Investigador de Policía Federal de Brasil adelantó que Lula da Silva puede ser detenido en un mes por sus causas de corrupción

Igor Romario de Paula, uno de los agentes de la Operación Lava Jato, confirmó que en ese lapso se puede dictar una prisión preventiva para el ex mandatario, que tiene cinco causas abiertas

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Lula da Silva, ex presidente de Brasil
Lula da Silva, ex presidente de Brasil

En diálogo con el portal de noticias UOL, De Paula negó que los investigadores hayan perdido el "timing para detener al ex presidente Lula", como lo había dicho a la revista Veja la semana pasada el comisario Mauricio Grillo, también de la Policía Federal.

"No creo que hayamos perdido el timing (para detener a Lula). Se puede dar en 30 días, 60 días. La investigación sobre Lula es muy amplia", reveló Romario de Paula.

Igor Romario de Paula
Igor Romario de Paula

Lula se encuentra procesado en cinco causas vinculadas a la Operación Lava Jato, dos de ellas a cargo del prestigioso juez Sergio Moro, en la ciudad de Curitiba. Hoy, el fiscal que trabaja en la causa calificó al ex mandatario como "el comandante" de la red de soborno.

La Operación Lava Jato (lavadero de autos), considerada por muchos como la mayor investigación de corrupción de la historia, comenzó en marzo de 2014 como una pesquisa sobre el mercado paralelo de cambio en una red de gasolineras de Brasil.

El caso llevó desde entonces a la cárcel a decenas de empresarios y políticos de primer plano, de prácticamente todo el arco parlamentario, por su implicación en una red de sobornos pagados por grandes constructoras para obtener licitaciones en Petrobras.

La Fiscalía definió el esquema como un sistema de "empresas que se enriquecían a costa del Estado, directivos de Petrobras que vendían favores, lavadores profesionales de dinero que pagaban sobornos y políticos y partidos que sustentaban a directivos de Petrobras y a cambio recibían la mayor parte de los sobornos para enriquecerse y financiar sus campañas".

Las obras sobrefacturadas generaban excedentes que se transferían a los partidos y a los conspiradores como sobornos de entre el 1% y el 5% del valor de los contratos.

Se estima que el esquema drenó el equivalente de unos 2.000 millones de dólares de la petrolera estatal y que causó, según números de la Fiscalía, un perjuicio total de más de 13.000 millones de dólares.

De acuerdo con la Fiscalía, los procedimientos legales permitieron a la empresa recuperar unos 500 millones de reales (155 millones de dólares) hasta fines de 2016. Las ramificaciones del caso se extendieron a una decena de países.

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