Venezuela está viviendo la peor crisis de su historia. Sin embargo, el régimen de Nicolás Maduro se da el lujo de dejar que se echasen a perder miles de kilos de medicamentos, pese a la preocupante falta de insumos.
En el Almacén de Medicamentos e Insumos Médicos Robotizado Jipana de los Valles del Tuy, a unos 40 kilómetros al suroeste de Caracas, fueron hallados 75 contenedores con remedios y equipos médicos vencidos, consigna Diario Las Américas.
Del cargamento encontrado, 49 de los contenedores ya no pueden ser utilizados, por lo que deben ser tirados a la basura o incinerados. Mientras que otros 19 podrían ser recuperados "con previo diagnóstico del Instituto Nacional de Higiene".
Entre los insumos encontrados, había cientos de cajas de Risperidona, un antidepresivo que no se encuentra en las farmacias venezolanas desde septiembre de 2014. También fueron halladas medicinas para combatir el cáncer, como el letrozol, la mitoxantona, la gemcitabina y el tamoxifeno, vencidos entre enero y diciembre de 2013.
¿Cómo pudo ocurrir esto en medio de la crisis? Muchos apuntan a hechos de corrupción.
"Se siguen comprando medicamentos cuya fecha está cerca de expirar, porque son más baratos; y se están almacenando sin cumplir con las condiciones para garantizar su conservación y por ello se pueden dañar. ¿Por qué? Porque nadie ha sido sancionado por lo que pasó en 2011, así como tampoco nadie fue sancionado por las 100 mil toneladas de alimentos importadas que se pudrieron en los puertos", denunció Carlos Berrizbeitia, diputado opositor y miembro de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional.
En su descargo hizo referencia al episodio ocurrido en 2011, cuando la Contraloría General de la República halló miles de medicamentos vencidos en unos almacenes del Sefar, en Caracas. En esa oportunidad, el Ministerio de Salud debió gastar más de medio millón de dólares para incinerar los 566.590 kilos de productos vencidos o dañados.
Rafael Uzcátegui, coordinador del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), señaló, por su parte, que esto se produjo "por la impunidad estructural".
"Aquí no hay castigo por las violaciones a los derechos humanos ni por los crímenes comunes", agregó.
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