La ONU manifestó este jueves su preocupación por el robo de un expediente judicial, ocurrido el 28 de septiembre, del asesinato de la ambientalista hondureña Berta Cáceres, después de que unos desconocidos asaltaran a la jueza encargada del caso, que llevaba el dossier en su coche.
"El robo del expediente original del caso de Berta Cáceres es muestra de la vulnerabilidad del sistema judicial hondureño", declaró Michel Frost, experto independiente de Naciones Unidas.
“El robo del expediente original del caso de Berta Cáceres es muestra de la vulnerabilidad del sistema judicial hondureño”.
El caso "da cuenta (…) del problema de fondo que perpetúa la impunidad en Honduras: la incapacidad o falta de voluntad de las autoridades hondureñas para investigar y sancionar violaciones graves a los derechos humanos", denunció Frost.
La fiscalía de Honduras anunció que el pasado miércoles 28 de septiembre la magistrada de la Corte de Apelaciones Penal, María Luisa Ramos, "quien llevaba consigo el expediente del asesinato en perjuicio de la ambientalista Berta Cáceres", había sido asaltada en su coche.
"Las autoridades hondureñas deben investigar de manera prioritaria el robo del expediente y las condiciones en las que sucedió, así como tomar medidas adecuadas y eficaces para evitar la repetición de tales hechos", señaló Frost, y que todo el proceso se haga de forma "transparente".
Además, Frost instó a Honduras a "aceptar la creación de la comisión independiente de expertos propuesta por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para cooperar en la investigación del asesinato de Berta Cáceres".
Cáceres, quien era coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), fue asesinada el 2 de marzo por pistoleros que entraron a su casa en la comunidad de La Esperanza (oeste).
La activista contaba con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), luego de denunciar que personal de la empresa Desarrollos Eléctricos S.A. (DESA) la amenazó de muerte por manifestarse con indígenas contra la construcción de una represa hidroeléctrica en el río Gualcarque.
Seis personas están presas por el crimen, entre ellas un empleado de DESA, pero los familiares de la ambientalista y COPINH exigen investigar a los autores intelectuales del asesinato.
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