El 22 de febrero de 2012 el tren chapa 16 de la línea Sarmiento corría por la vía de Moreno a Once. La formación, que estaba conformada por ocho vagones, circulaba sin un compresor –necesario para darle aire al sistema de frenos- y con otro en estado inoperante. Venía con "freno largo", es decir, que necesitaba mayor distancia para frenar. La cabina del conductor no tenía un velocímetro, por lo que el "motorman" tenía que calcular "a ojo" la velocidad que traía para aplicar el freno.
La formación conducida por Marcos Antonio Córdoba salió de la estación Caballito a las 8 y 23 con destino a la estación de Once, a la que llegó a las 8 y 28. En ese trayecto el tren venía a una velocidad de 72 kilómetros por hora. Al ingresar a la estación de Once, cuando se encontraba a 300 metros del paragolpe, la marcha de la formación bajó a 20 km por hora y a esa velocidad –a las 8 y media- impactó contra el parachoque de la estación, que no tenía su sistema hidráulico en funcionamiento. Murieron 51 personas y 789 resultaron heridas. Según afirma el juez federal Claudio BonadIo en el auto de procesamiento del entonces ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, su inacción, en función del rol que desempeñaba, posibilitó que se produjeran las circunstancias que derivaron en la tragedia.
La abundante prueba colectada en la causa permitió determinar el pésimo estado de mantenimiento de los trenes y la deficiente actividad de control por parte del Estado Nacional.
Bonadio menciona un informe de la CNRT del año 2009 a modo de ejemplo de la tolerancia que tuvo el Estado Nacional con el mal funcionamiento del servicio. El trabajo señala que se pudo comprobar la existencia de coches que circulaban con las puertas abiertas, personal de conducción en servicio sin certificado habilitante, a lo que se suma la falta de funcionamiento de los velocímetros. Entre otras irregularidades, destaca que "pudo observarse que el personal carece en muchos casos de las banderas reglamentarias –que suple con remeras de los colores correspondientes atadas a un palo–, linterna tricolor o faroles de mano, medios de comunicación con control de trenes y la existencia de botellas de color verde recortadas con una lámpara en su interior, que reemplazan a las señales fijas que utilizan los trenes en horario nocturno".
La Auditoría General de la Nación venía advirtiendo también sobre las falencias en la prestación del servicio. En un informe de 2006 ya había alertado que "en promedio, cerca de cuatro equipos por día en el ramal Once-Moreno cuentan con fallas, lo que genera demoras y cancelaciones, lo cual no es más que la consecuencia de la notoria falta de mantenimiento (...) Asimismo se destaca que el depósito no cuenta con los repuestos necesarios que las tareas de mantenimiento requieren, generalizando la costumbre de anular lo que se rompe o quema, en lugar de repararlo, y reemplazar las piezas con desgaste al límite o deterioradas por otras sacadas a coches detenidos...".
Leandro Despouy, presidente de la Auditoría General de la Nación al momento de los hechos investigados, al prestar declaración testimonial en el marco del debate llevado a cabo en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 2, manifestó en relación a las autoridades del Estado Nacional "...las máximas autoridades, no custodiaron, no aplicaron las normas que tendrían que haber aplicado de acuerdo a la normativa existente y a lo que es el comportamiento de las autoridades. Y creo que sobre todo lo que muestran los informes es la pasividad con que las autoridades no aplicaban ningún tipo de sanciones".
En su escrito –de 178 carillas– el juez Bonadio cita el testimonio brindado por Marcelo Simón Lescano quien se desempeña como conductor desde 2009. Con relación a la velocidad en que suele ingresar a la estación Once, Lescano manifestó: "...entre 15 y 20 kilómetros hora. Quiero aclarar que la velocidad se saca a ojo pues no se cuenta con velocímetro en las formaciones, salvo en algunas nuevas".
Al referirse a la situación de De Vido, el juez Bonadio da una serie de argumentos que permiten verificar que el ex ministro de Planificación no podía desconocer las falencias con las que se prestaba el servicio.
El magistrado sostiene que el sistema instaurado por De Vido generó que "nunca se haya tomado ninguna medida tendiente a optimizar la prestación del servicio –en forma previa a la tragedia de Once–, generando que las formaciones de la línea Sarmiento continúen circulando en forma deficiente a pesar de los montos entregados por el Estado Nacional en concepto de subsidios".