#25A Duelo de marchas en Ecuador: opositores y partidarios de Rafael Correa salen a las calles

Opositores y partidarios del Presidente ecuatoriano Rafael Correa planean salir a las calles de Quito hoy, en lo que podría ser un termómetro del desgaste del gobierno, de la capacidad de convocatoria de cada uno de los grupos y del clima de conflictividad social previo al proceso electoral para elegir en febrero del próximo año al sucesor de Correa.

La marcha del denominado 25A fue convocada por el Colectivo Unitario Nacional de Trabajadores, Indígenas y Organizaciones Sociales, para protestar contra una serie de políticas del gobierno de Correa al que califican de "totalitario y represivo", y por la crisis que afecta al país, golpeado desde el año pasado por la caída de los precios del petróleo y la revalorización del dólar estadounidense, moneda que utiliza Ecuador desde el año 2000.

Paralelamente a la marcha convocada para protestar contra las políticas de Correa, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), un grupo afín al gobierno, también ha convocado a sus partidarios a concentrarse en el centro histórico de Quito, en la Plaza Grande, donde se ubica el Palacio Presidencial, pero para apoyar a Correa, argumentando que las marchas de la oposición buscan desestabilizar la democracia y reinstalar políticas neoliberales, según dijo el presidente del gremio, Oswaldo Chica.

Durante el gobierno de Correa ha sido tradicional que simultáneamente a marchas de protesta salgan otras marchas en apoyo al mandatario, para lo cual se han creado organizaciones paralelas a las tradicionales de maestros, sindicalistas y otros grupos.

Las marchas contra Correa tienen hoy un ingrediente adicional: la disolución de la Unión Nacional de Educadores (UNE), el mayor sindicato de profesores de Ecuador, con vida jurídica desde hace 66 años. La UNE fue disuelta la semana pasada con el argumento de que no presentó la documentación completa cuando eligió a una nueva directiva, lo cual es negado por gremio.

Esa decisión gubernamental ha levantado nuevamente en el país andino las voces de protesta sobre lo que es considerado como restricción a la libertad de asociación, en retaliación a una participación del gremio en las últimas reuniones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en junio pasado.

En dichas reuniones, organizaciones de la sociedad civil ecuatoriana, entre ellas la UNE, presentaron informes sobre supuestas violaciones a derechos fundamentales en Ecuador durante el período de Correa, incluidas violaciones a la libertad sindical, despidos masivos, violación al derecho de huelga, entre otros.

"Desde 2007 (cuando Correa asumió el Gobierno) se estableció un modelo institucional regresivo para intentar impedir cuestionamientos que se puedan hacer al gobierno", dijo Luis Verdesoto, de la denominada Plataforma para la Defensa de los Derechos Humanos y la Democracia, una asociación de organizaciones de la Sociedad Civil, que recolecta materiales para la elaboración de informes sistemáticos sobre la situación de la democracia y los derechos humanos en Ecuador.

"La disolución de la UNE es uno de los casos en los que a través de prácticas solapadas, pero muy eficientes en sus resultados, se afecta la libertad de asociación", añadió Verdesoto.

César Ricaurte, director de la ONG Fundamedios, mientras tanto, calificó a la disolución de la UNE como "un asesinato jurídico que viola los derechos de esta organización".

En protestas similares realizadas el año pasado, el Colectivo Unitario Nacional de Trabajadores, Indígenas y Organizaciones Sociales logró importantes convocatorias, reflejo del descontento creciente de los ecuatorianos con las políticas de Correa, que forma parte del eje de presidentes "bolivarianos", y en esta nueva jornada de protestas el colectivo espera iguales resultados.

"Esta es la oportunidad de decirle a este gobierno: basta de atropellos, basta de violaciones a los derechos laborales. El Ecuador quiere vivir en paz", dijo Wilson Alvarez, presidente de la Federación de Trabajadores Municipales.

Paradójicamente, pese a que el desgaste del gobierno de Correa es evidente, las marchas de protesta en su contra podrían tener una carta en contra: el proceso electoral, pues pese a que las elecciones serán en febrero próximo, ya las diferentes agrupaciones políticas y sociales están enfocadas en ellas y medirán los resultados que derivarían de una participación en las protestas.

"Nosotros no cruzamos lo electoral con nuestras luchas sociales", dice el dirigente sindical Mesías Tatamuez, pero analistas políticos locales creen que las marchas podrían ser aprovechadas por quienes ya están preparándose para las elecciones.

"La experiencia ha demostrado que en períodos electorales las demandas sociales pierden terreno frente a los cálculos políticos, y que la contienda política se sobrepone a la lucha social", dijo la socióloga Natalia Sierra.

Desde el 2012, Correa ha enfrentado casi una decena de marchas en contra de sus políticas, de quienes en el pasado fueron sus aliados y ahora son sus grandes críticos y opositores, entre ellos la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).

Según las últimas encuestas de Cedatos-Gallup Internacional, el índice de aprobación de la gestión del Presidente Rafael Correa en junio pasado se ubicó en 39%, una drástica caída frente al 68% que tenía en el 2007, al inicio de su gobierno, pero un índice aún alto e histórico en el país dados los más de 9 años de permanencia al frente del Gobierno.