Asesinatos narco: cómo es el "ranking de la muerte" de las villas porteñas

El domingo último por la tarde, Carlos Miguel Ramos, un paraguayo de 27 años, se convirtió en parte de una triste tendencia. A las 15:10, de acuerdo a información policial, personal de la Comisaría N°32 afectada al plan Cinturón Sur oyó disparos mientras patrullaban los límites de la Villa 21, también conocida como Zavaleta, en la zona de Barracas. Ramos estaba en el suelo, lo encontraron en el "Pasaje Kevin", llamado así por Kevin Molina, un niño de nueve años muerto en una balacera entre narcos en 2013, con evidentes dificultades para respirar.

A simple vista, Ramos tenía tres tiros en el cuerpo. El SAME no tardó en pronunciarlo muerto al llegar. Residente en la manzana 10 del barrio Loma Alegre de la zona, el joven terminó en la Morgue Judicial y su caso en el despacho del fiscal de Pompeya Adrián Giménez. Las preguntas policiales fueron infructuosas; el usual "yo no vi nada" en este tipo de hechos fue la norma.

La villa Zavaleta, en los últimos años, se convirtió en territorio de traficantes paraguayos. El juez Sergio Torres y la secretaria letrada Verónica Bresciani en Comodoro Py desarticularon varias bandas en los últimos tiempos. También se convirtió, según información oficial, en el barrio con mayor cantidad de homicidios. De cara a la problemática delictiva de las estructuras narco, el porqué de tanta muerte se vuelve muy simple.

Ayer, Infobae reveló la alarma entre fiscales de instrucción y fuerzas de seguridad por un nuevo rebrote de homicidios vinculados al narcotráfico en la Villa 31 y 31 bis. Las nuevas víctimas ya no eran jóvenes paraguayos o peruanos como fue la norma a lo largo del 2014: entre las víctimas había menores argentinos ejecutados en la puerta de su casa y hasta un misterioso cadáver maniatado y con la cabeza embolsada entre la basura de la terminal de micros. Sin embargo, no se trata sólo de la 31: en el ranking de la muerte narco porteña, la Zavaleta es la cima de la pirámide.

Según datos difundidos por el Instituto de Investigaciones del Consejo de la Magistratura en un informe especial sobre homicidios dolosos, la zona de Barracas fue la que más víctimas concentró en 2014, con 34 homicidios. La siguió Flores y la Villa 1-11-14 con fuerte presencia de narcos peruanos y 29 cuerpos encontrados. Retiro, con las villas 31 y 31 bis, sumó 14 hechos. Ese año, hubo 198 víctimas en total en la ciudad de Buenos Aires, el 43% de ellas en barrios de emergencia, una alarmante tasa en villas de 51,26 hechos cada 100 mil personas. "La Villa 21-24, 'la Zavaleta', aglutina el mayor porcentaje de víctimas en comparación con los otros barrios de emergencia (31%), tendencia que también se verifica en los años precedentes. Le sigue la Villa 1-11-14 del Bajo Flores con un 28%. Es de destacar que la disminución escalonada que se venía verificando en la Villa 31-31 bis de Retiro no solo se interrumpió, sino que en 2014 aumentó significativamente. El número para extranjeros fue de 25 peruanos y 20 paraguayos muertos.

Hubo una baja en la cantidad de muertes durante el último tramo de la gestión de Sergio Berni, que, paradójicamente, se caracterizó por una escasa comunicación de las estadísticas delictivas. En 2015, se calcularon 153 homicidios en CABA, de cara al repunte que fue 2014 y con 176 hechos en 2013. Carlos Miguel Ramos, muerto en la Zavaleta, engrosó los números de un enero que promete ser el más sangriento en años. Al momento de su muerte, el joven se convirtió en el homicidio número 11 en lo que va de este enero en territorio porteño: hubo tan solo 10 hechos en 2015 en el mismo mes.

La doctora Viviana Fein investiga en estos días un hecho vinculado a la 1-11-14: el asesinato de Diego Osvaldo Campos Lucero, peruano, de 31 años, con domicilio en el pasaje 101 del asentamiento. Campos Lucero fue masacrado por un sicario el 5 de enero en un local de comidas en la calle Anchorena, con fuertes versiones de implicancias narco. Pero las muertes narco no ocurren en un vacío: cada bala y cada cadáver significa un movimiento en el balance de poder, las pujas entre capos y soldados para ganar terreno, liquidar enemigos o depurar sus propias fuerzas.

A casi diez años de la masacre de la procesión del Señor de los Milagros en Bajo Flores, en donde se enfrentaron Marco Antonio Estrada González y "Ruti" Mariños por el control de la 1-11-14, y que terminó con "Ruti" preso y condenado, el mapa de los amos territorial se reescribe con nuevos actores, muchos de ellos ya identificados por la Justicia. Sin embargo, los hechos recientes plantean nuevos desafíos para la Justicia y las fuerzas de seguridad.

El nuevo reparto policial, con el traspaso de 54 comisarías y 6.300 efectivos más varias divisiones de la Policía Federal Argentina (PFA) a la esfera porteña, agrega una nueva dimensión al esquema. Gabriel Iezzi, abogado penalista y socio en el estudio Iezzi-Varone con amplia experiencia en cuestiones de seguridad ciudadana, apuntó: "El desafío de la próxima gestión del ministro Martín Ocampo en la ciudad de Buenos Aires, teniendo a su cargo la nueva policía fruto del traspaso, así como la de las nuevas autoridades del Ministerio de Seguridad Nacional, se reduce a cinco comunas, cinco barrios, donde se concentra la problemática narco: Zavaleta, 1-11-14, 31 y 31 bis, junto a Soldati y Lugano".

Y agregó: "Tenemos toda esta concentración de hechos de tono narco en los últimos días. En las villas se relajaron las tareas de inteligencia que se deberían estar llevando a cabo. No alcanza solo con la presencia de uniformados. Por supuesto que es un buen recurso para los habitantes de las villas. Pero algo está pasando que hizo que se acrecienten los homicidios en la lucha por los espacios. No venía en esta escala".

Por lo pronto, en la PFA, la situación se hizo sentir. El Boletín Oficial en los últimos días anunció los ascensos y promociones dentro de la fuerza. También, al nuevo director de la Unidad de Prevención Barrial, que se encarga de actuar directamente en las villas. Luego de una "gestión previa que fue insatisfactoria", según voces de peso en la fuerza, el jefe Román Di Santo designó al comisario inspector Osvaldo Rubén Mato, director de la Escuela de Cadetes Juan Pirker, como nueva cabeza de la Unidad.

¿Quién debería investigar?

La instrucción de los homicidios vinculados al narcotráfico recae en las fiscalías del fuero penal ordinario de las calles Tucumán y Cerrito, no en las federales de Comodoro Py, donde se investiga narcotráfico, un delito federal propiamente dicho. Esto crea múltiples tensiones. Por ejemplo, un fiscal con despacho a pocas cuadras del palacio de Talcahuano que investigó duramente una serie de homicidios narco a cargo de sicarios peruanos a mediados de este año se quejó a viva voz cuando el juez a cargo "derivó sin elementos para hacerlo" el expediente a un magistrado de Comodoro Py, lo que vulgarmente se entiende como "sacarse el expediente de encima".

En la calle Tucumán, una voz de peso dice: "Si el sistema funcionase normalmente, el fuero federal debería intervenir en estos casos lo más pronto posible". Por otra parte, no son muchos los funcionarios que conectan expedientes entre fueros y juzgados para resolver piezas de un puzzle mayor, en la complejidad del delito narco. En 2008, hubo un precedente esencial al respecto.

Fue un trabajo al menos metódico. Los fiscales Mónica Cuñarro y Carlos Rívolo relevaron más de 60 causas de homicidios violentos en la ciudad de Buenos Aires: estrangulamientos, evisceraciones, muertes por armas de grueso calibre. Para hacerlo, coordinaron entre sí a las fiscalías nacionales con datos objetivos. Así, Cuñarro y Rívolo clasificaron los hechos por zonas, armas y proyectos, así como detenidos y comisarías, con la 1-11-14 y la 31 bis con territorios centrales. De este modo, realizaron dos denuncias, una que alertó a jueces de los ajustes de cuentas y de las luchas territoriales a mediados de la década pasada en los despachos de los doctores Bonadío y Ballesteros, con cruce de información entre ambos, mientras que la denuncia por corrupción policial formulada por ambos fiscales quedó en la nada, con un funcionario a cargo que no tomó medidas.

Hoy, la PROCUNAR, desde el Ministerio Público y con el fiscal Diego Iglesias como cabeza, está habilitada y es instrumental para coordinar y cruzar datos en causas narco.

La doctora Cuñarro opinó: "Es cierto que desde 2006 al 2008 fuimos con el doctor Rívolo la cara visible de varias investigaciones sobre bandas que traficaban, lavaban activos y cometían homicidios mientras funcionarios de comisarías omitían los hechos, los ocultaban o directamente participaban. Debe tomarse esa experiencia a fin de que los resultados no dependan de un juez o fiscal en forma individual, sino de un trabajo en equipo. Si se quieren resultados, hay que cruzar datos".

Mientras tanto, la muerte en la 31 no para. Hoy, a las 2 de la mañana, luego de que Infobae revelara la ascendente ola de homicidios en la zona, la Comisaría N°46 y la Unidad de Prevención Barrial volvieron a la zona del Playón Este por disparos en la manzana 109. Diego Francisco Sosa Jiménez, de 14 años, paraguayo, estaba muerto en el suelo con balas en el pecho. Su hermano mayor, José, de 19 años, languidecía junto a él y lucha por su vida en terapia intensiva en el Hospital Rivadavia. Otra vez, nadie quiso decirle nada a la Policía. Pero fuentes en la zona apuntan a una única dirección.