
La Fiscalía de Perú anunció formalmente una investigación penal contra el ex presidente Alejandro Toledo (2001-2006) por los delitos de tráfico de influencias y lavado de activos por el cobro de coimas para favorecer a la empresa brasileña Odebrecht. Además informó que pedirá su detención.
En un comunicado del Ministerio Público, se informó que el proceso también se extiende a Jorge Barata, el ex director de las oficinas de Odebrecht en Perú, y contra Josef Maiman, empresario amigo de Toledo señalado de ejercer de testaferro del ex presidente.
Según la nota de la Fiscalía, a Barata se le formalizará investigación preparatoria "como cómplice primario del delito de lavado de activos" y Maiman como "autor" en el caso.
Tras este anuncio de la Fiscalía, será un juez el que tendrá que definir en una audiencia, que se realizará antes de 48 horas, qué medidas se tomarán respecto al ex presidente y los otros acusados y que pueden incluir un pedido de búsqueda y captura internacional.

Toledo es la primera gran figura de la política peruana inculpada en el caso de los sobornos de Odebrecht, que cobró fuerza durante el pasado fin de semana cuando la prensa peruana filtró información que señalaba que Barata confirmó a las fiscalías de Brasil y Perú que Toledo recibió 20 millones de dólares en sobornos para entregar la construcción de la carretera Interoceánica a la empresa brasileña.
El sábado pasado, la Policía allanó la lujosa vivienda que Toledo compró en Lima tras terminar su mandato y se retiró con numerosos documentos.
Desde que se conocieron las filtraciones, Toledo, que se encuentra en Francia junto a su esposa Eliane Karp, ha negado categóricamente el haber recibido dinero de la constructora, denunció una persecución de sus "enemigos" y consideró que Barata "mintió" en su declaración ante la Fiscalía.
En Perú, Odebrecht pagó 29 millones de dólares en sobornos a funcionarios entre 2005 y 2014, años que comprenden los gobiernos de Toledo, Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016), según se desprende de un acuerdo firmado por la compañía con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
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