Miles de chicos no tendrán clases por otro paro docente en la Provincia

Los docentes de Suteba llamaron a una nueva huelga para este martes y miles de chicos no tendrán clases en la Provincia de Buenos Aires. La medida de fuerza fue adoptada en rechazo de la ley de emergencia administrativa, sancionada la semana pasada por la Legislatura bonaerense e impulsada desde el Ejecutivo provincial, y como protesta ante el veto a la normativa antidespidos que llevó a cabo el presidente Mauricio Macri.

En un comunicado, los docentes anunciaron que "el paro provincial de este martes convocado por la CTA Provincia de Buenos Aires es en defensa del salario y la fuente laboral, por la plena vigencia de las paritarias, contra las leyes de ajuste y por un Estado al servicio de las mayorías bonaerenses".

"No tiene justificación, ninguno de ellos se ve afectado en su estabilidad laboral. Advierto que el día de paro va a ser descontado", indicó la gobernadora Vidal.

El gremio que dirige Roberto Baradel pidió "por la convocatoria a la Comisión Técnica Salarial docente, continuidad de las Paritarias Estatales de la 10.430, de los judiciales y profesionales de la salud, por una reforma Tributaria que grave a los que más tienen y la vigencia del boleto estudiantil".

El paro se enmarca en las protestas que sacudieron a la capital bonaerense durante la semana pasada, luego de que la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires aprobó la Ley de Emergencia Admnistrativa y Tecnológica que, además, crea un nuevo sistema de contratación de personal. Fue aprobada con los votos de los bloques Cambiemos, Frente Renovador y el Frente Amplio Progresista, y rechazada por el Frente para la Victoria.

La sanción se dio mientras miles de empleados públicos, docentes, médicos, estudiantes, policías, trabajadores judiciales, de minoridad, de Astilleros Río Santiago y del Banco Provincia, manifestaban frente a la Casa de Gobierno y la Legislatura bonaerense, en La Plata, para repudiar la iniciativa.

Desde el gobierno de María Eugenia Vidal, aseguran que el proyecto, aprobado antes en el Senado, busca agilizar y transparentar los procesos de licitación en la provisión de bienes y servicios. Para ello, durante la vigencia de la emergencia de un año se reducirán los plazos de las licitaciones públicas para la adquisición de bienes y servicios de las diferentes áreas del Estado provincial.

Sin embargo, la polémica se instala en los artículos 25 y 26 de la Ley, que crean un nuevo régimen de contratación de la administración pública y a lo que denomina "Personal de Gabinete".