Orlando Ferreres alertó que "semejante dinámica del empleo en el sector público será difícil de revertir porque es una decisión impopular que nadie quiere tomar, y porque la mayoría de los puestos fueron creados en las provincias, donde no hay alternativas de trabajo privado productivo".
El ex viceministro de Economía observa que "durante los 90, tan criticados actualmente, las autoridades trataron de revertir esta tendencia, tanto en empresas del estado como en empleados de las distintas oficinas públicas. Se recuperó la productividad por persona ocupada y el empleo público pasó del 24,7 % de la población en el pico de la gestión anterior hasta 19% en 1998, cifra aún alta".
A fines de los 90 la ocupación en el sector público había caído a 19% del total, 8 puntos menos que ahora
Al respecto, resalta Ferreres que esa mínima incidencia en el empleo total del país "se considera alto pues en aquel momento no se pudo optimizar el empleo público provincial. En la mayoría de dichas jurisdicciones los empleados públicos trabajaban sólo hasta el mediodía y después tenían la tarde libre. Esto significaba que había un número inadecuado de empleados provinciales. Esta práctica no sólo no ha mejorado sino que ha empeorado hasta el presente".
Según el análisis de Orlando Ferreres, publicado en La Nación, "desde 1999 se vino revirtiendo la tendencia a regularizar el número de empleados públicos y se volvió a la práctica de tomar muchos empleados para obtener votos y además para que no se note que hay desempleo. Esta tendencia fue firme con la Alianza, se continuó en el período 2003-2007, pero se acentuó vertiginosamente desde 2010 en adelante. Desde 2003 hasta 2015, los empleados públicos aumentaron de 2.387.000 hasta los 4.232.818 puestos actuales, sumando Nación, provincias y municipios. Este número implica que los empleados públicos han llegado a un 27% del total de ocupados, cifra que lo convierte en una bomba de tiempo para las futuras administraciones".
Se trata de una práctica para que no se note el real nivel de desempleo
Concluye el economista que "es llamativo escuchar hasta el cansancio lo que vienen repitiendo las administraciones provinciales "que el gobierno central las asfixia, que les saca recursos, que no existe el federalismo en la práctica", pero esas mismas provincias son las que incorporaron sin necesidad 1.109.555 puestos adicionales de empleados en sólo doce años. Menos mal que no les dieron más dinero, pues sino ¿cuántos empleados públicos más tendríamos? Las municipalidades no se quedaron atrás, pues pasaron de 379.009 empleados en 2003 a 796.297 empleados para este año".
Semejante crecimiento del total del personal dependiente del presupuesto estatal es financiado por la sociedad no sólo con una presión tributaria récord, sino también con la inflación que genera el creciente auxilio de las necesidades de caja de la Tesorería General de la Nación con emisión de dinero primario por parte del Banco Central, disimulado con el giro de utilidades meramente contables.
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