Un político condenado en primera instancia a 12 años de prisión por usar los servicios de una red que mantenía niñas en cautiverio para explotarlas sexualmente asumió como diputado federal en Brasil para sustituir a un legislador que se licenció para desempeñarse en un cargo ejecutivo.
El ex concejal Nelson Nahim fue uno de los ocho políticos que asumieron este jueves mandados como miembros de la Cámara de Diputados para sustituir a legisladores elegidos en 2014 y que pidieron licencia para poder desempeñarse como alcaldes o secretarios municipales, informó la Cámara baja de Brasil.
Nahim, del Partido Social Democrático (PSD), sustituyó al diputado Indio da Costa, del mismo partido y que fue nombrado el lunes como secretario municipal de Urbanismo de Río de Janeiro.
La legislación brasileña prevé que los diputados que soliciten licencia sean sustituidos por sus correligionarios más votados en las últimas elecciones que no hayan garantizado directamente el mandato.
Sería una sustitución rutinaria si no fuera porque Nahim fue condenado en junio pasado a doce años de prisión por explotación sexual de menores por su vínculo con una organización que prostituía niñas en Campos de Goytacazes, ciudad del estado de Río de Janeiro.
El ex presidente del Concejo municipal de Campos de Goytacazes llegó a purgar cuatro meses de su condena, pero se benefició de un hábeas corpus que garantizó su libertad.
Como Nahim presentó un recurso contra la condena del juez de primera instancia, puede esperar en libertad a la decisión del tribunal al que apeló.
La llamada Ley de la Ficha Limpia, una iniciativa de origen popular destinada a impedir que políticos implicados en crímenes puedan asumir mandatos o ejercer cargos ejecutivos, tan sólo veta a quienes ya fueron condenados en segunda instancia.
El político es hermano del ex candidato presidencial y ex gobernador de Río de Janeiro Anthony Garotinho, que fue arrestado el año pasado por un caso de corrupción.
El caso por el que fueron condenadas 14 personas en Campos dos Goytacazes, conocido como el de las Niñas de Guarus por el nombre del distrito en que las menores eran retenidas, comenzó a ser investigado en 2009, cuando una niña escapó de una hacienda en la que era mantenida en cautiverio.
La menor denunció una red que obligaba a varios niños de entre ocho y 17 años de ambos sexos a prostituirse.
Los menores eran llevados en automóvil hasta moteles y residencias particulares en donde los esperaban los pederastas que pagaban por los servicios.
La denunciante afirmó que era obligada a tener hasta 30 relaciones sexuales por día y que tan sólo recibían comida y en algunas ocasiones parte del dinero pagado por los clientes.
Agregó que los menores eran mantenidos encerrados en una casa, vigilados por hombres armados y obligados a consumir drogas.
La jueza responsable condenó a 14 de los 20 acusados a penas que varían entre un año y seis meses hasta los 31 años de prisión por los delitos de asociación para delinquir, explotación sexual de menores, secuestro y violación de vulnerable.
Nahim ya había asumido en diciembre de 2015 como diputado suplente por la licencia de otro miembro de su partido, pero renunció al cargo un día después cuando trascendió que era investigado por explotación sexual de menores.
La presencia en el Congreso de un político con problemas en la Justicia no es inusual.
Según las últimas estadísticas recogidas por Congreso en Foco, un portal especializado en asuntos legislativos, 30 de los 81 senadores de Brasil, el 37% del total, y 148 de los 513 miembros de la Cámara de Diputados (28,8%) son investigados o ya enfrentan procesos en el Supremo Tribunal Federal (STF), la máxima corte de Brasil.
El STF es el único que puede procesar a los congresistas por su fuero privilegiado.
Según los datos de la organización no gubernamental Transparencia Brasil, 298 de los 513 diputados, es decir, el 58% del total, tienen cuentas pendientes en la Justicia, tanto en la máxima corte como en tribunales inferiores.
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