Brasil, ejemplo de que se puede controlar el gasto del gobierno

Las sociedades latinoamericanas se acostumbraron a que los gobiernos se apropien de los recursos del Estado y los utilicen sin rendir cuentas. Eventualmente puede haber investigaciones cuando hay desvíos de fondos y corrupción, pero es muy difícil que haya controles para evitar que se dilapide el dinero, comprometiendo la sostenibilidad de la economía en el futuro.

Brasil acaba de dar un paso en esa dirección. El Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), que tiene la función de aprobar o rechazar las cuentas del Poder Ejecutivo, inició el pasado 17 de junio un proceso contra la presidente Dilma Rousseff.

La presentación, convalidada por los nueve miembros del organismo, sostiene que la mandataria del PT violó la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF) en al menos 13 puntos. El Ejecutivo tiene 30 días para defenderse, de los cuales ya transcurrieron 15. Si sus explicaciones no son convincentes -como probablemente ocurra-, el TSU rechazará formalmente las cuentas gubernamentales.

Rousseff violó la Ley de Responsabilidad Fiscal en 13 puntos

El disparador fue el pago del principal programa social implementado por el PT, el Bolsa Familia. El subsidio lo financia el Tesoro Nacional, que deposita el dinero en cuentas del Banco de Brasil. Allí concurren los beneficiarios para retirarlo.

¿Cuál fue la irregularidad que se produjo en 2014? Acosado por un déficit fiscal creciente, a punto de sobrepasar los límites fijados por la ley, el Gobierno dilató la transferencia de los fondos del Bolsa Familia, para no agrandar el rojo contable. Cuando eso ocurrió, fue el propio banco el que puso el dinero.

Para el TSU, la maniobra supuso dos irregularidades graves. La primera, ocultar el déficit fiscal. La segunda, tomar un crédito encubierto de un banco público, algo que el Estado tiene terminantemente prohibido.

El caso más grave de irresponsabilidad fiscal

En la década del 90 era común que el Gobierno Federal y las administraciones estaduales abusaran de las entidades financieras públicas para solventar sus gastos. Para poner un freno a ese descontrol, se sancionó en 2000 la LRF.

Ésta sería la primera vez que el TCU falle contra una presidente por incumplir esta norma. "No hay antecedentes, es un caso muy grave", afirma Lucieni Pereira da Silva, presidente de la Asociación Nacional de Auditores de Control Externo de los Tribunales de Cuentas de Brasil, consultada por Infobae.

"La ley prohíbe de que el Ejecutivo se financie a través de bancos públicos -continúa-, para evitar que sean utilizados para hacer obras o implementar planes en años electorales. Pero eso fue exactamente lo que pasó. El Tesoro no abonó el Bolsa Familia ni el seguro para los desempleados, sino que fueron los bancos los que hicieron los pagos. Fue una operación de crédito, y la LRF dice que no puede ser así. Es un delito".

La irregularidad fue doble. "Tampoco se alcanzaron las metas fiscales de 2014. Son dos cosas distintas, pero tienen relación entre sí. El Gobierno no le transfirió el dinero al banco porque necesitaba hacer un maquillaje en las cuentas, para que pareciese que estaba cumpliendo con las metas", dice Pereira da Silva.

¿Cómo continúa el proceso? "Ahora vamos a analizar la respuesta del Ejecutivo, pero pienso que no hay muchas explicaciones que se puedan dar. Después el Tribunal emite un fallo, que es una sugerencia para el Congreso Nacional, que es el que tiene la última palabra y el que en definitiva aprueba o no las cuentas. El TCU puede decir una cosa y el Congreso otra", explica la funcionaria.

"El Gobierno podría no seguir su mandato. Es algo muy grave"

¿Qué pasa si el Parlamento reprueba el balance? "La repercusión será muy severa. El Gobierno podría no seguir su mandato. Es algo muy grave", responde.

Como el TCU certificaría que la Presidente cometió un delito, el Poder Legislativo estaría en condiciones de iniciar un proceso de impeachment, es decir, un juicio político. Si se juntaran los votos necesarios, el desenlace sería la destitución de Rousseff. Pero todavía estamos lejos de un escenario así.

El oficialismo, que aún no presentó su descargo formal, niega haber cometido irregularidades y acusa al TCU de tener una intencionalidad política.

"Lo que hizo el banco fue anticipar los pagos, una práctica muy utilizada desde que se sancionó la ley, sin que nadie dijera que hay irregularidades. Fue apenas un anticipo", afirma Maria Rita Loureiro, doctora en sociología y profesora titular de Administración Pública y Gobierno en la Fundación Getulio Vargas, en diálogo con Infobae.

"Considerar eso un crédito es una decisión altamente política. La determinación del TCU es muy singular, y está guiada por la disputa del momento. Quieren encontrar algún pretexto para hacer responsable a la Presidente de algún acto ilegal y así desestabilizar al Gobierno. Es una forma de golpe de Estado sin acudir a las Fuerzas Armadas", agregó.

La importancia de controlar el gasto: el caso de Chile

Bettina Horst es máster en economía con mención en políticas públicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile y gerente general del centro de estudios Libertad y Desarrollo. Desde su punto de vista, la decisión que tomó el Tribunal de Cuentas de Brasil ha sido positiva.

"Si uno tiene normas y pautas de responsabilidad fiscal es para cumplirlas. Cada país tiene sus mecanismos para ello. Es necesario tener una institucionalidad fuerte y robusta que permita que este tipo de sucesos no existan, y que se pueda arremeter contra los que violan las leyes. Contar con una norma de responsabilidad fiscal supone que exista cierta supervisión", asegura en diálogo con Infobae.

A grandes rasgos, hay dos formas de controlar lo que hace el Poder Ejecutivo con los recursos públicos. Una, la más sencilla, es poner un tope al gasto, hacer un seguimiento para que no se supere y, eventualmente, establecer sanciones en caso de que eso ocurra. Otra, más compleja, es supervisar su eficiencia, verificar si el dinero fue correctamente invertido o si, por el contrario, fue dilapidado.

"La eficiencia del gasto es lo más difícil y costoso de evaluar, porque hay que revisar programa por programa, para ver si efectivamente están funcionando, si llegan a la población. No es algo que se pueda hacer todos los años. Es importante que cuando se define, por ejemplo, un programa social, dentro de su planeamiento se establezcan elementos que permitan su posterior evaluación", dice Horst.

¿Por qué es tan importante controlar el gasto público? "La historia lo demuestra -responde. Un excesivo gasto fiscal genera presión inflacionaria y problemas con el tipo de cambio real que, finalmente, llevan a un peor desempeño de la economía. Para que el crecimiento sea sostenible en el tiempo es necesario que el sector público tenga cierta contención y se mantenga en línea con el largo plazo".

"Un excesivo gasto fiscal lleva a un peor desempeño de la economía"

Aunque puede parecer algo demasiado técnico, no lo es. Los estados cuentan con recursos finitos. En consecuencia, si gastan por encima de sus ingresos generan deudas. Eso tarde o temprano habrá que pagarlo. Si no lo hace la generación presente, será la que venga.

Chile es un muy buen ejemplo de control de las finanza del Estado y de sus efectos virtuosos en el tiempo. "Hay una ley de responsabilidad fiscal -dice Horst- que se ha venido aplicando desde hace varios años. Como los ingresos de Chile dependen fuertemente de la venta de cobre, la norma establece un mecanismo de proyección de los ingresos estructurales del fisco sobre la base de la evolución del precio de ese mineral".

"Lo que busca -continúa- es que no se gaste todo lo que ingrese en la época de bonanza y que se pueda ahorrar para los momentos en que el cobre se ubique por debajo de su valor de tendencia. La otra variable que se usa para fijar el nivel de gasto es el crecimiento potencial del PIB. Puede haber déficit un año y superávit otro, pero dentro de una regla estructural que permita mantener el gasto alineado con las previsiones de largo plazo de la economía".

Con lógicos matices, esta regla ha sido cumplida por los distintos gobiernos. Pero no es algo que se explique por la ley en sí misma, sino por un conjunto de prácticas que están institucionalizadas en el país.

"En el caso chileno,

. Es uno de los temas que ha permitido que Chile sea un país con mayor responsabilidad fiscal que otros", concluye Horst.