Por qué Brasil puede investigar al poder económico y político

En los últimos meses, el caso de Petrobras ha crecido como una bola de nieve, a punto tal que sus consecuencias en el provenir cercano y lejano "son muy impredecibles y dependerán en buena media de los desarrollos económicos de la crisis", dijo a Infobae el especialista Carlos Eduardo Lins da Silva, investigador internacional en el Instituto sobre Brasil del Woodrow Wilson International Center. Impredecibles en extremo: "Aunque no creo que en este momento eso vaya a ocurrir, no se puede descartar un impeachment de la presidenta Dilma Rousseff", agregó el ex editor en jefe y ombudsman de A Folha de Sao Paulo.

Esa mera posibilidad, y en general el desarrollo de la causa —en la cual la Fiscalía ha acusado de organización criminal, corrupción y lavado de dinero a dos de los mayores empresarios brasileños, Marcelo Odebrecht y Otavio Azevedo— hacen de Brasil un caso aparte en América Latina.

En países como la Argentina la excesiva proximidad entre la justicia y los poderes político y económico se puede sintetizar en ejemplos como el legendario listado en una servilleta de los jueces afines a entonces gobernante Carlos Menem hasta la falta de resolución del trágico ataque terrorista a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994, a la que en enero pasado se agregó la misteriosa muerte del fiscal que lo investigaba. También en Ecuador la justicia está cuestionada, y en Venezuela es más difícil probar la independencia de la tercera rama del poder republicano que lo contrario.

Sérgio Giovanetti Lazzarini explicó a Infobae que su país "ha desarrollado un conjunto de equilibrio de poderes que en verdad se distingue entre otros países comparables". Este profesor y director de Estudios de Posgrado Strictu Sensu en Insper agregó: "El Poder Judicial es bastante independiente. También tenemos una serie de agencias de control e investigación que han actuado con independencia del gobierno (la Policía Federal, el Tribunal de Cuentas, el Ministerio Público)".

Con él coincidió el historiador Jeffrey Lesser, a cargo de la cátedra Samuel Candler Dobbs y titular del Departamento de Historia de Emory University. "Como regla general, el sistema de Justicia (en particular la Corte Suprema, STJ), opera en Brasil de modo mucho más independiente que en otros países. Es parte de un extenso legado de independencia que inclusive existió (créase o no) durante la dictadura militar."

Por qué la Fiscalía funciona

Como muchas naciones latinoamericanas, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial y con el comienzo de la Guerra Fría, Brasil ha sufrido inestabilidad institucional. Pero varios factores hacen que haya emergido de la dictadura de modo diferente a sus vecinos.

Por eso mientras los familiares de los muertos en el atentado contra la AMIA siguen persiguiendo justicia, en Brasil la Fiscalía investiga a la empresa más grande del país por sobornos y fondos ilegales estimados en 800 millones de dólares, presuntamente canalizados al Partido de los Trabajadores (PT) en el poder, un caso que ha lesionado la imagen de la presidenta Rousseff y ha afectado a su antecesor, Inácio Lula da Silva, en funciones cuando comenzaron las irregularidades.

Los vínculos personales de figuras encumbradas como Odebrecht y Lula da Silva no han servido para ocultar el escándalo; la justicia ha operado sin limitación aparente en el mayor caso de corrupción que habilitó la apertura de investigaciones a trece senadores, veintidós diputados y dos gobernadores en funciones; el arresto del ex tesorero del PT, Joao Vaccari, y un pedido de informes reciente al Ministerio de Relaciones Exteriores para explorar las posibles prolongaciones del caso en Venezuela.

Matthew Taylor, también investigador del Wilson Center y ex docente en la Universidad de São Paulo, distiguió "los varios factores que han contribuido a la efectividad del sistema judicial brasieño en este caso".

El primero: "Tanto los jueces como los fiscales son independientes, y han recibido garantías creíbles de tal independencia en la Constitución de 1988".

Coincidió Lins da Silva: "El Ministerio Público, creado por la Constitución de 1988, es una rama independiente de poder. No se ubica bajo el Ejecutivo, el Legislativo ni el Judicial. En Brasil la Justicia es independiente, y también la Policía Federal es muy autónoma aunque formalmente esté bajo el control del Poder Ejecutivo. Pero más que la Justicia, el Ministerio Público es una fuerza real en Brasil. Su misión es proteger a la sociedad y preservar la Constitución".

El doctor Taylor —quien enseña en la Escuela de Servicio Internacional de American University— amplió sobre este primer factor: "Tanto los jueces como los fiscales se contratan mediante concursos públicos competitivos, lo cual significa que —excepto en los tribunales superiores— tanto los jueces como los fiscales responden más a sus colegas que a los políticos".

Los demás factores, completó Taylor: "En segundo lugar, ser un juez o un fiscal conlleva un enorme prestigio; ellos constituyen una élite dentro de las profesiones legales. En tercer lugar, se les paga extremadamente bien y reciben ventajas y beneficios importantes".

La prensa y las nuevas generaciones, contra la impunidad

Lazzarini —también coautor de Reinventing State Capitalism: Leviathan in Business, Brazil and Beyond— señaló otro elemento que contribuye al equilibrio entre los poderes: "Algo que no es menos importante: también tenemos una prensa independiente que ha expuesto ampliamente los casos de delitos y la información de las investigaciones".

Como ejemplo basta el seguimiento de la revista Veja que acaba de publicar las declaraciones del empresario Leo Pinheiro sobre el papel de Lula da Silva, cuya amistad compartió, en el escándalo.

Pero acaso lo más decisivo para que lo que dice la letra de una constitución se concrete en la realidad ha sido que "el sustituto generacional en los cuerpos de jueces y fiscales ha eliminado a la generación más antigua y más tímida, formada durante el régimen militar, y la reemplazó con un grupo que es mucho más agresivo en la promoción de la igualdad ante la ley", señaló Taylor, también autor de Judging Policy: Courts and Policy Reform in Democratic Brazil, que ganó el premio Victor Nunes Leal al mejor libro de Ciencia Política

"Tanto los fiscales como el juez en esta causa son jóvenes, extremadamente bien calificados y, a juzgar por sus declaraciones públicas, están extremadamente frustrados por la cultura de impunidad que ha prevalecido en Brasil. Están ansiosos por aprovechar los cambios importantes en la ley brasileña que prohíben el lavado de dinero y no han tenido reparos en encarcelar a miembros de la sociedad que anteriormente se consideraban demasiado poderosos como para ser procesados, como políticos de importancia y hombres de negocios ricos", detalló.

—¿A qué se refiere con la cultura de impunidad?

—En Brasil no ha sido fácil perseguir la corrupción —dijo Taylor, quien ha estudiado el tema en profundidad y es co-editor, con Timothy J. Power, de Corruption and Democracy in Brazil: The Struggle for Accountability—. Existían leyes que hacían difícil el procesamiento de políticos, en particular, y existían grandes huecos legales que implicaban una tolerancia al lavado de dinero y la corrupción. Pero durante buena parte de los veinte años pasados se ha visto en macha una mejora lenta y sostenida, a la cual ayudó la estabilización de la moneda, lo que hizo más visible la corrupción. También se fortalecieron varias instituciones, como los tribunales, el Ministerio Público, la policía federal y la Controladuría General de la Unión (CGU).

Al mismo tiempo, como señalaron todos los expertos que se consultaron para esta nota, hubo un gran cambio en el marco legal, "impulsado por los tratados internacionales tanto como por la sociedad civil", detalló el profesor Taylor. Ofreció un ejemplo: "Sólo al terminar el siglo [XX] se endurecieron las leyes sobre lavado de dinero, y se cambió la normativa para permitir que los tribunales vieran casos contra políticos en funciones sin consultar primero al Congreso (anteriormente, el Legislativo debía votar para permitir la prosecución de un caso legal)".

Petrobras: más Mensalão que Collor de Melo

El profesor Lesser —quien también ha estudiado a fondo la diversidad del país, como en su libro Immigration, Ethnicity, and National Identity in Brazil, entre otros libros premiados en inglés y en portugués— se interesó por la cuestión de Petrobras como un caso de dimensiones tan grandes, y la paradoja subyacente. "Por un lado, durante la década pasada (es decir, desde que el PT asumió la presidencia) el propio gobierno ha estado mucho más alerta al combate contra la corrupción. Una de las ironías del caso de Petrobras es que esta buena intención con frecuencia se politiza y se usa contra el liderazgo, en este caso los presidentes Lula y Dilma".

Otros antecedentes prueban que precisamente bajo la gestión del PT la justicia ha podido actuar con independencia y el Ministerio Público gozar de una capacidad operativa que le otorga un margen de poder propio, algo impensable durante, por ejemplo, los tiempos del breve Fernando Collor de Mello. El presidente más joven de Brasil asumió con un virtual plan de asalto del Estado delegado en su tesorero de campaña, Paulo César Farías, y fue destituido por el Congreso —gracias también a una tarea titánica de investigación a cargo de la prensa— mientras que la justicia lo absolvió.

Para el profesor Lins da Silva, consejero especial de la Fundación de Investigación San Pablo (FAPESP) y de Geopolitical Information Service, el caso Petrobras es original y a la vez tiene antecedentes: "Lo que estamos viendo en Brasil es completamente inédito en nuestra historia. Los ejecutivos principales e inclusive los dueños de algunas de las corporaciones más grandes del país son acusados formalmente, procesados y sentenciados a prisión, como en el caso Mensalão lo fueron políticos muy importantes. La Corte Supema también ha sido de una independencia destacable, como se probó ya en el caso Mensalão".

El 15 de noviembre de 2013, aunque era feriado —en esa fecha, en 1889, se derrocó al emperador Don Pedro II y nació la república—, la Corte Suprema trabajó para ordenar los arrestos de 12 políticos de alto perfil en lo que se conoció como el Caso Mensalão. La palabra significa mesada, o asignación periódica, aunque en este caso no se trató del escaso dinero que se da a los niños para que aprendan a administrarse sino de cifras de unos 12.000 dólares mensuales en promedio que el PT pagaba a cada uno de sus aliados en el Congreso para comprar sus votos.

Los acusados ascendieron a 40, de los cuales 25 fueron condenados por cargos como soborno, lavado de dinero, desvío de fondos públicos y conspiración. "El caso terminó en 2014, cuando el jefe de Gabinete [del presidente Lula da Silva], el líder del partido gobernante y el presidente de la Cámara de Diputados fueron encarcelados", sintetizó el investigador Taylor.

A continuación destacó: "Lo más importante es que Brasil ha sacado provecho de las lecciones que aprendió de una progresión sostenida de escándalos".

Nada de eso se puede decir de Argentina, donde el vicepresidente Amado Boudou y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, también precandidato presidencial, Mauricio Macri, están procesados; tampoco de Venezuela, donde la violencia política del oficialismo está teñida de sospechas de vínculos con el narcotráfico.

"Recordemos que en 1992 aunque el presidente Collor sufrió impeachment, la Corte Suprema decidió absolverlo por un tecnicismo. Perdió sus derechos políticos durante ocho años, pero luego fue elegido senador. Ahora se lo acusa en el escándalo de Petrobras, y se han visto las imágenes icónicas de sus automóviles ostentosos remolcados por la policía", agregó Taylor.

"Las instituciones jurídicas han aprendido mucho desde 1992", continuó el especialista. "Saben qué clase de procesamientos serán tolerados en los tribunales superiores, tienen más cuidado con la preservación de los derechos de los acusados para evitar rechazos por tecnicismos y han hecho mucho para captar el apoyo de la sociedad, lo que hace más difícil que los jueces corruptos o tolerantes reviertan las condenas."

La experiencia del caso Mensalão "ha hecho mucho para demostrar que nadie está por encima de la ley". Y más destacado: "No existen muchas democracias en el mundo que pudieran haber sobrevivido a la cadena de encarcelamientos de tantos poderosos. Ha sentado un antecedente muy importante para la democracia brasileña", concluyó el profesor de American University.

Escándalo y justicia: las consecuencias

El doctor Giovanetti Lazzarini, de la universidad paulista de Insper, se manifestó pesimista sobre el impacto próximo del caso Petrobras pero optimista sobre el porvenir: "En los plazos corto y mediano, se espera que Brasil sufra una desaceleración económica, pero todos los controles del equilibrio entre poderes son sin dudas un elemento positivo para nuestro desarrollo futuro".

También el profesor Taylor enfocó la cuestión económica en el corto plazo: "Esto ha hecho la vida muy incómoda en Brasilia", sintetizó el especialista. "Los políticos de todos los partidos se cuidan las espaldas, y el gobierno de Rousseff enfrenta una crisis de tanta severidad como los gobiernos del período posmilitar. Los efectos en la economía son muy reales, con el achicamiento de Petrobras y los desafíos que enfrentan las firmas constructoras".

Para el profesor Lesser las consecuencias políticas en el corto plazo se desglosan en tres: "Primero, un regreso a la gran desconfianza del gobierno que existió durante buena parte del período posterior a la Segunda Guera Mundial, situación que mejoró durante el presidente Lula. Ahora parece que el público en general no confía en el sistema político. En segundo lugar hay una brecha visible entre la demanda y el desempeño, las expectativas públicas y la capacidad del gobierno para satisfacerlas. Por último este caso en particular, dado que involucra a industrias enormes, ha contribuido a acelerar el ciclo declinante de la economía brasileña, en especial en lo que se refiere a la calificación crediticia y la fuerza de la moneda".

Aunque lo evalúa con reservas —"hay que esperar y observar"— el investigador Lins da Silva ve la mitad llena del vaso: "Soy muy optimista sobre las relaciones entre el sector público y privado, que cambiarán para siempre, y para mejor, en Brasil", dijo sobre el día después del fin del caso Petrobras.

En la misma línea que destacó sobre el caso Mensalão, el profesor Taylor cree que el caso Petrobras ha demostrado que también los empresarios tienen que rendir cuentas. "Los líderes de negocios que hoy están en la cárcel, como Marcelo Odebrecht, eran titanes de la industria —dijo—. Se codeaban con presidentes y disfrutaban de un estilo de vida de alto vuelo a lo ancho del mundo. El hecho de que ejecutivos de corporaciones estén en prisión, y que varios ya hayan sido sentenciados a cinco o más años, es algo nuevo en Brasil. Envía una señal muy clara tanto a los empresarios como a los políticos: quien no juega de acuerdo con las reglas será castigado".

Taylor hizo énfasis en ese mensaje: "Es algo nuevo para la política brasileña, que durante mucho tiempo padeció la borrosidad de la línea que separa lo privado de lo público".

Las incógnitas pendientes

En opinión del investigador del Brazil Institute del Wilson Center quedan dos preguntas por responder:

1) ¿Avanzará la Corte Suprema hacia el procesamiento de los líderes políticos involucrados, a cualquier costo?

"Ya hay señales perturbadoras de que jueces superiores se encuentran en secreto con representantes del gobierno. La salida de Joaquim Barbosa del tribunal luego del caso Mensalão eliminó a uno de los jueces anti-corrupción más activos y mostró el alto costo personal de luchar contra el sistema descompuesto", observó sobre esa duda. "Y el gobierno sufre mucha presión de los líderes del Congreso para que controle investigaciones posteriores, aún si hay poco que pueda hacer para controlar a los fiscales o los jueces."

2) ¿Los fiscales y los jueces continuarán jugando un papel activo al perseguir el delito cometido por empresarios poderosos y líderes políticos?

"Ya algunos de los fiscales involucrados en el caso Petrobras se quejan de las amenazas y los desafíos que enfrentan. Esto puede debilitar la voluntad de algunos de sus colegas menos arrojados",

En definitiva, expresó Taylor, la gran pregunta para el lago plazo es si la transparencia ha llegado para quedarse. "Conviene reconocer cuán importante es este caso para la democracia brasileña, pero también cuánta incertidumbre queda sobre cómo se desarrollará. Los empresarios que están en la cárcel probablemente sigan en la cárcel".