La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) expresó hoy su preocupación por las conclusiones de la investigación interna de la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) sobre las irregularidades cometidas en la investigación del caso Ayotzinapa.
"Ayotzinapa es un caso emblemático, sobre el cual recientemente el alto comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Zeid Raad al Hussein, reiteró la necesidad de dar seguimiento a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)", dijo Jan Jarab, representante en México de ONU-DH.
Los resultados deben transparentarse y hacerse del conocimiento de la sociedad
Señaló que entre esas recomendaciones figura la investigación de las irregularidades en la integración del expediente por parte de la PGR en el caso de la desaparición de 43 alumnos de la escuela para maestros de Ayotzinapa ocurrida el 26 de septiembre de 2014.
"Además, debido a la gravedad del caso y del legítimo interés público que existe, los resultados deben transparentarse y hacerse del conocimiento de la sociedad", añadió Jarab.
La ONU-DH indicó en un comunicado que, según información con la que cuenta, la investigación conducida por la Visitaduría General de la PGR identificó únicamente faltas leves de varios funcionarios, todas ellas calificadas de administrativas, "sin que en su dictamen se haya propuesto la apertura de alguna investigación penal".
"Sin embargo, y desde el inicio del caso Ayotzinapa, la ONU-DH ha documentado graves violaciones a derechos humanos y patrones en la comisión de aquellas ligadas a la integración del caso", apuntó.
Desde el inicio del caso Ayotzinapa, la ONU ha documentado graves violaciones a derechos humanos
Dijo tener "elementos de convicción" respecto de la comisión de actos de tortura contra numerosas personas procesadas, detenciones arbitrarias, transgresiones al debido proceso y el quebranto del derecho a la verdad, cometidos, entre otros, por funcionarios de la PGR.
"Pese a que en un inicio la investigación de la Visitaduría estaba siendo integrada con apego a los más altos estándares internacionales de derechos humanos, es lamentable el viraje que se produjo, cuyo resultado final significa una oportunidad perdida para efectivamente atender las serias violaciones cometidas en la investigación del caso", aseveró Jarab.
Finalmente, la ONU-DH reiteró su apoyo a las familias de las víctimas en su búsqueda de verdad y justicia, y expresó su disposición para seguir colaborando con las autoridades y con el mecanismo de seguimiento de la CIDH para lograr una adecuada resolución del caso.
El dictamen final de una investigación interna de la PGR sobre una diligencia que encabezó el 28 de octubre de 2014 Tomás Zerón, entonces jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR, concluye que nueve funcionarios, incluido él, cometieron irregularidades, pero sólo de tipo "administrativo".
Según el dictamen, al que EFE tuvo acceso, entre las irregularidades se destacan el traslado del detenido Agustín García Reyes, presunto miembro del cártel Guerreros Unidos, al sitio de la diligencia sin un mandamiento ministerial y sin la presencia de su defensor.
Además, ninguno de los funcionarios que participó dejó constancia de las actuaciones ese día, tampoco se realizaron peritajes para descartar o preservar una pieza ósea hallada en el lugar, presuntamente de origen animal, ni se registró la cadena de custodia de los indicios encontrados.
La diligencia, realizada en el río San Juan, en el municipio de Cocula del estado de Guerrero, salió a la luz en abril de 2016, cuando el grupo de expertos de la CIDH que investigó el asunto presentó su último informe antes de abandonar el país.
Ello despertó las suspicacias de los familiares de las víctimas, ya que fue en ese lugar donde fue hallada –un día después de la diligencia– una bolsa con restos óseos que permitieron identificar a uno de los 43 alumnos de Ayotzinapa detenidos el 26 de septiembre de 2014 por policías.
De acuerdo con la versión oficial, rechazada por los familiares y cuestionada por los expertos internacionales, los jóvenes fueron entonces entregados a una célula de Guerreros Unidos que los mató e incineró en un basurero en Cocula, antes de tirar sus cenizas al río.
(Con información de EFE)
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