Mauricio Macri se lo tomó en serio. Pidió ir a fondo, aunque en el medio se abrieran una serie de interrogantes vinculados con las elecciones del próximo año, cruciales para la suerte de la segunda etapa de la administracion macrista. Según confiaron a Infobae fuentes oficiales, el Gobierno presentará en las próximas semanas el proyecto de reforma electoral y política, que contempla la implementación de la boleta única electrónica, la unificación del calendario electoral, la obligatoriedad del debate presidencial y el marco legal para avanzar hacia transiciones ordenadas.
"La idea es transparentar y agilizar todos los procesos", aseguró uno de los funcionarios que desde hace meses trabaja en el proyecto de ley que ya está casi listo. La idea de la Casa Rosada es presentar la reforma a mediados de mayo, tras la casi segura sanción del proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública, que ya tiene dictamen de ambas cámaras y que podría transformarse en ley en los primeros días del próximo mes.
Luego de las discusiones con los diferentes espacios políticos y con los gobernadores –en Casa Rosada todavía desconocen cuál será la postura del Frente Para la Victoria-, el sector más político del macrismo comenzó a debatir puertas adentro la conveniencia de instaurar el sistema de boleta única electrónica en la provincia de Buenos Aires. Sin alternativa por la vehemencia de Macri, la gobernadora María Eugenia Vidal y su mesa chica refrendó en los últimos días que, efectivamente, también darán curso al sistema de voto electrónico en el principal distrito electoral del país, que hace años reglamentó dicho mecanismo a través de la Legislatura provincial pero que nunca lo puso en práctica.
Es que, según el Gobierno, "la boleta única electrónica favorece a los dirigentes con buena imagen y poco aparato, que carecen de fiscalización", dos cualidades que le caben a Sergio Massa, el líder del Frente Renovador cuya eventual performance electoral del próximo año empieza a preocupar al macrismo.
Por ahora, la relación del Gobierno con el ex intendente de Tigre, que en el 2017 renueva su banca, es ambivalente y de mutua conveniencia. Si hasta el momento hizo equilibrio entre sus posturas oficialista y opositora, el año entrante Massa deberá perfeccionar la segunda faceta de cara al cronograma electoral. El impulso a la boleta electrónica es un enorme incentivo para ese perfeccionamiento: como el resto, pero con menos aparato, el líder opositor ahorrará millones de pesos en boletas, fiscales y logística. La suerte del Gobierno en las elecciones de medio término dependerán no sólo del ex intendente, sino de la dispersión peronista, pero especialmente de la coyuntura económica y de la gestión de Vidal, la dirigente con mejor imagen.
Para cubrir el total de electores, necesitan 120.000 máquinas que costarían 15 mil millones de pesos
Según los funcionarios involucrados en el proyecto de ley que Macri anunciará en las próximas semanas, el padrón nacional necesita de unas 120.000 máquinas para cubrir el total de electores y el costo, todavía prematuro, que le demandaría al Estado sería de entre 10 mil y 15 mil millones de pesos, aunque se descuenta que el año próximo será difícil votar con ese sistema en todo el país. Mendoza, Córdoba, Buenos Aires y Tucumán, además de Salta y de la ciudad de Buenos Aires –que ya implementaron el sistema a través de la firma MSA, de los Angelini-, darían el puntapié inicial. Lo de Juan Luis Manzur es sorprendente: ya se encargó de ventilar que quiere limpiar su nombre y archivar la boleta en papel tras las turbulentas elecciones del año pasado.
A contrarreloj, el secretario de Asuntos Políticos, Adrián Pérez, y el subsecretario de Asuntos Electorales, Ezequiel Fernández Langan, trabajan en el borrador gubernamental para satisfacer el pedido presidencial. Todavía discuten con los referentes de los partidos políticos algunos detalles menores, como la sanción a aquellos candidatos que se nieguen al debate presidencial. El último exponente fue Daniel Scioli, que en la campaña pasada dejo el atril vacío.
Para evitar confrontaciones, la Casa Rosada pateó hacia el 2019 la conformación de un nuevo órgano electoral: la Justicia prefiere seguir con la Dirección Nacional Electoral, el ente que asiste administrativamente al proceso eleccionario. El proyecto de ley sí contempla, sin embargo, la provisión de capacitación informática para agilizar el sistema de votación, como la implementación de un "protocolo de acción" para el día del escrutinio.
La Casa Rosada omitirá por ahora la discusión en torno al financiamiento de las campañas
Lo que la Casa Rosada sí omitirá por ahora es la discusión en torno al financiamiento, el punto más oscuro de las campañas electorales, enfrascadas en normativas ficticias que solo incentivan la circulación de dinero negro. El año pasado, los partidos hicieron malabares para justificar las donaciones.
En España, por ejemplo, sumido en un limbo político, se abrió una interesante discusión para acortar, ordenar y abaratar la financiación de los partidos políticos. Todavía golpean los coletazos del denominado "caso Gürtel", que desnudó el financiamiento ilegal del Partido Popular valenciano entre el 2007 y el 2008.
La idea argentina no sería precisamente la de abaratar sino la de sincerar. En las próximas semanas, el juez Ariel Lijo podría procesar a los ex apoderados del Frente Para la Victoria y a un grupo de aportantes por supuesto lavado de dinero en el marco de la recaudación de la campaña del 2007, según fuentes vinculadas al expediente. En el macrismo están preocupados por la financiación del año entrante. En las últimas elecciones, el círculo íntimo del Presidente fue clave en la recaudación de fondos. Ahora, la lupa está mucho más cerca de ellos.