Así es la violenta deportación a cientos de colombianos en la frontera con Venezuela

Por el puente internacional Simón Bolívar no paran de transitar centenares de colombianos deportados de Venezuela, a la espera de que la "firmeza" prometida por el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, ponga fin a esa crisis humanitaria.

Desde que el pasado viernes el presidente venezolano, Nicolás Maduro, decretó el estado de excepción en el estado fronterizo de Táchira, han sido deportados al menos 861 colombianos, de los cuales, 170 son menores.

Los colombianos fueron deportados sólo con lo que llevaban puesto y fueron enviados a Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander, según datos oficiales divulgados este lunes.

Entre los deportados hay 170 menores

Las alambradas dispuestas por el presidente Maduro en el tórrido puente internacional Simón Bolívar, que une Cúcuta con las ciudades venezolanas de Ureña y San Antonio, han dividido en dos a un mismo núcleo urbano que compartía familias y negocios.

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"Solo nos dijeron que (nos deportaban) por ser colombianos. Nos decían ¿venezolanos o colombianos?, pues camine", relató a la agencia de noticias EFE Rocío Angarita sobre su expulsión del país en el que ha vivido los últimos 13 años.

La mayoría de los deportados llevaban viviendo en Venezuela varios años y señalan que han sido expulsados de sus casas a empujones, en mitad de la noche, por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) de Venezuela. "Sólo nos dejaron ponerle los zapatos a los niños", agregó Angarita.

"Solo nos dijeron que nos deportaban por ser colombianos"

Algunos de los deportados explicaron que cuando se marchaban, sus casas fueron derribadas con todos sus bienes en el interior, y añadieron que varios hogares habían sido marcados por los soldados venezolanos con la letra "D" de demolición y destrucción.

En el puente internacional Simón Bolívar, de alrededor de un kilómetro de longitud, se agolpan por la parte de Cúcuta, unas 200 personas en una calma tensa.

En medio del viaducto, miembros del Grupo de Operaciones Especiales de Colombia (GOES) y de la GNB venezolana, equipados con material antidisturbios, conversan separados por la verja enrejada que corta su paso.

Los hogares fueron marcados por los soldados venezolanos con la letra "D", de demolición y destrucción

A nivel institucional, la respuesta por parte de Colombia ha ganado en contundencia desde que la canciller, María Ángel Holguín, calificó como una "decisión soberana" el cierre de los pasos entre ambos países.

El presidente Santos, que en este tema ha mantenido una postura estrictamente diplomática, elevó el lunes el tono de sus declaraciones al asegurar que su gobierno defenderá con "firmeza" a sus ciudadanos.

"No nos falta ni nos faltará firmeza para defender a todos nuestros connacionales, donde quiera que su seguridad se vea amenazada o sus derechos fundamentales violentados", señaló Santos en un comunicado difundido por la Casa de Nariño, sede del Gobierno.

Los maltratos denunciados por los colombianos

Los militares venezolanos van de de casa en casa y sin orden judicial a revisar cajones, pedir papeles y realizar careos. Marcan las casas con letras que señalan el destino que dichas construcciones deben correr: si no tienen la R de revisado, les toca la D de demoler.

Inmediatamente después de esa primera inspección, la orden es ejecutada. Cuando avanzan las grúas, que ni siquiera dejan que la gente saque sus pertenencias, se pueden oír los gritos desesperados.

De acuerdo con lo que informa El Espectador, muchas casas ya han sido derribadas, sobre todo en la zona cercana al puente internacional Simón Bolívar. Vladimir Solano, periodista del diario La Opinión de Cúcuta, dice que los ánimos en la zona están caldeados. "Por una parte, han sacado a la gente que vive cerca del río. Los que han sido deportados viven cerca de ese lado. Hay retenes y sacan a muchos colombianos sin documentación".

El mismo periódico da cuenta de que las denuncias sobre maltratos a ciudadanos copan el voz a voz en la frontera y que algunos menores de edad de padres colombianos fueron separados de sus familias y llevados a un centro de atención público. El Gobierno colombiano señaló que 170 menores han sido repatriados y, según cifras de la Defensoría del Pueblo, 34 se habrían quedado en Venezuela sin su familia.