La trama de negociados y corrupción que provocó la caída del "Caballo" Suárez

Varios han sido los casos en los que el Ministerio de Trabajo dispuso la intervención de un sindicato por cuestiones relativas a su condición de entidad gremial. Normalmente siempre han sido por hechos relacionados a la pérdida de legitimidad por parte de sus dirigentes o por cuestiones relativas a la personería gremial.

En otras oportunidades, dirigentes gremiales de renombre terminaron en prisión. Tal el caso de Juan José Zanola (Bancarios) o José Pedraza (Ferroviarios) –este último logró prisión domiciliaria esta semana- sin que ello implicara intromisión del Estado en la actividad de sus respectivos gremios.

Pero el caso del Sindicato Obreros Marítimos Unidos (SOMU) es único en la historia gremial argentina, máxime en tiempos de democracia. El juez federal Rodolfo Canicoba Corral dispuso la intervención de la entidad gremial y el inmediato cese de todos los cargos de la comisión directiva. Vale precisar que la intervención la integra un triunvirato encabezado por la diputada nacional del PRO Gladys González, junto a representantes del ministerio de Trabajo y de la Justicia. Es decir, los tres poderes constitucionales de la Nación. Tan compleja es la tarea que se ha convocado a un grupo interdisciplinario de profesionales, abogados, contadores y hasta oficiales de la Marina Mercante, cada uno de ellos con tareas específicas para desentrañar lo que constituye un verdadero holding empresario.

Fundada en 1903, se trata de la entidad gremial que representa al personal de marinería de la Marina Mercante, el extremo inferior de una escala jerárquica que tiene en el Centro de Capitanes de Ultramar su extremo superior. Ambas organizaciones se entrelazaron en una serie de emprendimientos comerciales que van desde el negocio naviero hasta la educación; las mismas, en principio, parecen exceder la razón de ser de las entidades cuyo objetivo primario es la representación de los intereses laborales de sus afiliados. Pero al parecer fueron llevadas adelante sin que ninguna autoridad nacional las objetara en lo más mínimo.

A instancias de la denuncia presentada por un empresario naviero, que también es afiliado al gremio de los capitanes de buques mercantes, Enrique Omar Suárez fue procesado por el supuesto delito de "entorpecimiento de la navegación" y por poner en riesgo la seguridad de la misma. Esto a partir de una serie de medidas de fuerza gremiales, que ocasionaban el bloqueo de puertos y la negación de asistencia a buques que se encontraban navegando en canales de acceso a puertos o a punto de amarrar en los mismos.

A esta situación, se agrega la separación de una porción importante de antiguos directivos del SOMU, quienes despojados antirreglamentariamente de sus cargos, comenzaron a desenmascarar una intrincada trama de negocios que terminaron transformando al gremio en una suerte de emporio de negocios, que aún hoy no llega a ser del todo conocido por la intervención.

Solo o en sociedad con el antes mencionado Centro de Capitanes de Ultramar, el SOMU comenzó a manejar empresas navieras, construcción de buques, negocios con remolcadores de puerto y de empuje, agencias de viajes, campos, hoteles, y hasta una fundación que dicta cursos incluso para personal de la Prefectura Naval Argentina, una escuela de marinería y una radio que lleva el nombre del Papa Francisco y cuya directora fue elegida personalmente por el Sumo Pontífice

La génesis de todos estos emprendimientos distó mucho de ser secreta o reservada. Con bombos y platillos, y con la presencia de medio gabinete nacional, Omar Suárez anunció la compra del 35% de la empresa naviera Maruba. Un directivo de sus socios del Centro de Capitanes pasó de ser dirigente gremial a Gerente de Personal de la naviera, es decir a representar a la patronal, con la tácita aprobación del ex ministro de trabajo Carlos Tomada.

La puesta en servicio del buque escuela "Manuel Belgrano" (el único barco dedicado al entrenamiento de marinos si no se cuenta a la Fragata Libertad) tuvo en su bautismo a la ex presidente Cristina Kirchner como madrina. Junto a todo el staff gubernamental, cada inauguración, cada emprendimiento, cada unidad de negocios que fundaba el sindicato era ampliamente difundida y siempre con el beneplácito del gobierno anterior.

Luego comenzaron las denuncias de ex compañeros de conducción de Suárez, sobre que los títulos de propiedad o de participación de esos emprendimientos, invariablemente, estaban a nombre del propio dirigente o su familia o allegados inmediatos, algo que comenzará a ser materia de investigación en los próximos días.

Profesores de la Escuela Nacional de Náutica dependiente de la Armada Argentina denunciaron ante Infobae que la entidad educativa oficial, cuya dirección aún hoy se encuentra en manos de un afiliado al centro de capitanes, redujo el año pasado los cupos para que oficiales mercantes realicen cursos obligatorios, derivando de esta forma " clientes" hacia la fundación del SOMU o hacia la fundación que los propios capitanes han montado con la única finalidad de "aumentar la oferta educativa". Los cursos que son obligatorios y periódicos rondan cifras de entre $2.000 a $5.000 y se estima en cinco mil la cantidad de alumnos que cada año los realizan (un profesional puede llegar a realizar hasta 14 cursos en un año dependiendo los vencimientos de cada uno de ellos). Un negocio rentable contra el que ninguna autoridad militar o civil realizó objeción alguna.

Suárez y su gente gozan de la presunción de inocencia hasta que la justicia no determine lo contrario. Pero es innegable que esta intervención es un hecho sin precedentes en la historia gremial argentina, no solo por su forma, sino por el fondo de la misma. Entre los muchos interrogantes que se plantean por estas horas, es qué destino tendrán todas las unidades de negocio de este verdadero holding de un gremio cuyo lema es "Desde 1903 dejando estelas en la mar". Vaya si las dejó.