Corrupción en el SOMU: las empresas privadas de los sindicalistas

La reciente intervención dispuesta por el juez Canicoba Corral al Sindicato Obreros Marítimos Unidos (SOMU) y sobre la que Infobae ha venido informando comienza a desnudar una compleja red de negocios que exceden largamente las responsabilidades que puedan o no recaer en la desplazada conducción de la entidad gremial

La Marina Mercante Argentina fue una de las más importantes de América Latina a partir de la década del 50. No solo se crean flotas estatales de bandera, sino que el negocio se torna próspero para el capital privado y durante años empresas públicas como ELMA, YPF, YCF y Flota Fluvial coexistieron con empresas navieras privadas que iban de rentables negocios familiares a flotas petroleras de grandes empresas como Shell y ESSO

La onda privatizadora de la década del 90 y un profundo cambio de paradigma en el manejo del negocio naviero internacional dejaron a la Argentina fuera de competencia en materia de transporte marítimo. Varios miles de millones de dólares se pierden cada año por el pago de fletes para sostener nuestro comercio exterior. Hoy ni podemos navegar con buques de bandera nacional por la hidrovía Paraná Paraguay. El 95% de los buques que surcan nuestras aguas es de bandera paraguaya boliviana o brasilera.

En 2004 Néstor Kirchner ilusionó a los marinos con la promesa de recuperar la marina mercante; mediante la promulgación del decreto 1010/04 se dispuso entre otras cosas que los buques extranjeros alquilados por empresarios nacionales pasaban a tener el mismo tratamiento que si fueran de bandera argentina; ello incluía la obligación de tripularlos con marinos locales y con convenios colectivos de trabajo conformes a las leyes nacionales

Esta solución de carácter absolutamente transitorio (el decreto era por 2 años) se prolongó indefinidamente en el tiempo hasta nuestros días. Esta dilación trajo entre otras cosas aparejada la necesidad de ir importando nuevas unidades extranjeras en forma provisoria, las que necesitaban para ingresar una dispensa o "waiver" que una oscura oficina de la subsecretaría de puertos y vías navegables entregaba con una llamativa laxitud y a modo discrecional.

Poco se hizo por fomentar la construcción de naves en el país, y mucho menos por fomentar la creación de una norma legal que permita a esta importante actividad económica y estratégica resurgir no ya como emprendimiento estatal, pero al menos consolidada como actividad privada local. Recién en 2015 se presentaron algunos proyectos al respecto que aún no se han tratado.

En una desviación absoluta de la razón de ser de una entidad gremial, comenzaron a sucederse emprendimientos empresario-gremiales o lo que es peor, emprendimientos privados en manos de dirigentes gremiales, so pretexto de generar trabajo legítimo para los argentinos. Todo, con aprobación y complicidad del Estado Nacional, de los funcionarios del sector y en especial de la Dirección Nacional de Transporte Marítimo y Fluvial.

Así las cosas, una empresa naviera privada competía por obtener un flete con otra naviera también privada, pero en manos de quienes manejaban sindicalmente a los empleados de la primera. Llegó a ser común que a la hora de cerrar un trato comercial, oportunos conflictos gremiales dejaban fuera de juego a quienes no "acordaban" con el sindicato.

Los gremios/empresa crecieron exponencialmente en la "década ganada" no solo en esta actividad; grandes sindicatos nacionales son hoy propietarios de emprendimientos afines con su propia esfera de acción gremial

Con el beneplácito del Ministerio de Planificación Federal, el SOMU y sus aliados estratégicos de Centro de Capitanes de Ultramar (de sólidos lazos con el Kirchnerismo), adquirieron con fondos facilitados por el Estado Nacional, el 35% de la única naviera nacional que sobrevivió al Menemismo "Maruba". La firma se transformó en una Empresa Militante y –con fondos patrióticos mediante– ofreció sus bodegas para llegar a Angola con la absurda exposición comercial de Cristina Kirchner y Guillermo Moreno, que no generó un solo negocio para el país

A medida que la intervención judicial se afianza, son muchos los interesados en "contar" las más variadas maniobras que ante los propios ojos de funcionarios complacientes o "complacidos" se llevaron adelante con absoluta libertad.

Capacitación obligatoria y mercado cautivo

El carácter internacional de la actividad marítima hace que el país deba cumplir una serie de requisitos en materia de formación y capacitación de marinos dispuesta por la Organización Marítima Internacional. La misma no solo contempla los estándares mínimos de formación, sino además estable capacitaciones periódicas en materias tan variadas como, lucha contra incendios, control de multitudes, manejo de botes salvavidas, cartas náuticas electrónicas y muchos otros

Pero mientras que en buena parte del mundo el mantenimiento de estas aptitudes opera en forma casi automática por el ejercicio profesional a bordo de los buques, en nuestro país y aunque parezca increíble con el consentimiento de la autoridad militar en la materia, se montó una compleja red de dictado de cursos teórico prácticos tan perversa, que hace que el propio estado que la ordena, no tenga los medios para satisfacer la demanda que miles de marinos originan ya que sin los certificados de aprobación correspondientes, no pueden volver al trabajo

Así las cosas, la Armada Argentina comenzó a habilitar emprendimientos privados comerciales o gremiales que "satisfacen" la demanda insatisfecha por parte del Estado Nacional. Curiosamente tal como diera cuenta Infobae, una de las bocas de expendio estatal en manos de la Armada achicó drásticamente los cupos de admisión, con el consecuente incremento de la demanda al sector privado. Florecen así simuladores de navegación de última generación particulares, mientras que las escuelas navales públicas no los adquieren por falta de presupuesto.

El negocio es redondo por donde se lo mire, el equipamiento siempre es millonario en dólares, pero el costo de los cursos que forzadamente se hicieron obligatorios no es menos millonario si se lo valoriza en forma global. Además como vencen a corto plazo, el flujo de clientes está garantido. Una trama perversa, que incluso tiene a personal militar otrora a cargo de la educación naval, como actuales proveedores de "simuladores homologados por la autoridad de aplicación" para la ejecución de prácticas marinas.

La intervención al SOMU no es el final del camino; es apenas el principio. Menuda será la tarea para la diputada nacional Gladys González y un grupo de colaboradores a órdenes de un juez. Pero esto es solo la punta de un iceberg cuya profundidad es aún desconocida y que las autoridades nacionales deberán reordenar más temprano que tarde.