Luis Díaz Jr., de 74 años, y su hijo, Luis Javier Díaz, de 49, fueron arrestados este miércoles por la mañana en Doral, ciudad ubicada en el condado de Miami-Dade, acusados de haber lavado dinero con funcionarios del régimen venezolano de Nicolás Maduro.
Los hombres son propietarios de Miami Equipment & Export Co., una empresa exportadora de equipos de construcción en Florida, Estados Unidos.
La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York señaló que ambos transfirieron "ilegalmente" más de 100 millones de dólares a cuentas bancarias extranjeras, pertenecientes a funcionarios chavistas y otros, en nombre de un gran consorcio sin nombre de empresas de construcción venezolanas.
"Luis Díaz Jr. y Luis Javier Díaz presuntamente operaban en las sombras un banco fuera del sistema financiero normal para mover más de USD 100 millones a los Estados Unidos", declaró Preet Bharara, fiscal federal de Manhattan.
Los empresarios fueron denunciados ante una corte federal de Manhattan por "conspirar para cometer lavado de dinero y operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia".
Este caso está enmarcado en una serie de investigaciones del Departamento de Justicia norteamericano cuyo foco estuvo centrado en individuos vinculados al régimen de Maduro y sus responsabilidades en esquemas de sobornos y narcotráfico.
En 2012, Miami Equipment & Export Co recibió 4,36 millones de dólares del consorcio venezolano, de los cuales USD 1,45 millones fueron destinados a una empresa portuguesa controlada por un venezolano, con vínculos con funcionarios chavistas, consigna La Patilla.
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De los fondos restantes, cerca de 2,55 millones de dólares se destinaron a una compañía de las Islas Vírgenes Británicas controlada por ejecutivos del consorcio venezolano, mientras que los Díaz recibieron 87.218 dólares, según las investigaciones.
En ese mismo período, la empresa española que era controlada por el empresario con vínculos chavistas recibió al menos 17 millones de dólares, agregó la denuncia.
Otros 41,4 millones de dólares, por su parte, se transfirieron a tres compañías controladas por empleados de las constructoras venezolanas.
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