El gobierno kelper criticó el embargo millonario contra petroleras de Gran Bretaña y de Estados Unidos que operan en las Islas Malvinas, denunciadas por explorar y explotar hidrocarburos ilegalmente, y dijo que se trataba de una decisión con fines políticos "sin ninguna justificación legal".
En un duro comunicado dado a conocer en el día de hoy, la administración kelper aseguró: "Los habitantes de las Islas Malvinas tenemos el derecho inequívoco a desarrollar nuestros recursos naturales como mejor nos parezca, incluyendo el desarrollo de una industria de hidrocarburos, y contamos con todo el apoyo del Reino Unido".
"Leyes argentinas nacionales y su competencia no se aplican en las Islas Malvinas, y las amenazas de acciones legales contra empresas que operan legítimamente en aguas de Malvinas son más pruebas de los intentos del Gobierno de Argentina para impedir el desarrollo económico de las Islas Malvinas", sentenciaron.
Concluyen afirmando que "el Gobierno de las Islas Malvinas no tiene dudas acerca de su derecho legítimo a la licencia de actividades de exploración de petróleo y gas en alta mar conforme con la legislación promulgada en las Islas Malvinas, y seguirá apoyando a la industria de los hidrocarburos, desde la exploración exitosa hasta la inversión en la producción de petróleo en alta mar".
La jueza federal de Río Grande, Lilian Herráez, ordenó recientemente embargos por un total de 156,4 millones de dólares contra petroleras de Gran Bretaña y de Estados Unidos, que están denunciadas de explorar y explotar hidrocarburos ilegalmente en las Islas Malvinas. Además, decretó el secuestro de barcos y de otros bienes pertenecientes a esas compañías.
Ayer, el gobierno de David Cameron, a través de su ministro para América Latina de la Oficina de Asuntos Internacionales, Hugo Swire, calificó la medida de "provocación" y aseguró que se trataba de una "inaceptable campaña para estrangular la industria de hidrocarburos de las Malvinas".