El empresario Ricardo Pessoa, dueño de la constructora UTC Engenharia y detenido por el Caso Petrobras, aseguró que "un representante del presidente del Perú" se reunió con él en 2013 y que, tras la cita, dispuso abrir una sucursal de su empresa en el Perú.
Según difundió El Comercio de Perú, el contacto entre Pessoa y el supuesto intermediario de Ollanta Humala se llevó a cabo gracias a José Dirceu, ex ministro de la presidencia de Brasil, preso desde noviembre de 2013 acusado de ser el cerebro de la trama de financiación ilegal de las campañas políticas del Partido de los Trabajadores.
"En cierta ocasión, poco tiempo antes de la detención de Dirceu, Pessoa conversó con él [...]. Dirceu le hizo una propuesta para realizar obras en el extranjero, como Perú, Colombia y España; y le aseguró que tenía buenos contactos en los países vecinos", se puede leer en el expediente de la investigación.
"Pessoa le dijo a Dirceu que [...] le interesaba Perú. [...] Las conversaciones prosperaron. José Dirceu trajo a Brasil a la persona que representaba al presidente del Perú. [...] UTC llegó a abrir una oficina en Perú y el proyecto siguió. Dirceu demostró que no solamente le abritía las puertas en Perú, sino que colocaría a UTC en las obras públicas", agrega el docuemnto.
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El semanario peruano Hildebrandt en sus 13 reveló que a partir de los registros migratorios de personas próximas al entorno de Ollanta Humala y su mujer, la polémica Nadiene Heredia, se constató que Rocío Calderón Vinatea, amiga de la primera dama y ex miembro del Consejo Directivo del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE), viajó a Brasil entre el 4 y 9 de octubre del 2013.
El presidente Humala negó que su gobierno esté involucrado: "Una característica de nuestro gobierno es trabajar con transparencia, con honestidad. No nos están sacando temas de corrupción, no nos metemos en ese tipo de porquerías. Además, trabajamos siguiendo los procedimientos regulares".
El mayor caso de corrupción en la historia de Brasil motivó numerosas causas y la apertura de investigaciones a 13 senadores, 22 diputados y dos gobernadores en funciones, sospechosos de haber participado en la trama de pago de sobornos a cambio de contratos en la estatal. Entre los acusados de corrupción y lavado de dinero está el ahora ex tesorero del gubernamental Partido de los Trabajadores (PT, izquierda) Joao Vaccari, que está arrestado desde abril.
El estallido de la crisis de Petrobras expuso a las principales empresas de infraestructura de Brasil por su actuación en las obras que licitaba la petrolera, principal inversora del país. Sus problemas arrastran, a su vez, a cientos de proveedores de menor escala.
La nueva fase de la investigación, denominada Operación Lava Jato ('lavadero de autos'), reveló una gigantesca red de sobornos ligados a la política que le costó más de 2.000 millones de dólares a Petrobras y tiene en jaque a todo el sector político y que incluso podría hacer caer al gobierno de Dilma Rousseff.
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