La Justicia federal porteña pidió a peritos del Instituto Nacional del Agua (INA) obtener muestras del Río Jáchal, en San Juan, a raíz del derrame de por lo menos un millón de litros de agua cianurada por parte de la empresa Barrick Gold en la mina Veladero. El vertido de la solución tóxica está confirmado. Ahora la Justicia busca determinar las responsabilidades y sus posibles consecuencias.
La medida fue solicitada por el fiscal Ramiro González, quien tiene delegada la causa, para que técnicos del INA obtengan muestras del Río Jáchal que puedan probar si fue contaminado por el derrame. Para tal efecto el juez federal Sergio Torres, quien reemplaza esta semana a su par Sebastián Casanello, ordenó mediante un exhorto a un magistrado de San Juan que materialice el pedido.
Para tomar la muestra hay que ingresar al predio de Barrick Gold. Si la minera canadiense se niega, se realizará un allanamiento para tomar muestras de agua a 4 mil metros de altura, que es donde está la naciente del río y cerca de la zona donde tuvo lugar el derrame.
Mientras tanto, la Justicia porteña aguarda que la Universidad de Cuyo envíe un estudio propio según el cual ya habrían detectado la contaminación en el Río Jáchal, a raíz de la presencia de varios metales, aunque desde el Gobierno de San Juan y los sectores vinculados a la minería se rechazó esta versión.
"Los análisis químicos y microbiológicos de la Facultad de Ingeniería de la UNCUYO, encargados por la Municipalidad de Jáchal, demuestran la contaminación de la cuenca del río Jáchal con metales pesados en dosis de hasta 14 veces por encima de los valores tolerables según la normativa nacional", dice el documento que trascendió en la prensa.
"Nunca he visto un agravio o un ataque o una intención de dañar a la provincia de San Juan y al pueblo de San Juan como este", replicó Gioja, que habló de información "distorsionada" y "falsa".
Por el derrame, son dos las causas en trámite, una en San Juan, a cargo del juez Pablo Oritja, por el hecho en sí, y otra en Capital Federal, donde se sumaron varias denuncias en las cuales se investiga la presunta responsabilidad de funcionarios nacionales y provinciales por la falta de control en la empresa.
La semana pasada, el juez Oritja pidió al juez federal de la Capital Federal Sebastián Casanello que se inhiba de seguir investigando en paralelo la presunta responsabilidad de funcionarios de San Juan y de la Nación por la posible falta de controles en el funcionamiento de la empresa. El fiscal González pidió que sea rechazado el pedido de inhibitoria y por el momento son dos las causas en trámite a raíz del hecho.
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