El ajuste fiscal con el que el presidente de Brasil Michel Temer pretende sacar al país de la crisis logró su primera victoria este lunes, cuando los diputados votaron por amplia mayoría a favor de un proyecto que congela el gasto público durante los próximos 20 años.
Por 366 votos a favor, 111 en contra y dos abstenciones, la medida con la que el Gobierno se propone empezar a ordenar las cuentas públicas y retomar el crecimiento superó holgadamente la primera de las cuatro votaciones -dos en la Cámara de Diputados y dos en el Senado- a las que debe ser sometida para salir del papel.
Esta propuesta de enmienda constitucional sobre "el techo de gastos" (o PEC 241, por su número de expediente) busca limitar el aumento del gasto público al mero índice de la inflación del año anterior, como forma de reducir el déficit público y recuperar la confianza de los mercados.
Según sus críticos, afectará negativamente a las ya maltrechas áreas de salud y educación.
Temer trata de hacer avanzar con marcha forzada sus planes de austeridad, con la intención de concluir su tramitación antes de las presidenciales de 2018
El Gobierno celebró la votación como una clara señal de que cuenta con el apoyo necesario en el Parlamento para aprobar ésta y otras reformas que considera vitales para colocar a Brasil nuevamente en la ruta del crecimiento, después de dos años de recesión.
Desde que fue confirmado en el poder a fines de agosto -tras la destitución de la presidente de izquierda Dilma Rousseff-, Temer trata de hacer avanzar con marcha forzada sus planes de austeridad, con la intención de concluir su tramitación antes de las presidenciales de 2018.
El PEC 241 debería ser seguido por otras reformas de alta volatilidad política y social, empezando por la del régimen de jubilaciones.
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El gigante sudamericano atraviesa su peor recesión económica en más de un siglo, que provocó una contracción del PIB del 3,8% en 2015 y un desempleo que afecta a 12 millones de brasileños.
El FMI estima que Brasil deberá cerrar este año con su economía en una marcada retracción de 3,3% con relación al año anterior, aunque iniciaría una tímida recuperación en 2017, con un avance del 0,5 por ciento.
El país enfrenta, al mismo tiempo, la recesión, la crisis política y los escándalos de corrupción, centrados en el gigantesco esquema de sobornos de Petrobras.
El Gobierno asegura que la reforma no quitará recursos de las áreas de educación y salud, ya que no establece un techo específico para dichos gastos, que tienen un mínimo garantizado y podrán aumentar por encima de ese valor siempre y cuando se quiten recursos de otras áreas, para no superar el límite global de los gastos.
Los detractores del proyecto aseguran que en la práctica el margen para aumentar el gasto en salud y educación será muy pequeño, y que esto llevará a una degradación en los próximos años de los sistemas públicos de seguridad social, de los cuales depende la población más vulnerable.
Con pancartas que rezaban "PEC de la muerte" o "PEC de la maldad", diputados de izquierda protestaron en el plenario e intentaron obstruir la votación, sin éxito.
Con información de AFP.
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