Los fiscales que investigan la red de corrupción en Petrobras amenazaron el miércoles con renunciar y acusaron al Congreso de impulsar leyes para ahogar el caso, intensificando una guerra de poderes que tiene en vilo a la democracia brasileña.
La Cámara de Diputados aprobó en plena madrugada una iniciativa que permite acusar a jueces y fiscales de abuso de autoridad. Para los fiscales, ese proyecto representa "el comienzo del fin de Lava Jato" (lavadero de autos), como se conoce a la investigación que reveló una confabulación entre empresarios y partidos para financiar la política y acrecentar fortunas personales mediante subastas ilícitas de obras en la petrolera.
"Nuestra propuesta es la de renunciar colectivamente en caso de que esa propuesta sea sancionada por el presidente" Michel Temer, dijo el fiscal Carlos dos Santos Lima en una conferencia de prensa en Curitiba, estado donde se concentran las investigaciones.
Irónicamente, el proyecto de ley que obtuvo media sanción el miércoles surgió de una iniciativa de los propios fiscales y contó con el respaldo de más de dos millones de firmas.
Pero los legisladores alteraron drásticamente su contenido y agregaron una enmienda que permite acusar a procuradores y jueces de "abuso de autoridad".
Los fiscales consideraron que se trata de una "ley de intimidación", elaborada por un cuerpo que tiene entre sus miembros a decenas de sospechosos de corrupción y muchos de ellos bajo el foco de la "Operación Lava Jato". En ese sentido, el reconocido juez federal Sérgio Moro manifestó su "preocupación" y propuso que se añada un artículo que la interpretación de una ley no configure un crimen.
El abrumador respaldo al proyecto refleja la preocupación en la clase política por un acuerdo pendiente de delación premiada con Odebrecht, por el cual ejecutivos del mayor conglomerado constructor del país informarían sobre sobornos pagados a unos 200 políticos en los últimos años.
"El avance de propuestas como la ley de intimidación instaura una dictadura de la corrupción, un estado de tiranía en que el nuevo poder se ejerce fuera de los límites transferidos por el pueblo", declaró el jefe de los fiscales, Deltan Dallagnol.
Tras estas declaraciones y en una maniobra confusa, un grupo de senadores presentó la noche del miércoles un recurso para acelerar el trámite de la ley en la cámara alta y poder votarla de inmediato en el plenario, sin que fuera analizada por una comisión, pero la polémica propuesta fue rechazada.
"El Congreso jamás utilizará cualquier medida que sea reconocida por parte de la población como una venganza o retaliación en respuesta a las acciones de combate a la corrupción", argumentó el senador Ronaldo Caiado al defender que la ley se tramite con los plazos normales.
La presidenta del Supremo Tribunal Federal (STF), Carmen Lucia, y el procurador de la República, Rodrigo Janot, se sumaron al reclamo de lo que ya es una batalla pública entre poderes. "Me quedé estupefacto (con la votación), en el sentido de que la Cámara no ha tenido la sensibilidad del momento histórico del país", expresó Janot a Folha do Sao Paulo, aunque consideró que la reacción de los fiscales podría haber sido una medida "de cabeza caliente".
En tanto, para Thiago Bottino, profesor de derecho penal de la privada Fundación Getulio Vargas, la renuncia de los fiscales "es una amenaza difícil de ser cumplida. El ministerio público es una institución independiente de la persona (…). Esta reacción emocional no es la mejor forma de convencer a los diputados de que la ley no debería ser aprobada".
El enfrentamiento tiene un nuevo capítulo este jueves cuando el STF decida si acepta una denuncia contra el presidente del Senado, Renan Calheiros, que promueve varias iniciativas para regular la acción del Poder Judicial.
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Con información de AFP
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