La Justicia habilitó a Chile a que apele el asilo político de Galvarino Apablaza en Argentina

Tras las gestiones ante el gobierno de Mauricio Macri, Chile logró un fallo clave para avanzar en su pedido de extradición del ex guerrillero Galvarino Sergio Apablaza Guerra: después de más de cuatro años con la causa en sus manos, el juez argentino Ernesto Marinelli consideró que el país vecino tiene derecho a accionar contra el estatus de refugiado político que le otorgó el gobierno de Cristina Kirchner.

El titular del Juzgado Contencioso Administrativo Nº1 afirmó que Chile "tiene legitimación suficiente para promover este juicio con el objeto de que se controle su legalidad". "No encuentro justificación legal para que, una vez que el procedimiento ha culminado de modo favorable para el peticionante de refugio con el reconocimiento de la condición de refugiado, se impida a las autoridades nacionales del país de nacionalidad del solicitante acceder a tomar vista de la resolución que la dispuso y eventualmente cuestionarla", dice el fallo, al que tuvo acceso Infobae.

La Justicia chilena acusa a Apablaza de ser el presunto autor intelectual del asesinato del senador Jaime Guzmán -uno de los principales colaboradores civiles del dictador Augusto Pinochet- y participante del secuestro del empresario Jorge Edwards -directivo del diario El Mercurio- en 1991. El 14 de septiembre de 2010, la Corte Suprema de Justicia de la Argentina revocó un fallo de primera instancia del juez Claudio Bonadio y ordenó extraditar al ex referente del Frente Patriótico Manuel Rodríguez para que sea juzgado en su país. Apenas unos días después la Comisión Nacional de Refugiados (Conare) le otorgó el estatus de refugiado y frenó el procedimiento de expulsión.

"Chile tiene legitimación suficiente para promover este juicio", consideró el juez

Con la llegada de Macri al poder, el gobierno chileno retomó las gestiones para que se anule el asilo político y se cumpla con el fallo de la Corte Suprema para que Apablaza pueda ser juzgado por los tribunales de su país. Pero no le será tan fácil: el estatus de refugiado es una figura con reconocimiento internacional que pocas veces logró ser revertida en la historia contemporánea.

La semana pasada, Rodolfo Yanzón, abogado de Apablaza en la Argentina, aseguró a Infobae que ni siquiera un cambio en la política oficial será suficiente para extraditar a su defendido: "Se debe respetar la Convención sobre Refugiados. Haber reconocido a Apablaza como refugiado político no fue capricho de un gobierno, sino una decisión tomada con reflexión y en el marco de la convención internacional, a la que hay que respetar".

De acuerdo con el derecho internacional, en la concesión del asilo político existen sólo dos partes: el solicitante y el Estado que otorga la protección. En este caso, Apablaza y la Argentina, respectivamente. Pocas veces en la historia un segundo Estado fue considerado parte en un caso de estas características. Eso es lo que Chile logró con el fallo del juez Marinelli, quien tenía el caso en sus manos desde 2011. Ahora, el gobierno de ese país buscará anular la resolución de la Conare para que se cumpla con la decisión de la Corte Suprema.

La sentencia del juez Marinelli tiene fecha del pasado miércoles 3 de febrero, pero fue recién dada a conocer este fin de semana. Ahora resta esperar para saber si la defensa de Apablaza o el propio gobierno de Mauricio Macri apelarán la decisión. Si no lo hacen o la Cámara de Apelaciones rechaza su presentación, el fallo quedará firme y Chile estará habilitado a avanzar en su pedido para que el ex guerrillero sea extraditado.

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Hace dos semanas, dos dirigentes de la Unión Demócrata Independiente (UDI), partido del asesinado Guzmán, viajaron a la Argentina para dar un nuevo impulso al reclamo chileno. Ellos fueron el vicepresidente de la UDI, Edmundo Eluchans, y el diputado Issa Kort. A la semana siguiente, el encargado de traer la exigencia fue el ministro de Interior de ese país, Jorge Burgos, en su visita a la Casa Rosada.

"Cada vez que venga algún ministro chileno a alguna visita va a ser un tema. Todo el mundo sabe que está presente, porque el interés de Chile es de más de una década", dijo el funcionario al salir del encuentro.

A fines de enero, la vicepresidente Gabriela Michetti fue la primera encargada de confirmar que el Estado de Chile podía tener esperanzas en la posibilidad de lograr la extradición. "Haremos todo lo posible para llegar a buen puerto, y eso significa incluso la posibilidad tal vez de otorgar la extradición. No descartamos nada", dijo.