El gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, usa el sistema judicial como castigo político, con demandas penales contra decenas de opositores que han criticado sus políticas en los medios, denunció este jueves la organización Human Rights Watch (HRW).
Según HRW, además de los procesos más notorios contra dirigentes políticos como el encarcelado Leopoldo López, decenas de críticos menos conocidos enfrentan acciones penales en su contra o han sido amenazados con ellas por autoridades venezolanas.
Pero lo más grave es la "ausencia de un Poder Judicial independiente" que pueda frenar las acciones del Poder Ejecutivo, advirtió la organización estadounidense.
"El gobierno de Venezuela utiliza el sistema de justicia como una fachada, pero la realidad es que los jueces y fiscales venezolanos se han convertido en soldados obedientes", señaló José Miguel Vivanco, director ejecutivo para las Américas de HRW, en un comunicado.
Para Vivanco, "las autoridades venezolanas han abusado de sus facultades, de forma recurrente, para limitar la libre expresión, y eso impide un debate abierto y democrático, lo cual es especialmente importante de cara a las elecciones legislativas que se realizarán en diciembre", señaló Vivanco.
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La organización de derechos humanos destacó el caso de Fray Roa Contreras, un directivo de la asociación de empresas licoreras, que fue detenido a fines de julio un día después de criticar en una entrevista televisiva las políticas económicas del Gobierno, en momentos de una severa escasez de productos que amenaza con alcanzar la producción de cerveza.
Roa Contreras enfrenta acusaciones de presuntamente difundir información falsa que "cause pánico", pero otros son acusados de difamación, como 22 personas vinculadas a medios de comunicación en una querella contra el presidente de la Asamblea Nacional y número dos del partido de gobierno, Diosdado Cabello.
En total HRW documentó 31 casos en Caracas y otras cuatro regiones, incluyendo el de un médico que cuestionó en televisión la escasez de medicamentos, un ingeniero que criticó las políticas sobre suministro eléctrico y de una mujer ciega con trastornos psicológicos que escribió en Twitter que "morirá la dictadura en Venezuela".
Las tres personas fueron detenidas y enfrentan procesos judiciales. Aunque en muchos casos son liberadas, las investigaciones siguen vigentes, indicó la organización.
Los procesos judiciales ocurren cuatro meses antes de unas cruciales elecciones legislativas en diciembre, que por primera vez desde 1999 podría ganar la oposición, según los sondeos.
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