"El garantismo teñido de ideología es un problema grave"

En medio del revuelo que generó en la Justicia el caso de los camaristas Horacio Piombo y Benjamín Sal Llargués, y la reacción que esto despertó en la sociedad, Infobae dialogó con el presidente del Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata, Carlos Rozanski, quien sostuvo, a propósito de esta polémica, que "muchas veces hay jueces que ya tienen decidido lo que quieren hacer, entonces en vez de analizar la prueba objetivamente, se la acomoda para llegar a un argumento que ya tienen decidido".

Consultado sobre otro de los temás calientes del debate judicial, la aplicación del nuevo Código Procesal Penal, el magistrado destacó la importancia de que la reforma vaya acompañada de avances en las designaciones y control de los funcionarios. "No se trata sólo de darle la investigación al fiscal, sino que debe generarse un mayor control a fiscales y a jueces", señaló.

En primer lugar hay que tener en cuenta que estamos hablando de una corporación, es un poder del Estado, pero que al mismo tiempo integra una corporación y como tal tiene cuestiones desventajosas: esto sucede cuando el espíritu corporativo sale de lo meramente mutual y se convierte en una protección corporativa y esto atenta contra la renovación y la democratización de instituciones conservadoras.

Yo conocía el caso de ellos hace muchos años... ya hubo un caso donde le bajaron la pena a un pastor evangélico que abusó de unas niñas y en aquel momento sostuve que se trataba de un pensamiento claramente discriminatorio, porque ellos sostenían que las niñas pertenecían a un sector social que se inicia sexualmente más temprano; frente a esto, el INADI emitió un dictamen diciendo que el fallo era discriminatorio, y acto seguido la Suprema Corte de la provincia revocó ese fallo y lo consideró justamente discriminatorio. La pregunta que me hago ahora es qué pasó en estos años, es decir, si hay un dictamen del INADI donde queda establecido que emitieron un fallo discriminatorio y son discriminadores, por qué hay espacio para ellos en la Justicia.

Es muy paradigmático el caso de estos jueces, porque esto ya se sabía desde antes y ellos seguían estando y dictando sentencias. Una de las razones, a mi entender, más profundas de esto es que nuestra Justicia tiene una tradicional e histórica visión masculina y misógina. No está instalado el tema de género en la Justicia, más bien diría que recién está comenzando a trabajarse. También el propio espíritu corporativo trasciende la visión de género: a veces es más importante proteger a un miembro de la corporación, que ver que está dañando a parte de la sociedad.

Sin ningún lugar a dudas. Estamos hablando de instituciones de muchísima gente. Eventualmente lo han denunciado víctimas y no han tenido el acompañamiento necesario.

La posible tendencia a bajar penas tiene que ver con una visión garantista. El problema más grave es confundir la visión garantista –que está implícita en la Constitución Nacional- cuando ese garantismo, teñido por la propia ideología de quien lo ejerce, se convierte en un fallo discriminatorio o que desconoce el derecho de las víctimas. Entonces, si un juez en nombre de la ley le baja la pena a un hombre que abusó sexualmente de una niña –en este caso con el argumento de que es una niña pobre y diciendo que se inician sexualmente más temprano- o, como en el último caso, donde hay involucrado un nene de seis años y se argumenta que ya tenía tendencias homosexuales... más allá de que es una aberración, eso fue escrito en el nombre de la ley. Tenemos leyes en todo sentido, las que son mayoritariamente extraordinarias especialmente de la Constitución Nacional y las convenciones sobre Derechos Humanos como máxima jerarquía legal, entonces no existe razón alguna para que en el nombre de la ley se le baje la pena a un violador porque una nena es pobre. Muchas veces toman lo que les conviene de la legislación... ya tienen decidido lo que quieren hacer, entonces en vez de analizar la prueba objetivamente -como la decisión ya está tomada- se acomoda la prueba, se selecciona, se corta y se separa lo que no sirve para el argumento que ya tienen decidido. Eso es lo que después se traduce en un fallo que uno no logra entender, como el de Sal Llargués y Piombo. El fallo fue una brutalidad, y eso fue justamente lo que generó la reacción de la sociedad.

Cuando el Estado designa a una persona y le otorga semejante poder, como es el de decidir sobre el patrimonio, la vida o la libertad de las personas es, a mi entender, es absolutamente ineludible analizar qué perfil de persona se está designando. No me refiero al tipo de profesional, sino al tipo de persona. Esto debe hacerse al inicio de la designación, pero también es cierto que una vez designado, y aún tomados los recaudos, puede suceder que con el correr de los años se modifique esa idoneidad; si no hay un control sobre esto, se ponen en riesgo los derechos de las personas.

Se está intentando resguardar esos derechos. En este momento tenemos la normativa protectora claramente vigente, pero hay un sistema judicial con integrantes que, en muchos casos, o bien desconocen esta legislación o se niegan a aplicarla. El caso de estos dos jueces se encuadra justamente en este sentido. Soy muy optimista porque en esta etapa que atravesamos se está empezando a enfrentar al violento y al discriminador.

Siempre estuve a favor porque es absolutamente conveniente que el fiscal investigue, pero es imprescindible que como toda reforma vaya acompañada de avances en las designaciones y control de los funcionarios. No se trata sólo de darle la investigación al fiscal, sino que debe aplicarse un mayor control a fiscales y a los jueces. El control debe ser siempre de parte del Estado, desde ya, porque finalmente el destinatario de los fallos es el ciudadano.

Hace muchos años que sostengo que la Corte tiene que ser numerosa. Cuando se bajó la cifra no me pareció bien. La intención fue buena, porque aparentemente había sido pensada para que hubiera una agilización de las causas, pero el tiempo demostró que esto no es así. Soy de la idea que debería haber una Corte más grande, con más miembros, dividida en salas que aborden diferentes temáticas y esto permitiría resolver mayor cantidad de causas. Considero que debería ser una Corte de nueve miembros, como mínimo, porque sino es una enorme estructura con muy pocas cabezas. Haría falta también una sala constitucional.