El Congreso de Brasil votó el martes el congelamiento del gasto público durante 20 años, la primera de las medidas de austeridad promovidas por el presidente Michel Temer, que ya provocaron violentas protestas.
La policía bloqueó las principales arterias de Brasilia y procedía a registrar a personas en las inmediaciones del Congreso, antes de las manifestaciones convocadas por la tarde por organizaciones estudiantiles y la Central Única de Trabajadores (CUT), el mayor sindicato del país.
Las autoridades informaron de incidentes desde primeras horas de la mañana en varias ciudades, entre ellas San Pablo y Porto Alegre, con barricadas y cortes de calles importantes.
La sesión se llevaba a cabo después de divulgarse encuestas que confirman el fuerte desprestigio de la clase política y de los proyectos en marcha. Según los últimos elementos del sondeo Datafolha que empezó a publicarse el fin de semana, un 60% de los brasileños se opone a la enmienda del "techo de gastos" (un 24% la apoya) y un 58% estima que el Congreso es "malo" o "pésimo".
La reforma del "techo de gastos" implica que el presupuesto sólo podrá aumentar para compensar la inflación del año anterior.
Temer y su ministro de Finanzas, Henrique Meirelles, esperan neutralizar de ese modo el gigantesco déficit fiscal, previsto en 163.000 millones de reales (48.000 millones de dólares) en 2016, y empezar a recuperar la confianza de los mercados para sacar al país de su peor recesión en más de un siglo.
Sus críticos denuncian una medida que afectará las ya maltrechas áreas de salud y educación. Alegan además que el conservador Temer, que accedió a la presidencia tras el impeachment de Dilma Rousseff (PT, izquierda), no tiene la legitimidad de las urnas para llevar adelante sus reformas.
El relator de la ONU sobre cuestiones de pobreza extrema y derechos humanos, Philip Alson, afirmó la semana pasada que se trata de una reforma "desprovista de cualquier matiz y compasión", que "afectará con mucha más fuerza a los brasileños más pobres y vulnerables".
Esta votación es la última que falta para la aprobación definitiva de esta enmienda constitucional, que requiere dos aprobaciones por mayoría cualificada en la Cámara de Diputados y otras dos en el Senado. En la primera votación en la Cámara alta, el 29 de noviembre, contó con el respaldo de 61 de los 81 senadores.
De aprobarse, entrará en vigor esta misma semana.
La oposición presentó varios recursos para tratar de aplazar la votación, que fueron rechazados por la Corte Suprema.
La sesión está dirigida por el presidente del Senado, Renan Calheiros, que la semana pasada consiguió ser confirmado en el cargo por la Corte Suprema, pese a ser inculpado de malversación de fondos públicos y contra quien el lunes el fiscal general presentó por primera vez cargos en el marco del megaescándalo de Petrobras.
La enmienda del "techo de gastos" es apenas la primera del plan de ajustes de Temer. La siguiente –la reforma del sistema de jubilaciones– pretende establecer una edad uniforme de 65 años para el retiro de hombres y mujeres y un período de contribuciones de 49 años para gozar del 100% del beneficio.
Temer, bajo presión en todos los frentes
La votación de las reformas en el Congreso transcurre en el marco de nuevas revelaciones de la Operación Lava Jato sobre el caso Petrobras. En los últimos días, varios ministros y legisladores oficialistas y el propio Temer han sido mencionados por ex ejecutivos de la constructora Odebrecht como presuntos beneficiarios de sobornos.
El presidente negó tajantemente haber pedido en 2014 diez millones de reales (4,2 millones de dólares, al cambio promedio de ese año) para financiar campañas electorales de miembros de su partido, como alega uno de los delatores.
Las revelaciones debilitan aún más a Temer, que cuenta con apenas un 10% de opiniones favorables, y complican su objetivo declarado de entregar en país "saneado" a quien resulte elegido para sucederlo en 2018.
Un 63% de los brasileños, de acuerdo con Datafolha, desea que el mandatario renuncie antes de fin de año y que haya una elección presidencial directa.
Los malos datos se acumulan para el mandatario en todos los frentes, con un agravamiento de la recesión, que este año será de 3,5%, después de haber llegado a 3,8% en 2015, y proyecciones negativas sobre el desempleo, que afecta a casi 12 millones de brasileños (11,8% de la población activa).
Para tratar de recuperar la iniciativa, Temer y Meirelles prometen una "agenda positiva" de medidas microeconómicas, con vistas a incentivar la actividad.
Con información de AFP
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