¿Un paso adelante hacia la militarización de la lucha contra el narcotráfico?

Tal como había anticipado Infobae, el martes temprano el Ministerio de Defensa autorizó al jefe del Estado Mayor General de la Armada, vicealmirante Marcelo Hipólito Srur, a difundir a sus mandos subordinados la nueva integración de la conducción superior de la fuerza naval, con la aclaración de que es ad referéndum del decreto presidencial que las ratifique, ya que los máximos jefes militares de cada fuerza no tienen autoridad para designar comandantes o cubrir cargos superiores, sino que sólo asesoran al comandante en jefe, quien por lo general acepta las sugerencias.

También, la purga naval se hizo sentir con fuerza: una parte obedeció a decisión política y, en algunos casos, por pedido del jefe entrante, quien no deseaba mantener a determinados subordinados durante su gestión. Muchos cargos antes cubiertos por almirantes se muestran ahora ocupados por oficiales con jerarquía de capitán de navío pero es de suponer que serán propuestos para acceder al almirantazgo cuando la Comisión de Acuerdos del Senado se reúna para tratar los pliegos respectivos. Un senador integrante de la comisión ya se mostró interesado en indagar en los motivos por los cuales las fuerzas inventaron un grado adicional que escapa al control senatorial.

Las tres Marías

Luego de reformar la ley de personal militar (decreto mediante) y promover a la coronel militante María Isabel Pansa al grado de general, ahora es (aunque en forma tardía) el momento en que la marina de guerra cumplirá el deseo de la ex presidente proponiendo el ascenso a "almiranta" de la capitán de navío ingeniera María Inés Uriarte. A diferencia de Pansa, Uriarte ya tiene un destino acorde a su profesión en la Armada: será directora general de Investigación y Desarrollo, algo mucho más afín a su formación que su anterior destino como agregada de Defensa a la embajada argentina en España, un cargo reservado a militares de carrera y al que jamás podrá acceder un militar asimilado como profesional universitario de sexo masculino. Otra oficial de la Armada cuyo nombre también es Marí, quiso ser elevada a la cumbre de la carrera naval el año anterior, pero las presiones internas para que ello no ocurra, fueron más fuertes que la voluntad política.

El pequeño gran paso...

La cuarta jerarquía naval que por antigüedad la detentará el contraalmirante Dalmiro Orlando Diego Miguel –"el hombre de los cuatro nombres"- pasando a ocupar un cargo de reciente creación: tan reciente que no figura en el organigrama oficial de la fuerza colgado en la web de la armada. Se trata del Comando de Vigilancia y Control de los Espacios Marítimos, una novedad operativa muy llamativa y que detrás del rimbombante título parece albergar la creación de una subestructura que permita poner al servicio de la seguridad a una parte importante del componente naval.

Es muy cierto que la Armada ya cuenta en su estructura con un Comando Naval de Tránsito Marítimo, pero sus sucesivos jefes nunca integraron las "ligas mayores" de la fuerza, ya que sus tareas están limitadas a ejercer un somero conteo de las naves mercantes que realizan el "tránsito inocente" por nuestras aguas a efectos de cubrir sus rutas comerciales.

Pero esto es otra cosa; la creación de un comando de este tipo implica, al menos en teoría, la asignación de recursos materiales y humanos, para efectuar tareas concretas precisamente de vigilancia y control del mar.

Podría válidamente preguntarse si hasta ahora la Armada no controlaba el mar. La respuesta será sí, aunque de una manera reducida por las ya conocidas limitaciones presupuestarias y de material. Sin embargo, en colaboración con la tarea de la prefectura naval se hacen reconocimientos aéreos y navales fundamentalmente para detectar buques pescando en forma ilegal en nuestra ZEE (zona económica exclusiva), que se extiende hasta las 200 millas marinas de nuestras costas.

Y entonces ¿de qué estamos hablando?

Las fuentes consultadas indican indubitablemente que este es un primer paso para colocar parte de los recursos navales al servicio del control de potenciales actividades relacionadas con el narcotráfico y demás actividades ilegales que la gestión Macri ha puesto en la mira. La Armada está hasta este momento totalmente fuera de estas operaciones, no teniendo ningún tipo de facultades para detener y menos abordar cualquier nave civil.

Como en toda tarea de seguridad y mientras se mantenga vigente la ley en la materia, los militares no podrían hacer otra cosa que servir de apoyo a las autoridades policiales: en este caso a la única autoridad marítima, fluvial y lacustre que tiene el país, que es la Prefectura Naval Argentina, una fuerza que desde 1983 ya no depende de la Armada y que ha protagonizado desde entonces un crecimiento exponencial de sus capacidades, nivel de formación y presencia en el mar y en tierra, siendo reconocida por la sociedad como una de las fuerzas más respetadas. Carece, sin embargo, de medios navales de gran porte como los que tiene la Armada. De allí que sería entendible que estos medios militares sirvan de apoyatura y transporte al personal policial que vigile nuestros mares y llegado el caso actúe policialmente.

La semana pasada, las cúpulas de los ministerios de Defensa y Seguridad se reunieron en el edificio Libertador (sede además del Ejército Argentino) para comenzar a pergeñar el accionar conjunto. Estamos en presencia seguramente de la primera exteriorización de una decisión sin precedentes en 33 años de democracia. Será muy deseable que, sin violar el espíritu de la Ley de Seguridad Interior, se consigan los resultados perseguidos.