Sigue la incertidumbre sobre la validez de los allanamientos realizados en la causa Hotesur

La Cámara Federal rechazó este jueves el pedido del fiscal Germán Moldes para aclarar si son nulos o no los allanamientos realizados en Santa Cruz por orden del juez Claudio Bonadio en el marco del caso Hotesur, en el que se investiga el supuesto lavado de dinero de la empresa de la que es socia la presidente Cristina Kirchner.

Los camaristas Eduardo Freiler y Jorge Ballestero (el tercer juez Eduardo Farah esta de licencia) rechazaron el pedido de Moldes para aclarar el alcance de la nulidad que ellos mismos ordenaron. Los magistrados dispusieron que, en todo caso, eso debería hacerlo el juez Daniel Rafecas, que tiene a cargo la causa desde que fue apartado Bonadio por convocar a unos peritos contables sin darle intervención a las partes.

La nulidad cuyos alcances buscaba conocer Moldes fue decretada luego de los allanamientos que Bonadio había encargado a la Policía Metropolitana en Río Gallegos, Comodoro Rivadavia, San Carlos de Bariloche y El Calafate, algo por lo cual también fue fruto de críticas del tribunal en coincidencia con el gobierno nacional.

Por lo pronto, la Cámara aún no resolvió el pedido de incompetencia de Rafecas para seguir interviniendo en la causa en función del territorio, pues algunas de las defensas insisten en que la causa debe ser investigada en Río Gallegos.

Tras la decisión de la Cámara, la denunciante, la diputada Margarita Stolbizer, apeló aquel fallo que apartó a Bonadio. Al respecto, Freiler y Ballestero consideraron que antes de resolver ese recurso, el juez Rafecas debe resolver si la legisladora es aceptada como querellante en la causa. Ese rol le permitiría, entre otras cosas, proponer medidas de prueba.

En el expediente se ventila una presunta maniobra de lavado de dinero a raíz de que la firma Hotesur, que explota el hotel Alto Calafate, había alquilado plazas hoteleras a personal de la empresa Valle Mitre, de Lázaro Báez, que nunca se ocuparon. También se investiga la falta de presentación de documentación en la Inspección General de Justicia (IGJ).