De México a Argentina, el mapa de los involucrados en los Panamá Papers

La filtración de más de once millones de documentos por parte del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) salpicó a 140 políticos de todo el mundo. Entre ellos, 74 líderes o mandatarios, y el resto son funcionarios, familiares o socios comerciales de ellos.

En América Latina quedaron involucradas figuras como el presidente de la Argentina Mauricio Macri, y sus antecesores Néstor y Cristina Kirchner. También está implicado el jefe de Estado mexicano Enrique Peña Nieto y el ex alcalde de Bogotá, Gustavo Petro.

En Brasil, sacudido por el escándalo de corrupción en la petrolera estatal Petrobras, se destaca la presencia en los informes de la ICIJ del presidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha y el ex parlamentario João José Pereira de Lyra.

A continuación, país por país los funcionarios latinoamericanos involucrados en el escándalo Panamá Papers.

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Según los documentos, Mauricio Macri estuvo al frente de Fleg Trading Ltd. junto con su padre Franco y su hermano Mariano desde 1998. Estuvo registrada en las Islas Bahamas hasta 2009, cuando el mandatario era jefe de Gobierno porteño. Pero como Macri no fue accionista, el presidente no lo informó en su declaración jurada.

La extensa investigación también salpica a los ex presidentes argentinos Néstor y Cristina Kirchner, por la aparición en los documentos de Daniel Muñoz, quien fue secretario privado de Néstor durante toda su presidencia y luego en los primeros dos años del mandato de Cristina.

Tanto Muñoz como su esposa estuvieron vinculados a una empresa llamada Gold Black Limited, que se creó en las Islas Vírgenes en 2010 para invertir en el mercado inmobiliario de los Estados Unidos. Desde su creación hasta 2015, se manejó con acciones al portador, un método financiero utilizado para ocultar la identidad del propietario de la empresa.

João José Pereira de Lyra, miembro de la Cámara de Diputados en dos períodos (2003-2007; 2011-2015), y senador desde 1989 hasta 1991, no dio a conocer su empresa offshore y su cuenta bancaria en Suiza.

En 2009, recibió un poder notarial de la compañía Refili Trading Corp., constituida en enero de 2009 y que se mantuvo activa en marzo de 2016.

La empresa utilizaba acciones al portador, un instrumento financiero que utilizan propietarios de compañías para esconderse.

Refili Trading Corp. abrió una cuenta en el banco suizo Pictet, con Lyra como la única firma autorizada.

El funcionario brasileño, uno de los miembros del Parlamento más ricos con un capital estimado en 140 millones de dólares, no reveló la existencia de esta compañía ni la cuenta bancaria en su declaración de bienes de 2010 y 2014 al presentarse como candidato a la Cámara de Diputados.

Según la fiscalía general de Brasil, Idalécio de Castro Rodrigues de Oliveira es un ejecutivo de una empresa portuguesa que suministra dinero que se paga como un presunto soborno a Eduardo Cunha, presidente de la Cámara de Diputados.

Cunha actualmente se encuentra bajo investigación en el marco del escándalo de Petrobras.

De Oliveira es el primer ejecutivo del Grupo Lusitania, que compró licencias de petróleo en África Occidental en 2011 y entró en una asociación con Petrobras.

En 2002, Alfredo Ovalle Rodríguez y Raimundo Langlois Vicuña, directores del grupo chileno Minera Las Cenizas, recibieron un poder para la representación de Sierra Leona S.A., una compañía panameña creada en 1987.

De acuerdo con los documentos divulgados por ICIJ, utilizaron Sierra Leona S.A. para invertir en los sectores de la minería y la distribución de alimentos en Chile; para recibir los dividendos de sus inversiones; y para abrir cuentas bancarias, incluyendo cuentas en Terrabank en Miami, HSBC Bank en Panamá, el Banco American Express, Credit Suisse, Multibank y Banco General.

Sólo Credicorp Bank declinó abrir una cuenta bancaria, en 2013, después de que se supo que Ovalle era el propietario.

Carlos Gutiérrez Robayo, concuñado del ex alcalde de Bogotá Gustavo Petro, creó entre 2007 y 2014 una red de 12 compañías offshore en Panamá y las Islas Virgenes, manejada por su firma Trenaco Colombia. El empresario, señalado por la prensa local por supuestamente beneficiarse de contratos con la capital colombiana, fue investigado por tráfico de influencias, pero la acusación no prosperó. La red creada tenía actividad en Panamá, Colombia, el Reino Unido y Suiza, en áreas de biotecnología, ganado y operaciones inmobiliarias.

El estudio de abogados Mossack Fonseca renunció a las compañías de Gutiérrez por considerarlo una persona políticamente expuesta, por lo que el empresario decidió contratar otra firma panameña para mantener su red offshore en funcionamiento. Antes de ello, entre 2010 y 2011, Gutiérrez Robayo y su esposa abrieron una cuenta en un banco suizo. Gutiérrez fue contactado por el ICIJ y respondió que no ha hecho ningún crimen, y negó haber realizado negocios con Gustavo Petro. Además, resaltó que poseer compañías en otra jurisdicción no es ilegal.

También aparece Hollman Carranza, citado en un correo electrónico de la firma como "uno de los hijos del empresario de esmeraldas más reconocidos de Colombia", en referencia a Víctor Carranza. El multimillonario, quien poseyó las esmeraldas más valiosas del mundo, murió en 2013 y dejó una herencia muy disputada entre sus nueve hijos. Según Univision, dejó también "un tenebroso pasado criminal".

El fiscal general de Ecuador, Galo Chiriboga, figura entre los documentos por actividades realizadas como abogado en el sector privado, en 1999, cuando creó Madrigal Finance Corp. en Panamá. La empresa le cedió un poder para comprar una casa y lo autorizó a acordar el precio, el cual fue menos de USD 2,800. Por ello, los antiguos dueños del inmueble denunciaron a Chiriboga, ya que estiman que la casa valía un millón de dólares. Una corte lo absolvió, ya que no se pudo determinar el real valor de la propiedad.

Desde 2005, cuando fue nombrado ministro de Trabajo, no ha logrado explicar su conexión con la compañía al declarar sus bienes, según informa el reporte de ICIJ. Semanas antes de asumir como fiscal general, en julio del 2011, su esposa pidió a Mossack Fonseca que sea removido como director de Madrigal.

A su vez, aparece Pedro Delgado, ex presidente del Banco Central del Ecuador y primo del presidente Rafael Correa por la compra de un inmueble en Miami en 2012. Junto a su esposa, Delgado solicitó una hipoteca para la adquisición a través de una firma panameña, cliente de Mossack Fonseca. Un primer abogado se negó a participar en la transacción, según un mail revelado por ICIJ. "Hay muchos huecos en esta transacción. Algo no huele bien", escribió. El estudio consiguió otro abogado y la compra fue realizada. Delgado confirmó a Univision que posee una propiedad en Miami.

Jaime Rosenthal, ex vicepresidente de Honduras entre 1986 y 1989, fue único accionista y presidente de Renton Management S.A., constituida en Panamá en febrero de 2014 para comprar un avión.

En octubre de 2015, los fiscales guatemaltecos que investigan el tráfico de drogas inspeccionaron la nave, pero no encontraron nada ilegal. En ese momento, el piloto dijo a las autoridades locales que el avión fue llevado a Guatemala desde Honduras por instrucción de sus dueños, ya que se adeudaban dos millones de dólares para el vendedor.

Días atrás, la Justicia norteamericana había acusado a tres familiares de Rosenthal de lavado de dinero para organizaciones narcotraficantes: su padre Jaime; su hermano Yani, un ex ministro del gobierno; su primo Yankel, y un ex ministro de inversiones.

Los documentos publicados por ICIJ también involucran a su hijo César, director de Cable Color S.A.