Después de la indagatoria a Lula, Cristina Kirchner teme lo peor

"¡Fora Macri! ¡Fora Macri! ¡Fora Macri!", gritaron rabiosos militantes del PT cuando vieron la cámara de un canal argentino. Aunque los problemas judiciales de sus líderes vienen de 2014, le echan la culpa al presidente Mauricio Macri de la fragilidad expuesta en la que quedaron los gobiernos populistas de la región desde la victoria de Cambiemos. Temen que Lula vaya preso y, con él, todo lo que creyeron sobre la reconfiguración del poder mundial con Brasil como eje.

En San Pablo se viven escenas extrañas por estos días. El viernes a la noche, un "aplausazo" convocado por las redes sociales para respaldar el accionar de la Polícia Federal, responsable de llevar a declarar en forma compulsiva al ex presidente, inundó los barrios cercanos a la avenida Paulista. Más temprano se había producido un cacerolazo. Fue para repudiar las palabras de Dilma Roussef a favor del líder del PT.

El oficialismo está cercado. El 70 por ciento de la población quiere llevar a la Presidente a un impeachment, similar al que sacó del gobierno a Fernando Collor de Mello, pero la oposición no tiene los votos necesarios en el Congreso. El PT quiso tomar distancia de la ortodoxia económica de Dilma proponiendo recetas populistas clásicas para la nueva postulación de Lula como candidato, pero el viernes se dio cuenta de que si abandona al gobierno tampoco tendrá elementos para protegerse de la andanada de la justicia, que avanza también sobre los partidos aliados. El ex presidente redobló la apuesta, apeló a su indudable carisma, a su historia de lucha como operario y sindicalista, pero si las elecciones fueran hoy perdería escandalosamente frente a Aécio Neves.

Como kirchneristas básicos, dicen que "no le perdonan al PT haber sacado a 30 millones de brasileños de la pobreza"

Nadie sabe qué va a pasar en Brasil. Como kirchneristas básicos, los seguidores de Lula dicen que la actuación del juez Sergio Moro en la causa anticorrupción más importante de la historia de Brasil es una respuesta de las corporaciones "que no le perdonan al PT que haya sacado a 30 millones de brasileños de la pobreza". Ocultan que, entre los presos, procesados e investigados, están los empresarios de las cinco compañías más poderosas de Brasil, acusados de formar parte de un sistema delictivo para financiar ilegalmente la política, a cambio de fenomenales negocios.

El "Mensalao", el primer escándalo de corrupción que cayó sobre el gobierno brasileño -sobornos que se pagaban a los diputados para que aprobaran proyectos del Ejecutivo-, suponía un monto ilegal de 200 millones de reales. Estalló en el 2005 y, aunque se sabía que Lula había pergeñado la maniobra, todos se pusieron de acuerdo en protegerlo de la justicia: había que proteger la figura presidencial. Pero ya en la fase número 24 de la operación anticorrupción conocida como "Lava Jato", las cosas toman otro color, quizá porque la dimensión de la corrupción denunciada alcanza un récord mundial. Se habla de una cifra que supera los 10 billones de dólares.

La conmoción que se vivió al saber que el ex presidente había sido llevado en forma compulsiva a un recinto del aeropuerto de San Pablo para una declaración que duró cuatro horas fue colosal. El Instituto Lula, también involucrado en la investigación, consideró el procedimiento "arbitrario, ilegal e injustificable". El mismo Lula explicó después, visiblemente enojado, que se sintió preso en su propio país. Aunque no puede decirse que fue sorprendido, porque luego de la detención del publicista Joao Santana, junto a su socia y esposa, Mónica Moura (fase 23 del "Lava Jato"), que fueron recibidos en el aeropuerto internacional de Curitiba con un operativo policial digno de peligrosos narcocriminales, sabía que irían por él.

Para algunos, lo de Lula habla de un nuevo paradigma judicial, donde la trascendencia de las figuras investigadas poco importa si cometieron delitos

De hecho, los abogados de Lula estuvieron haciendo distintas presentaciones judiciales en los últimos días para evitar esta declaración que la Justicia decidió tomar "de prepo". Por eso vale la pena reproducir unos párrafos del comunicado que emitió el Ministerio Público Fiscal de Brasil, responsable junto a la Polícia Federal del procedimiento que algunos consideraron "innecesario" y que, para otros, habla de un nuevo paradigma en materia judicial, para el cual la trascendencia de las figuras investigadas poco importa si está demostrado que cometieron delitos.

"La investigación sobre el ex Presidente no constituye juicio de valor sobre quién es él o sobre el significado histórico de su personalidad, es un juicio de investigación sobre hechos y datos determinados que están bajo sospecha. Dentro de una república, las personas ilustres y poderosas deben estar sujetas al escrutinio judicial cuando se encuentran fundadas sospechas de actividad criminal, la cual es apoyada, en este caso, en decenas de testimonios y amplia prueba documental", dice el comunicado del MPF brasileño (puede verse completo aquí).

En efecto, para los promotores públicos, como se les llama en Brasil a este grupo de jóvenes fiscales, "hay evidencias" de pagos disimulados que fueron hechos por las constructoras OAS y Odebrecht al ex presidente Lula da Silva y personas asociadas, que recibieron valores originados en el "esquema Petrobras", coordinado por las conducciones políticas del PT, el Partido Progresista y el PMDB. "El ex presidente Lula, además de líder partidario, era el responsable final por la decisión de quiénes serían los directores de Petrobras y fue uno de los principales beneficiarios de los delitos", aseguran en el durísimo pronunciamiento.

Dilma le echa la culpa de la recesión al "Lava Jato", porque según la ley vigente, las empresas investigadas por la Justicia no pueden participar en licitaciones, y así la economía está parada.

A los fiscales, a la Polícia Federal y al juez Moro no les importan las consecuencias económicas de sus investigaciones en la economía, ni la imagen de la ahora octava economía mundial (era séptima, hasta que se conoció la caída del PBI) en el exterior. Gozan de un fenomenal respaldo de la población, que está ansiosa por ver cómo la Justicia encarcela a los otrora poderosos empresarios y políticos y logra que estos ladrones de guante blanco devuelvan el dinero público robado.

En la Argentina, nadie quiere hablar del tema. En el Gobierno temen por las consecuencias económicas en la ya de por sí complicada economía nacional. En la Cancillería no quieren ir más allá de las declaraciones que hizo Susana Malcorra, quien expresó su preocupación por la crisis política en Brasil. Apenas resaltan que la canciller viaja hoy a Bolivia y mañana lunes se entrevistará con Evo Morales, en un intento por mostrar pluralidad de vínculos. En el peronismo imaginan imparable el desfile de funcionarios por la justicia federal, aunque felicitan a la jefa de los fiscales, Alejandra Gils Carbó, la Procuradora General de Justicia, que sólo por continuar en el cargo logra retrasar cualquier ofensiva judicial contra los exiliados del poder.

En el Instituto Lula contaron que Evo -que perdió un referéndum para autorizar su cuarta reelección- y Rafael Correa -que desistió de volver a presentarse a elecciones- llamaron para solidarizarse con el ex presidente. Dicen que Cristina Kirchner también lo llamó, pero no lo quieren confirmar oficialmente. Refugiada en Calafate, diseña una estrategia para escapar a la indagatoria a la que fue citada para el 13 de abril por el juez Claudio Bonadio, por la que teme lo peor.