Por qué las cárceles de Brasil se transformaron en teatros de la muerte

El Complejo Penitenciario Anísio Jobim, de Manaos, Amazonas, recibió el año nuevo con un baño de sangre. Un motín que se extendió durante 17 horas entre el domingo 1 y el lunes 2 dejó un saldo de 56 muertos. Muchos fueron decapitados, mutilados y quemados, en un show macabro que fue filmado y difundido por los propios reclusos.

Fue un brutal ajuste de cuentas. El episodio más sangriento de la guerra entre las dos principales organizaciones criminales del país, que se disputan el negocio de la droga: el Comando Vermelho (CV), de Río de Janeiro, y el Primeiro Comando da Capital (PCC), de San Pablo. Família do Norte, un grupo aliado a CV que opera sólo en Amazonas, habría protagonizado el ataque contra miembros del PCC.

Este viernes llegó la respuesta. Al menos 33 reclusos fueron asesinados en una cárcel del estado de Roraima, en el norte del país. Todo apunta a que fue una venganza del PCC contra el CV. Las víctimas también fueron decapitadas y mutiladas.

Pero estas matanzas, que lógicamente están conmoviendo a la opinión pública, no son algo nuevo. Hay un antecedente aún más mortífero, que de alguna manera inauguró la historia negra de las cárceles de Brasil: la masacre de Carandiru, cuando la Policía Militar asesinó a 102 internos de esa prisión paulista para sofocar un motín que ya contaba con nueve fallecidos. El saldo final fue de 111 víctimas fatales. Desde entonces se hizo indisimulable la crisis del sistema penitenciario, que se manifiesta casi todos los años con algún levantamiento o refriega violenta.

Un sistema penitenciario inviable

Un informe presentado el año pasado por el Departamento Penitenciario Nacional (Depen) reveló que hay 622.202 detenidos en el país. Hubo un aumento de 167% desde 2000. Brasil tiene la cuarta población carcelaria del planeta, detrás de Estados Unidos, China y Rusia. La proporción es de 306 presos cada 100 mil habitantes, cuando la media mundial es de 144.

Los niveles de hacinamiento en algunos presidios son impactantes. En promedio, la relación a nivel nacional es de 1,67 reclusos por cada plaza disponible. Y esto a pesar de que el cálculo de la cantidad de plazas es muy exagerado. La tasa de homicidios, que a su vez es subestimada en los datos oficiales, es de 95,2 cada 100 mil habitantes. La de suicidios llega a 32 cada 100 mil.

"Las prisiones en Brasil fueron siempre depósitos de pobres y, al mismo tiempo, un lugar de ejercicio del poder político de las policías militares de los estados, que deciden qué y a quién reprimir de forma arbitraria. Son las policías y no el Sistema Judicial quienes deciden quiénes permanecen encarcelados. Esto genera como consecuencias formas no regulares de control interno, como la aparición de facciones criminales organizadas", explicó Rogerio Dultra dos Santos, profesor del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal Fluminense, consultado por Infobae.

Como habitualmente ocurre en las sociedades con altos niveles de marginalidad, los presos son personas jóvenes, pobres y con bajo nivel educativo. El 55% tiene entre 18 y 29 años, a pesar de que ese grupo etario representa sólo el 18,9% de la población general. El 67% son negros, cuando en el país son el 51 por ciento.

"En Brasil falla la reinserción social. No se considera al sujeto y las cárceles son depósitos. Cuando las instituciones tienen como objetivo la reinserción psicosocial, las cosas mejoran. Pero si en un espacio donde caben 50 personas hay 300, es imposible la vida", dijo a Infobae David Leo Levisky, profesor de la Sociedad Brasileña de Psicoanálisis de San Pablo, especializado en juventud y violencia.

Hay otro fenómeno que también ayuda a entender el deterioro del sistema penitenciario. "A la gestión pública incompetente se suma la gestión privatizada —dijo Dultra—. El Ministerio Público de Amazonas sospecha que hubo sobrefacturación en la contratación de la empresa Umanizzare, responsable de administrar el sistema carcelario estadual. La mayoría de los países de Occidente que experimentaron con la privatización de las cárceles están dando marcha atrás por los desastrosos resultados que tuvieron, pero Brasil está viviendo un boom. Esto provocó un abaratamiento de los costos que resultó muy caro para la sociedad. Hay una precarización de los servicios, personal mal entrenado y remunerado, con alta rotación y poco compromiso con su función"

El crimen organizado, dentro y fuera de las cárceles

"En los últimos 40 años hubo un cambio muy significativo en la delincuencia por la llegada del crimen organizado, sobre todo en ciudades como San Pablo y Río de Janeiro. Eso supuso un aumento de los delitos graves, como los homicidios, y una atracción de personas jóvenes de los barrios pobres hacia el comercio de droga. Muchos terminan tempranamente presos. Al mismo tiempo, el sistema de justicia funciona como hace 50 años. Hay un desfase entre la capacidad de la criminalidad y la del Estado para hacer cumplir la ley", dijo Sergio Adorno, director del Centro de Estudios de la Violencia de la Universidad de San Pablo, en diálogo con Infobae.

Según el informe del Depen, el 28% de los presos fueron arrestados por cometer delitos vinculados al narcotráfico. Ese porcentaje, el mayor entre los distintos crímenes registrados, ha ido en aumento en los últimos años.

"Lo que se ha visto —apuntó Adorno— es el pasaje del control de la población carcelaria por parte de las autoridades, al control en manos del crimen organizado, que creó un rígido sistema de convivencia interna. Manejan los negocios ilícitos desde las prisiones. Hay una comunicación muy intensa entre lo que pasa en las cárceles y a su alrededor".

En ese marco se inscribe el avance del PCC y del CV, que durante muchos años mantuvieron una convivencia pacífica. Pero los cambios en el mapa del narcotráfico en la región y en el mundo los llevaron a un enfrentamiento creciente.

"PCC y CV adoptaron, en los últimos años, una estrategia de nacionalización para controlar las rutas del tráfico internacional de drogas y armas. El CV eligió hacer alianzas de tipo 'franquicia', que suponen una asociación, pero sin subordinación. El PCC tiene una estrategia diferente, de control territorial y bautismo, que incluye la imposición de acciones y una jerarquía. Tras años de sociedad entre PCC y CV, estas facciones han roto relaciones y ahora los efectos se están viendo en todo el país", contó a Infobae Renato Sérgio de Lima, director y presidente del Foro Brasileño de Seguridad Pública.

Todos los investigadores del fenómeno de la violencia y del crimen organizado en Brasil coinciden en que el Estado, por acciones y omisiones, tuvo un rol determinante en su desarrollo. En particular por su política de encarcelamiento masivo en establecimientos que se desempeñan como contenedores de desperdicios humanos.

"Ante la ausencia de condiciones mínimas en las prisiones —continuó De Lima—, las facciones ofrecen protección dentro y fuera. Así van ocupando el papel del Estado en la oferta de servicios como el transporte de familiares, la salud y la alimentación. Esto va generando un importante contingente de personas que se terminan convirtiendo en mano de obra de estas organizaciones".

La violencia sin límites, un mensaje

"Desde las grandes rebeliones de la década del 90 hubo muchas decapitaciones. Hay que entender el simbolismo de este tipo de acciones. La decapitación tiene un significado que va más allá de la muerte. La idea es destruir completamente al otro", dijo Adorno.

En Brasil, como en muchos otros países, hay creencias religiosas muy arraigadas, según las cuales el entierro de los muertos es un rito muy importante. Para que eso sea posible, el cuerpo del fallecido tiene que estar en buenas condiciones. Quitarle la cabeza y mutilarlo es como infligir una doble muerte.

"La violencia y la crueldad son marcas indelebles en la sociedad brasileña. Por eso, las decapitaciones y los descuartizamientos de los oponentes tienen la exacta función de mostrar fortaleza y poder. La violencia es un lenguaje que todos hablan, y abusar de ella es una señal de que los grupos no tienen límites éticos ni morales en la defensa de sus intereses y territorios. Es muy desalentador", concluyó De Lima.

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