Polémica expropiación de un banco en medio de sospechas sobre subsidios a ONG

La expropiación de las acciones del Nuevo Banco de La Rioja (NBLR) que estaban en poder del Banco de Santiago del Estero podría destapar una olla de corrupción en el seno del gobierno de Luis Beder Herrera. La maniobra se realizó apenas cuatro días después de que la entidad informara al Banco Central una serie de operaciones sospechosas vinculadas a quince ONG que reciben millonarios subsidios del Ejecutivo provincial y que en pocos meses retiraron 300 millones de pesos en efectivo.

El Banco de La Rioja quebró dos veces en los años 90 por la gran cantidad de deudores morosos incobrables. La última, en 1999, incluyó la pérdida de 100 millones de dólares. En diciembre del año siguiente, el Banco de Santiago del Estero se quedó con el 70% de las acciones. Desde entonces, superó las sucesivas inspecciones integrales del Banco Central. Y nunca recibió una objeción por parte del Gobierno provincial, que el pasado 13 de abril aprobó la memoria y el balance sin hacer observaciones. Pero algo cambió y de un día para el otro la Legislatura riojana aprobó la expropiación del banco.

La decisión fue tan vertiginosa, que la medida ni siquiera estaba en el orden del día de la Legislatura cuando fue aprobada el jueces de la semana pasada. Y aquí hay un punto más que sugestivo: se hizo apenas tres meses después de que el Gobierno aprobara el balance de la entidad y en la misma semana en la que el NBLR informó ante el BCRA una serie de operaciones sospechosas vinculadas al gobierno de Beder Herrera.

El Banco Central dispuso a partir del 1 de mayo que una serie de cambios en el control de los subsidios entregados por el Poder Ejecutivo a fundaciones, asociaciones civiles y cooperativas depositados en Cajas de Ahorro. A partir de ello, los funcionarios a cargo de los controles internos del NBLR detectaron irregularidades con respecto a 96 entidades, a muchas de las cuales debió procederse a cerrar sus cuentas. "Se destaca que 15 de esas entidades recibieron en los últimos 18 meses aproximadamente 570.000.000 de pesos, y que de ese importe se retiraron por caja más de 300.000.000 de pesos en efectivo", denunció el directorio en la solicitada publicada el sábado en varios medios nacionales.

Una fuente bancaria consultada por este medio aseguró en estricto off the record que de las ONG en cuestión, hay una especialmente en la mira, la Fundación Futuro, que habría cobrado unos 290 millones de pesos y que sería la misma que hace unos años fue fruto de una denuncia periodística porque cobró 10 millones de pesos por parte del Ministerio de Desarrollo que conduce el vicegobernador electo, Néstor Bosetti.

Una denuncia presentada en abril ya había puesto en la mira al negociado de las ONG. Esa vez, se trató de la Fundación Liderar Para Una Mejor Calidad de Vida, cuya comisión directiva, según la acusación, está presidida por el director del Centro Administrativo Provincial (CAP) y Conservación de Edificios Públicos de la provincia de La Rioja, Santiago Javier Barroso. De acuerdo a la documentación aportada, el funcionario usó para beneficio personal buena parte de los 60 millones de pesos que recibió de subsidios del Estado provincial para pagar los sueldos de 230 empleados que tenía realizando tareas de limpieza en los hospitales Vera Barros y de la Madre y el Niño, por los que cobraban unos 1.500 pesos al mes. El dinero había sido depositado en el Nuevo Banco de La Rioja.

Según logró reconstruir este medio, un equipo de abogados –algunos vinculados a La Cámpora– estuvieron en La Rioja en los días previos a la expropiación asesorando al equipo legal del Estado provincial y buscando argumentos para justificar la maniobra.

El argumento elegido es que el NBLR no cumplió con algunas clausulas del contrato de concesión, sobre todo, la falta de créditos para la producción y el comercio, algo que en 15 años jamás manifestó. Incluso el fiscal Gastón Mercado Luna –siempre atento a los intereses del bederismo– demandó por daños y perjuicios al Banco de Santiago del Estero.

Desde el banco rechazaron esos pretextos y explicaron en la solicitada que, por ejemplo, "en los últimos tiempos se entregaron créditos de inversión productiva con tasas de interés preferenciales a 109 empresas riojanas por un monto de $47.308.830".

Al margen de la discusión sobre los motivos alegados, cualquier cambio accionario en un banco está supeditado a la aprobación del Banco Central. Y según la prensa local, recién ayer enviaron una nota al titular de la entidad, Alejandro Vanoli, para que autorice la expropiación.

La cuestión temporal es otro reflejo del interés del gobierno provincial por apurar el traspaso. Incluso esta misma semana se buscó nombrar al gerente general, algo que a cualquier entidad le demoraría años. Y hubo un intento por tomar posesión de la casa matriz, pese a que el Banco Central ni siquiera intervino aún en el caso. De hecho, una fuente del sector aclaró que "estos procesos suelen tardar varios meses hasta que se pide la autorización". Por eso desde el banco aclararon a Infobae que "se está trabajando con normalidad" y que "todos los empleados tienen garantizada su fuente de trabajo".

Qué hará el BCRA es un misterio. El rumor instalado es que hay luz verde desde la Casa Rosada para autorizar la expropiación. Pero es sólo eso, un rumor. Sin embargo, la respuesta que recibió el presidente del NBLR y vicepresidente del Banco de Santiago del Estero, Jorge Rodolfo González, fue más que sugestiva. "Llamé personalmente al Banco Central y me atendió el vicepresidente (Miguel Ángel Pesce), quien me contestó que no pueden hacer nada contra la presentación de un gobernador", le confesó a Infobae.

Al ser consultado sobre la posible aprobación de la operación por parte del Banco Central, respondió: "Lo más grave es que todo esto generaría una enorme desconfianza en el país, porque las expropiaciones deben ser pagadas y fruto de un consenso. Si no, es una usurpación. Ya me están llamando de España para preguntarme qué pasó. ¿Quién le va a dar un crédito al país después de una expropiación compulsiva?".

En el terreno judicial, la Cámara Segunda, Civil y Comercial dictó una medida cautelar a favor de la Provincia, mientras que el directorio presentó hoy un recurso de casación para frenar esa decisión. En unos 10 días habrá una resolución.

El Banco Central, en tanto, debería haber informada a la Unidad de Información Financiera (UIF) sobre los movimientos de dinero denunciados por el NBLR, pero la información no pudo ser corroborada por este medio debido a que rige el secreto fiscal. Por eso en el radicalismo están armando una presentación judicial que permitiría avanzar sobre esas limitaciones.

"No nos interesa lo que quiera hacer el Gobernador con el banco ni pretendemos cuidarle el negocio a los accionistas privados, sino que acá hay una suma muy grande de fondos públicos que se maneja de manera dudosa y que queremos saber para qué se usan", le dijo a Infobae la legisladora provincial Inés Brizuela y Doria. "También queremos que haya transparencia en el traspaso, porque esto no es una expropiación, sino una apropiación, y puede generarle consecuencias patrimoniales incalculables a la Provincia", añadió.

A su vez, a nivel nacional, el diputado Alberto Asseff presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo para que a través del Banco Central precise algunos aspectos de lo que calificó como "una maniobra legislativa buscaría encubrir acciones de lavado de activos propiciadas por el propio Estado provincial".

En el imaginario colectivo todavía pesan las bolsas llenas de dólares que el valijero Leonardo Fariña reconoció en su momento que trasladaba para lavar dinero del empresario Lázaro Báez. Por eso en La Rioja se volvió a hablar de grandes bolsas negras y plagadas de billetes retiradas del NBLR y pagadas con dinero de subsidios del Estado.