El gobernador del estado mexicano de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, denunció que sus antecesores en el cargo Fidel Herrera y Javier Duarte, este último prófugo de la Justicia, compraron y suministraron medicamentos falsos en tratamientos de quimioterapia para enfermos de cáncer.
"Estoy indignado porque conozco las condiciones en que operan los hospitales de Veracruz y esto es algo que está fuera de todo parámetro", manifestó Yunes a la emisora Radio Fórmula.
El gobernador dijo que su administración intenta determinar hasta cuándo se mantuvo el abastecimiento de estos medicamentos falsos o clonados y hasta cuándo se administraron a enfermos.
Reveló que las compras de este producto, principalmente Avastin, comenzaron en el gobierno de Herrera (2004-2010) y se descubrieron con Duarte (2010-2016), quien mantuvo su adquisición a las mismas empresas.
Evidentemente sí se administró, toda vez que se siguió comprando a las mismas empresas el mismo producto
El gobernador anunció que presentará denuncias penales contra Herrera, actual cónsul de México en Barcelona (España), y Duarte, quien el año pasado pidió licencia del cargo antes de ser sucedido por Yunes y después se fugó de la Justicia para no encarar acusaciones de delincuencia organizada y lavado de dinero en su contra.
A Duarte, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), como Herrera, se lo señala como responsable de la quiebra de ese estado mexicano, cuya deuda creció entre 2010 y 2016 en 1.454 millones de dólares.
La Auditoría Superior de la Federación detectó desvíos por 1.719 millones de dólares entre 2011 y 2014, y el mismo órgano estatal ha presentado denuncias por desvíos que suman 1.130 millones de dólares.
Esos materiales falsos se detectaron por primera vez el 6 de julio de 2010, cuando Herrera era gobernador, y se pidió un dictamen a la empresa farmacéutica Roche, que concluyó que el material estaba contaminado y no correspondía a su producto original.
Pese a ello, siguieron comprándose a tres laboratorios vinculados al diputado federal Jorge Carvallo, del PRI.
La Red por los Derechos de la Infancia en México denunció este martes que, de confirmarse el caso, además de ser "un acto de corrupción y desvío de recursos públicos que afecta directamente a niñas y niños", lo sucedido "deberá ser configurado como un crimen de Estado".
Con información de EFE.
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