Derrame de San Juan: la UNCuyo defendió su informe sobre la contaminación en un río

El gobernador había acusado a la casa de estudios de "sembrar terrorismo". Gioja evalúa realizar una denuncia penal contra dos ambientalistas

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La Justicia no descartó que
La Justicia no descartó que se haya producido contaminación ambiental en la cuenca hídrica del río Jáchal. 162

Tras el ataque del gobernador sanjuanino, José Luis Gioja, la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) defendió los análisis realizados en su laboratorio, que confirmarían la presencia de grandes cantidades de metales pesados en un río cercano a la mina Veladero, donde el 14 de septiembre se derramaron no menos de 1 millón de litros de solución cianurada. Ahora el Ejecutivo provincial evalúa la posibilidad de realizar una denuncia penal contra dos ambientalistas que opinaron sobre el tema para un portal de noticias.

El día del derrame, el comité de crisis formado en Jáchal tomó una muestra de agua en la zona que fue enviada a la UNCuyo, con sede en Mendoza, ya que los vecinos desconfían de la Universidad de San Juan, a la que acusan de responder a los intereses de la minera canadiense Barrick Gold. Los supuestos resultados se conocieron el domingo, a través del portal Unidiversidad, que pertenece a la UNCuyo. Para ello, el medio consultó a Saúl Zeballos y Domingo Jofré. El primero es un vecino de Jáchal que denunció a Veladero en la Justicia y forma parte del comité de crisis local y el segundo es un periodista que participa de la asamblea "Jáchal no se toca". Ellos encargaron y recibieron los estudios.

Las mediciones arrojaron, según Zeballos y Jofré, que en el río La Palca hay 1,4 mg/l de manganeso, lo que representa un 1.400% más de lo permitido y lejos del 0,25 mg/l de promedio histórico. Lo mismo ocurre con el aluminio: mientras la media suele ser de 4 mg/l y el máximo autorizado es de 5mg/l, los especialistas encontraron 70 mg/l. A su vez, en el pueblo de Mogna hallaron niveles de boro, arsénico, cloruros y sulfatos muy por encima de los topes establecidos en la Ley de Residuos Peligrosos. Y se detectó la presencia de la bacteria Escherichia coli, por lo que se puso en dudo la forma en que Veladero trata sus efluentes cloacales.

El informe no fue criticado por Barrick Gold, sino por el gobernador Gioja, que acusó a la UNCuyo de "sembrar terrorismo". En un tono poco frecuente para un primer mandatario, disparó: "No pueden venir a cagar así. Producen daño a la provincia, al pueblo de San Juan; que se la agarren conmigo y me digan lo que se les cante las bolas, tengo el cuero duro, llevo casi 50 años en esto".

Gioja hizo hincapié en que hay estudios de distintos organismos del Gobierno de San Juan y de Barrick Gold que no hallaron cianuro en los ríos de la zona o encontraron al metal en cantidades muy bajas. También citó una investigación de la ONU, pero desde Naciones Unidas lo desmintieron. Al margen, Jofré y Zeballos aclararon a Infobae que la diferencia del estudio de la UNCuyo es fundamental: "Ellos sólo buscaron cianuro. Nosotros también buscamos cianuro y no lo detectamos, pero sí detectamos elevados niveles de metales. Entonces, solicitamos que se nos dé toda la información posible, pero el informe oficial todavía no aparece", explicaron.

El gobernador instruyó al fiscal federal Ramiro González para que le pida a la UNCuyo que envíe el informe y "ratifique o rectifique" lo publicado. Hoy recibió la respuesta del vicerrector Jorge Barón. Dijo que lo publicado en el portal es una "actividad periodística" y que, como tal, está amparada en la libertad de expresión. Y señaló que en ese marco "resulta improcedente el requerimiento efectuado".

No obstante, subrayó "la objetividad y calidad técnica que pudiera tener el informe cuya elaboración ha sido atribuida al Laboratorio de Análisis Instrumental de la Facultad de Ingeniería" de la UNCuyo.

Según supo Infobae, en el entorno de Gioja analizan cómo seguir y estaría tomada la decisión de denunciar en la Justicia penal a Zeballos y Jofré, replicando la táctica empleada en La Rioja por la minera Midaish, que judicializó sus acusaciones contra 35 vecinos de la localidad de Famatina, incluidos el intendente Ismael Bordagaray, la diputada provincial Lucía Ávila y el sacerdote Omar Quinteros.

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