Durante un mitin con transportistas afines al oficialismo, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, afirmó que "no es casualidad" que los gobiernos de izquierda de Argentina, Brasil, Bolivia, Venezuela y de su propio país estén enfrentado un supuesto descontento social en un año "extremadamente difícil" en lo económico, a raíz de la caída de los precios de las materias primas y la apreciación del dólar.
"Eso no es casualidad. Es la arremetida de la restauración conservadora o como la llamó un intelectual portugués: la nueva Guerra Fría que devuelve al pasado y trata de aniquilar los gobiernos de cambio en América Latina", sostuvo.
Correa, que enfrenta desde hace dos meses protestas de diversos sectores contra sus políticas de corte socialista y su estilo de gobierno, tildado de "autoritario", agregó que la oposición se articuló "nacional e internacionalmente" y recurrió a nuevos planes de desestabilización ante la imposibilidad de dar un golpe de Estado.
"Por eso utilizan otra estrategia: calentamiento de las calles, deslegitimación del presidente, desinstitucionalización, generación de incidentes, de violencia... guerra psicológica y guerra económica para debilitar a los gobiernos, para desestabilizar a los gobiernos", afirmó.
En ese sentido, llamó a sus seguidores a "estar muy atentos" y a rechazar la huelga que sindicatos, organizaciones sociales e indígenas convocaron para el 13 de agosto con el respaldo de grupos políticos de derecha.
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"Enfrentamos una nueva derecha articulada nacional e internacionalmente, con la complicidad de la supuesta extrema izquierda", con grupos "infiltrados por agencias extranjeras de inteligencia", dijo el mandatario ecuatoriano. "Que no les quede la menor duda. Tenemos datos de aquello", remató.
El paro programado por la semana próxima contra Correa -todavía muy popular en amplios sectores- se encamina a convertirse en una nueva medición de fuerzas entre el oficialismo y la oposición a dos años de las elecciones presidenciales.
En el poder desde 2007, Correa aguarda la aprobación de una enmienda constitucional -prácticamente garantizada por la mayoría oficialista en el Congreso- para decidir si se postula a un nuevo mandato
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