Las protestas indígenas en Ecuador y el silencio de Evo Morales

Desde que comenzaron las protestas sociales, a comienzos de agosto, la situación en Ecuador se ha deteriorado: miles de personas se han manifestado contra las enmiendas a la Constitución, la ampliación de la explotación petrolera y minera, un acuerdo de Libre Comercio con la Unión Europea (UE) y los cambios en la normativa sobre el agua y la educación. La mayoría de esos miles son poblaciones indígenas que arraigan en territorios donde esos cambios causarán efectos negativos. Se expresaron contra ellos en los ámbitos pre-legislativos correspondientes y ahora protestan porque la normativa no tiene en cuenta sus voces. Los manifestantes se instalaron pacíficamente en el parque El Arbolito, a modo de Asamblea Nacional paralela.

El periodista y escritor boliviano Fernando Molina, autor —entre otros libros— de Conversión sin fe: El MAS y la democracia y Evo Morales y el retorno de la izquierda nacionalista, argumentó: "No es hecho aislado, ni en Ecuador ni en los demás países gobernados por una izquierda que tiene una visión instrumental no solo de la democracia —que apoya en tanto sea funcional a su proyecto, pero que ignora si le exige sacrificios— sino también de los movimientos sociales y los indígenas, que postuló como sujetos del cambio que la llevó al poder pero que reprime cada vez que se le enfrentan".

En efecto, las fuerzas de seguridad reaccionaron con represión. Se declaró un estado de excepción. Se le quitó la visa a la pareja —unida por el rito ancestral, no por la ley civil— de Carlos Pérez Guartambel, presidente de la Ecuarunari: la periodista franco-brasileña Manuela Picq, corresponsal de la cadena qatarí Al Jazeera, golpeada en una marcha, debió ir desde el hospital donde la trataron hasta la Direccción de Migración, en Quito, donde decidió viajar a Brasil, y tramitar la documentación de Mercosur.

No es la primera vez, coincidió con Molina —aunque desde una perspectiva muy diferente— la doctora Susana Santos, titular de Problemas de Literatura Latinoamericana en la Universidad de Buenos Aires, y andinista experta en cuestiones etno-culturales. "En enero del 2009 la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) denunció represión y violencia estatal contra varones y mujeres indígenas a la vez que rechazó de manera categórica tener intenciones 'golpistas' —de lo cual los acusaban, como sucede ahora", señaló la autora de ensayo "Imágenes del populismo en las literaturas de América Latina".

Reclamos ancestrales

El entonces presidente de la CONAIE, Humberto Cholango, dijo: "Hoy elevamos nuevamente nuestras voces altivas y rebeldes, unidas como una gran cascada crecida, que dicen a la sociedad y al mundo que pese a los constantes atropellos de gobernantes prepotentes, de los monopolistas del poder político y económico serviles al imperialismo, '¡Kaipimi kanchik carajo!' ('¡Aquí estamos carajo!')".

La investigadora de la cultura boliviana y andina señaló que "una vez más los pueblos originarios del Ecuador organizados iniciaban la movilización nacional en defensa del agua, la tierra, la soberanía alimentaria y la vida". Los mismos elementos por los cuales exigen hoy que no se imponga la normativa nueva que promueve el oficialismo.

"Al inicio post-constitucional del gobierno de Correa, en abril del mismo año 2009, se vio un incremento de los conflictos indígenas", comparó Santos. "Pasaron de dos a seis entre el primer y el segundo cuatrimestre de 2009, para llegar en 2010 a 38 conflictos. Desde entonces la participación política de los dirigentes indígenas, de sus organizaciones y de Pachakutek (su partido político) aumentó progresivamente y ocupó el proscenio de las luchas sociales ante el declive de los otros movimientos y actores populares".

La última Constitución —"que se inaugura con una inequívoca declaración de las pluralidad de culturas de la nación ecuatoriana, la celebración de la naturaleza, la Pacha Mama y la prosecución del buen vivir, Sumak Kawsay", destalló— reconoce un régimen especial a las comunidades indígenas "en términos de autonomía y gestión territorial y de recursos". Lo cual reclaman las comunidades movilizadas en El Arbolito.

Nueva izquierda y viejo estatismo

Para Molina —quien también recibió, entre otros premios, el Rey de España por su trabajo periodístico, y es columnista del diario El País de Madrid— la cuestión política es simple: "Detrás de toda la propaganda acerca de una nueva izquierda tenemos en realidad el viejo nacionalismo estatista, con su dependencia de los recursos naturales, su vocación redistributiva, su exaltación del Estado y la patria (concebidos como una unidad histórica a las que las parcialidades deben plegarse), y su autoritarismo".

Santos encontró otras complejidades: "El gobierno de Correa promovió la participación política en ámbitos de la cultura, la educación, el desarrollo, la administración de recursos y el gobierno. Sin embargo, la integración al sistema político nacional (de partidos, electoral y parlamentario) dejó a las organizaciones y dirigencias políticas un limitado margen de reivindicaciones socio-políticas propias que le permitan afirmarse con relativa autonomía en cuanto movimientos sociales. Y no es difícil encontrar que quienes no acuerdan con el gobierno adoptan —de modo estratégico, no por convicciones— la posición de los pueblos originarios para desde ella ejercer su propia oposición".

También observó que la asunción del mando de Correa "contó, con toda intención política, con el protocolo de la tradición pre-europea más arcana": contra ese fondo, "la represión pone a prueba la ideología basal del programa del gobierno".

La CONAIE convocó a un "levantamiento" hasta que el Gobierno archive las enmiendas constitucionales. ¿Es eso viable?

Molina: —Claro que no. Es parte de la retórica de los movimientos sociales latinoamericanos. Pero dado el talante represivo de Correa, se trata sin duda de una exageración imprudente.

Santos: —El motivo inmediato es una ley de educación, pero no es difícil advertir que se trata de la punta de un iceberg que tiene que ver muy posiblemente con planteos de reivindicaciones más amplias. En todo caso, es posible revisar y revocar esas disposiciones siempre que haya voluntad política.

Carlos Pérez Guartambel, presidente de la Ecuarunari, explicó que el objetivo es establecer "las líneas de una verdadera legislación y fiscalización". Al dirigente indigenista lo han llamado golpista, y se ha defendido diciendo que el gobierno ha golpeado con leyes como "la Ley Orgánica de Educación Intercultural que no hace valer su nombre de interculturalidad y que cierra escuelas comunitarias", o las leyes de Minería y de Aguas que desoyeron lo que las comunidades amazónicas dijeron en las consultas prelegislativas.

A la luz de ese detalle, ¿cómo se puede interpretar el reclamo de una verdadera legislación y fiscalización?

Santos: —Como en otros casos, en nombre de la gobernabilidad se termina por deslegitimar el conflicto y se corre el riego de ser criminalizado.

Molina: —Lo que los indígenas piden, en el fondo, es control del Estado, y mayor respeto a la pluralidad social. Esta demanda no es abstracta sino que traduce la esperanza de participar más efectivamente en el Estado y de que las polìticas públicas dejen de ser antiindígenas. Hay intereses y principios en los movimientos indígenas que se oponen a los gobiernos de izquierda. Pero estos, igual que en los años '90 hicieron los gobiernos neoliberales, sólo pueden ver los intereses, no los principios.

Molina continuó su comparación de dos ideologías muy diferentes en el poder pero con idénticas acciones contra las comunidades indígenas: "Igual que en el pasado, se niegan a reconocer cualquier dignidad y sentido a los movimientos que se les oponen, así como a admitir que su comportamiento puede estar equivocado, así fuera de modo parcial. Simplemente les arrebatan toda legitimidad, por eso los acusan de golpistas. El resultado para estos gobiernos será el mismo que para los derechistas que los antecedieron: llegará un momento en que su actitud los desprestigiará. Lo que las demandas tienen de legítimo se articulará en un frente de masas que debilitará su poder".

El presidente Evo Morales, una de las voces principales en la defensa de los derechos de las comunidades indígenas, no se ha pronunciado sobre estas protestas. Tampoco sobre los ataques del Estado ecuatoriano a los manifestantes indígenas. ¿A qué se podría deber ese silencio?

Molina: —A que para él no se trata de manifestaciones indígenas, sino de acciones imperialistas en contra de los gobiernos de cambio social. Morales sí se ha manifestado, pero en contra de los golpes blandos que se estarían produciendo como resultado de una conspiración imperialista, que comienza con la crisis económica y termina en protestas como la de Ecuador y Brasil. Estas protestas, por tanto, para él no son de izquierda, sino de índole reaccionaria. Evo Morales no está con los indígenas, sino con Correa. El no es un líder de las luchas indígenas de América Latina sino de las luchas nacional-estatistas para desarrollar al continentes desde arriba, cooptando a la mayor cantidad de movimientos sociales, pero si es necesario en contra de ellos y cooptando a las burguesías nacionales, pero si es necesario contra ellas.

Susana Santos: —Los presidentes de países integrantes del UNASUR no comentan la política interna de otros países de la UNASUR, a menos que sean convocados para ello por sus colegas. Pensar que el presidente boliviano Evo Morales debería pronunciarse porque es aymara es racismo.