El Gobierno pidió –a través de uno de sus ministros- que el Estado nacional sea designado depositario judicial de una serie de bienes que recientemente le fueron embargados a Lázaro Báez, en el marco de la investigación por la denominada "ruta del dinero K".
El objeto es emplear la maquinaria pesada en las tareas destinadas al apoyo a la comunidad que llevan adelante las Fuerzas Armadas en situaciones de catástrofes naturales o de emergencias en todo el territorio nacional.
A través de un comunicado oficial, el ministerio de Defensa agregó que el material requerido "contribuirá también al desarrollo de las obras emprendidas en el Plan Belgrano", que apunta a "mejorar la infraestructura en la región norte de la Argentina".
El gobierno nacional busca también –según el texto enviado por Defensa- "evitar la degradación de la maquinaria y mantenerla operativa y en valor", ante la eventualidad de que los empresarios Báez resultaran absueltos.
La presentación judicial fue realizada ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 7 que conduce el juez Sebastián Casanello, quien lleva adelante la causa que enfrentan Báez padre e hijo por presunto lavado de dinero, en el marco de la cual se les trabó un embargo de cien millones de pesos a cada uno.
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