El empresario brasileño Marcelo Odebrecht confirmó este lunes al juez Sergio Moro -titular de la causa que investiga el escándalo de corrupción conocido como "Lava Jato"- que el ex presidente Lula Ignacio Da Silva figuraba en las planillas que registraban los sobornos de la constructora brasileña con el nombre en código de "amigo". Además, declaró ante la Justicia haber pagado 13 millones de reales (unos 4,15 millones de dólares) en efectivo al ex mandatario entre 2012 y 2013, informaron medios locales.
Según detalló Odrebrecht, preso desde junio de 2015 y que firmó un acuerdo de delación premiada con la Justicia para reducir eventuales condenas, el dinero le era entregado al ex mandatario por Branislav Kontic, asesor del ex ministro de Hacienda Antonio Palocci, quien también figura en los documentos de la constructora con el nombre en código de "italiano".
Según el ex CEO de Odebrecht, Paolocci era el encargado de movilizar los recursos para el Partido de los Trabajadores de Lula y la ex presidenta Dilma Rousseff.
De acuerdo con medios locales, Odebrecht presentó como evidencia dos plantillas en las que aparece el nombre en código de Lula. En la primera, fechada 31 de junio 2012, se detalla que a disposición de Lula había 23 millones de reales (unos 7,3 millones de dólares), mientras que en la segunda, fechada 31 de marzo de 2014, indicaba un monto de 10 millones de reales (3,2 millones de dólares).
Según las informaciones, Odebrecht aseguro haber entregado el dinero a Lula, presidente de Brasil entre 2003 y 2010, en pagos realizados entre 2012 y 2013. El empresario también explicó que hizo varios pagos al Instituto Lula, que dirige el ex presidente, para la compra de un terreno en el que debía construirse un edificio en el que la entidad tendría su sede.
No es la primera vez que Odebrecht acusa formalmente al ex mandatario, aunque se trata de la primera declaración del ejecutivo ante la Justicia tras haber llegado a un acuerdo para delatar la trama de corruptelas. Si bien su testimonio está bajo sigilo, fue filtrada a los medios de comunicación.
En noviembre el empresario, condenado a 19 años de prisión por integrar la red de corrupción, había asegurado que Lula había recibido más de dos millones de dólares en efectivo.
Por otra parte, Odebrecht aseguró que también entregado 50 millones de reales (cerca de 16 millones de dólares) para la campaña electoral en 2010 de Dilma Rousseff, ahijada política de Lula y sucesora suya en el cargo (2011-mayo de 2016), mediante el entonces ministro de Hacienda, Guido Mantega, que en las planillas figuraba como "post-italiano".
Palocci, quien fue ministro con Lula y Rousseff, era el principal interlocutor del Gobierno con el grupo Odebrecht, según el empresario, y fue sustituido en la función por Mantega.
Odebrecht declaró este lunes en un proceso contra Palocci, acusado de usar su influencia en el Gobierno para favorecer los intereses de la constructora Odebrecht, la mayor de Brasil, y de la que habría cobrado 128 millones de reales (40 millones de dólares).
Tras conocer las acusaciones, el Instituto Lula emitió un comunicado en el que rechazó las acusaciones y dijo que el ex mandatario no comentaría ninguna declaración bajo sigilo en la Justicia "filtrada selectivamente y de forma ilegal".
Por otra parte, las filtraciones sobre las revelaciones del ex jefe de la empresa sobre Lula no son las únicas que llegaron en la jornada del lunes: de acuerdo con un informe de la Policía Federal obtenido por varios medios locales, el grupo implicado en el escándalo de corrupción en Petrobras causó daños por valor de 5.684 millones de reales (unos 1.810 millones de dólares) en 11 contratos inflados firmados con la estatal entre 2003 y 2014.
Odebrecht, la mayor constructora de Brasil, participó de un "cartel" con otras 15 importantes constructoras del país para hacerse con las licitaciones de manera fraudulenta de Petrobras, según ha descubierto la investigación.
Las autoridades comprobaron que ese exclusivo grupo obtenía contratos amañados con Petrobras, inflaban los valores y repartían las diferencias entre directores de la petrolera estatal y partidos políticos que amparaban la práctica y legislaban a favor de estas empresas.
La corrupción en Odebrecht no se limitó a Brasil y se expandió por otra decena de países de Latinoamérica y África, cuyas autoridades investigan el pago de sobornos a políticos de parte de la constructora.
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En Brasil, el escándalo, que ya ha enviado a prisión a varios políticos y empresarios, ha salpicado a la figura del presidente Michel Temer y a varios de sus ministros, además de los ex mandatarios Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff.
El terremoto político se generó a raíz de los acuerdos de colaboración con la Justicia que han firmado 77 ex directivos de Odebrecht en los que, según algunos testimonios filtrados a medios locales, se detallaría con todo detalle la política de sobornos puesta en marcha por la compañía.
Con base a esas declaraciones, que se encuentran bajo secreto judicial, el cual se espera que se levante este mes, la Fiscalía entregó en marzo pasado a la Corte Suprema una lista de 83 pedidos de investigación sobre políticos aforados que han sido implicados en la red de corruptelas.
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