La abogada Beatriz Catta Preta, quien defendía a nueve de los reos de la investigación por la corrupción en la estatal brasileña Petrobras, renunció al caso porque se siente amenazada, según declaraciones que publican este sábado medios locales.
"No recibí amenazas directas, pero sí indirectas, que llegan de una forma velada", declaró en varias entrevistas publicadas por periódicos locales, como O Globo y O Estado de Sao Paulo, y en otra concedida al canal de televisión Globo.
Catta Preta convenció a varios de sus clientes, en su mayoría empresarios y ex directivos de Petrobras, a firmar sendos acuerdos de cooperación judicial a cambio de reducciones de pena que han dado la mayoría de las pistas que han guiado las investigaciones.
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Explicó que decidió renunciar al caso después de que una comisión parlamentaria que investiga el asunto la citó a declarar con la pretensión de que, entre otras cosas, revele el monto y origen de sus honorarios, lo cual está protegido por el secreto profesional.
"Mis honorarios fueron recibidos de forma legal, los impuestos fueron debidamente pagados y todo fue declarado" al fisco, garantizó Catta Preta, quien apuntó que si algún político desea conocer el origen, "debería preguntarle" a los propios acusados.
"Que una abogada de defensa sea blanco de ataques políticos es una inversión de valores gravísima", sostuvo Catta Preta, e insistió en que teme sufrir "algún tipo de violencia" por su actuación en un caso que implica a decenas de grandes empresarios y a medio centenar de dirigentes políticos.
La abogada insinuó que por detrás de las "amenazas veladas" que habría recibido de "forma indirecta" pudiera estar el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, a quien uno de sus clientes acusó de haber recibido comisiones ilegales de cinco millones de dólares por amañar contratos en la petrolera.
El cliente en cuestión es el empresario Julio Camargo, quien en una primera declaración no había citado las supuestas comisiones pagadas a Cunha, aunque sí lo hizo en un segundo testimonio.
Según Catta Preta, Camargo omitió ese asunto la primera vez pues "temía llegar al presidente de la Cámara de Diputados", pero luego decidió citarlo pues obviarlo podía poner en riesgo el acuerdo de colaboración que había alcanzado con la justicia.
"Un colaborador no puede omitir hechos ni puede mentir", dijo la abogada, quien aseguró que todos sus clientes han aportado "pruebas" que fundamentan sus acusaciones.
En todas sus declaraciones, los reos defendidos por la abogada involucraron a dirigentes de diversas formaciones, como el Partido de los Trabajadores (PT), de la presidenta Dilma Rousseff, y el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMBD), que lidera el vicepresidente Michel Temer.
Según las investigaciones, los políticos influían para que una veintena de empresas privadas obtuviera contratos amañados y con valores inflados con Petrobras, y luego repartían la diferencia con ex directores de la petrolera que integraban la red.
Petrobras ha reconocido el impacto de las corruptelas en sus balances y lo ha calculado en unos 2.000 millones de dólares entre 2004 y 2014.