Tal como había anticipado, la diputada Margarita Stolbizer apeló la decisión de la Sala I de la Cámara Federal porteña, que apartó a Claudio Bonadio de la investigación sobre Hotesur, la empresa que maneja los hoteles de la familia presidencial en el sur. La presentación fue realizada hoy, pero recién se estudiará en agosto, ya que la líder del GEN no solicitó habilitar la feria judicial que comienza el lunes y pone en receso a los tribunales durante dos semanas.
En un fallo dividido, se impuso el criterio de Eduardo Freiler y Jorge Ballestero, quienes consideraron que Bonadio carece de la imparcialidad necesaria para seguir al frente de la causa. Además objetaron parte del proceso, anulando la convocatoria que hizo el juez a expertos de la Corte Suprema primero para hacer una consulta sobre el enfoque de la pericia y luego para un peritaje, y que ocasionó quejas de las defensas.
"La Sala I solamente debía expedirse sobre la validez jurídica de la consulta del juez a los peritos de la corte. Aun reconociendo las atribuciones para rever y declarar nula esa medida, la decisión del apartamiento del juez es desmesurada y arbitraria, y demuestra la intención de aplicar una sanción política al juez que tres días antes llevó adelante un procedimiento para obtener información sobre las sociedades de la familia Kirchner", sostuvo Stolbizer en un comunicado.
Si prospera la apelación, el fallo será revisado por la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada desde hace días por nuevos conjueces nombrados por el Gobierno.
El caso apunta a un supuesto lavado de dinero con las empresas ligadas a la familia Kirchner. Por eso Stolbizer apuntó directamente contra la Presidente. "Las presiones sobre el juez, al punto de su apartamiento, son la confesión de la responsabilidad que tiene la Presidenta por las irregularidades en el manejo de sus negocios privados y la imposibilidad de justificar sus aumentos patrimoniales. La Presidenta consiguió que los jueces le caben un túnel de 1.500 metros para huir de la causa. Es el túnel de la impunidad".
La remoción de Bonadio se concretó dos días después de una serie de allanamientos que ordenó en Santa Cruz y que motivaron que el oficialismo le achaque un sentido político a su decisión. Daniel Rafecas quedó a cargo tras un sorteo. El juez cargó contra los jueces que lo desplazaron y advirtió: "Si aparezco suicidado, busquen al asesino; no es mi estilo".