Otto Pérez Molina descartó este lunes renunciar al cargo ante masivas manifestaciones contra la corrupción que exigieron su salida, tras salir a luz una red de de defraudación fiscal en aduanas.
"Yo tengo un mandato constitucional y estoy dispuesto a cumplir ese mandato, el mandato finaliza el 14 de enero de 2016", aseguró el gobernante en rueda de prensa en la sede de la Fiscalía, adonde acudió por el primer año en el cargo de la Fiscal General, Thelma Aldana.
El escándalo sobre la red dedicada a defraudar el fisco desde las aduanas estalló el pasado 16 de abril, al darse a conocer una investigación de ocho meses de la Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un ente avalado por la ONU para sanear el sistema judicial.
La revelación de la estructura ilegal provocó rechazo e indignación en la población y multitudinarias manifestaciones contra la corrupción para exigir la renuncia del mandatario y la vicepresidente Roxana Baldetti, al considerar que conocían la existencia de la red.
Baldetti renunció al cargo el pasado 8 de mayo ante la presión social en marchas pacíficas de protesta.
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El pasado sábado, una semana después de la renuncia de Baldetti, miles de guatemaltecos regresaron a las calles para demandar la dimisión de Pérez.
El presidente guatemalteco comentó que seguirá trabajando "con mucha fuerza" en los ocho meses que le quedan de su gestión y que tomará "en cuenta, por supuesto, estas peticiones, esas demandas y reclamaciones que están haciendo".
"Estoy consciente del clamor de la población sobre el tema de lucha contra la corrupción, que es la línea transversal que ha motivado que los guatemaltecos de diferentes sectores salgan a protestar y demuestren su inconformidad y su cansancio", agregó.
Por ello, anunció que trabajará en la depuración a través de una serie de mecanismos a implementar para lograr "cambios de fondo al sistema".
"Si no hay esos cambios de fondo, el sistema va camino a colapsar", advirtió, tras comentar que los diputados también deben de reformar leyes como la Electoral y de partidos políticos, servicio civil, probidad y compras y contrataciones del Estado.
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