficial.
Si el tribunal electoral dicta una sentencia condenatoria, Temer sería despojado del poder, pero solo una vez que se hayan juzgado todas las apelaciones que pudiera presentar, que llegarían hasta la Corte Suprema y pudieran postergar la conclusión del juicio durante meses.
(Con información de EFE)
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