"Cuba es un estado autoritario dirigido por Raúl Castro, quien es presidente del Consejo de Estado y el Consejo de Ministros, primer secretario del Partido Comunista (PC) y el comandante en jefe de las fuerzas de seguridad. La Constitución reconoce al PC como el único partido y el partido del Estado", explica en su primer párrafo el informe sobre derechos humanos en Cuba durante 2015. Para que no queden dudas, aun después del deshielo y de la histórica visita de Obama a la isla, EEUU sigue considerando al régimen de Cuba "autoritario".
Según el reporte, las principales violaciones de los derechos humanos incluyen la limitación de la capacidad de los ciudadanos para elegir su gobierno; el uso de las amenazas del gobierno, asalto físico, intimidación y contraprotestas violentas organizadas por el gobierno contra la disidencia pacífica; y el acoso y detenciones para evitar la expresión y las reuniones pacíficas.
"Cuba es un Estado autoritario"
El informe incluye "abusos adicionales": duras condiciones de reclusión, detenciones arbitrarias, las arrestos políticamente motivados, la negación de un juicio justo y las restricciones de viaje. "Las autoridades interfirieron con la privacidad mediante la participación en la vigilancia generalizada de las comunicaciones privadas", asegura el documento. Además, agrega que el gobierno no respeta la libertad de prensa y expresión, hay acceso a internet restringido, mantiene el monopolio de los medios de comunicación y mantiene algunas restricciones contra los grupos religiosos.
"El gobierno se negó a reconocer a los grupos independientes de derechos humanos y no les permitió funcionar legalmente", enumera. Además, afirma, el régimen continuó durante todo 2015 evitando la formación de sindicatos independientes. "Los abusos son generalizados", sentenció.
Otra de las violaciones que remarca el trabajo es el escaso acceso libre a internet: "El gobierno ha restringido o interrumpido el acceso a internet y censurado algunos contenidos en línea, y hubo informes creíbles. El gobierno controla todos los accesos a internet, a excepción de las instalaciones limitadas proporcionadas por unas pocas misiones diplomáticas y un pequeño pero creciente mercado negro".
La realidad venezolana también estuvo bajo la lupa estadounidense este 2015. Según el documento, si bien el país es formalmente una democracia multipartidaria, "en las últimas décadas el poder político está concentrado en una sola fuerza".
El trabajo explica que el chavismo "ejerce el poder con autoritarismo creciente, con gran control del poder legislativo, judicial y ciudadano. Y este accionar incluye el interferencia del gobierno y el uso del Estado para el servicio del partido".
Remarca, además, que los organismos electorales responden al oficialismo aunque, afirma, está vez sí se respetaron los resultados electorales del último 6 de diciembre, comicios en los que la oposición derrotó al partido de gobierno en las elecciones legislativas.
El informe identifica como uno de los principales abusos de derechos humanos reportados durante 2015 al "uso del poder judicial para intimidar y perseguir selectivamente críticos del gobierno; la acción policial indiscriminada contra civiles que conduce a detenciones arbitrarias generalizadas y privación ilegal de la vida; y las acciones del gobierno para evitar la libertad de expresión y la libertad de la prensa".
Además, afirma que el gobierno detuvo y encarceló a figuras de la oposición y no respetó la independencia judicial para que los jueces pudieran actuar de acuerdo con la ley sin temor a represalias. "El gobierno bloqueó los medios de comunicación y acosó e intimidó a los canales privados de televisión, otros medios de comunicación y a periodistas, utilizando amenazas, multas, confiscaciones de bienes, detenciones, investigaciones criminales, y procesamientos", enumera el trabajo.
Además, EEUU recopiló información fehaciente sobre ejecuciones extrajudiciales realizadas por la policía y las fuerzas de seguridad; tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes; duras condiciones de reclusión que amenazan la vida. Para los analistas, este accionar contribuyó a "la violencia generalizada, los disturbios, las lesiones y muertes en las cárceles". Además, remarca "la corrupción y la impunidad en la policía".
Es más, el estudio recopila casos concretos de falta de respeto del gobierno a la libertad de reunión; falta de protección para los migrantes colombianos; corrupción en todos los niveles de gobierno; amenazas contra organizaciones no gubernamentales nacionales; violencia contra la mujer; declaraciones antisemitas efectuadas por oficiales de gobierno de alto nivel; trata de personas; violencia basada en la orientación sexual y la identidad de género; y restricciones del derecho de asociación de los trabajadores.
Sobre la libertad de acceso a internet, el documento confirma el bloqueo sistemático de sitios webs, entre ellos Infobae, ya que son en total 1.008 portales los que fueron censurados durante el año por Conatel, el organismo de control chavista.
LEA MÁS:
Argentina
Lapidario informe sobre los derechos humanos en el último año del gobierno de Cristina Kirchner.
El informe anual del Departamento de Estado de los EEUU cuestionó la reforma judicial y las presiones a jueces; mencionó el caso Hotesur, que salpica a la ex familia presidencial, y alertó sobre abusos en materia de libertad de expresión: mencionó los casos de Lanata, Longobardi y Damián Pachter.
A diferencia de Cuba o Venezuela, el informe no observa anomalías en los procesos electorales mexicanos pero sí identifica claras violaciones a los derechos humanos.
Según el reporte, el principal problema radica en que en los abusos graves están implicadas las fuerzas militares, que participan en homicidios, torturas y desapariciones. "La impunidad y la corrupción en el sistema de aplicación de la ley y la justicia siguen siendo problemas graves", afirma el texto.
"En los abusos graves están implicadas las fuerzas militares"
Además, enumera la proliferación de grupos criminales organizados que "asesinan, secuestran, intimidan a los ciudadanos, migrantes, periodistas y defensores de los derechos humanos".
El documento afirma que persisten problemas de años anteriores, como las malas condiciones de reclusión; detenciones arbitrarias; amenazas y violencia contra los defensores de derechos humanos y periodistas; amenazas y violencia contra los migrantes; violencia contra la mujer; abuso de las personas con discapacidad; amenazas y violencia contra algunos miembros de la población indígena; amenazas contra lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI); trata de personas; trabajo infantil, incluido el trabajo forzoso de los niños.
"La impunidad de los abusos contra los derechos humanos sigue siendo un problema en todo el país, con tasas extremadamente bajas de procesamiento para todas las formas de delincuencia", grafica el informe.
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