La aplicación Uber, creada en los Estados Unidos para poner en contacto a conductores dispuestos y pasajeros necesitados de transporte, no podrá operar en Brasil. Un fallo judicial estableció penas de hasta 34.000 dólares por día, con un máximo de 1,7 millones de dólares, si la compañía no suspende el servicio antes de los tres días de recibir la notificación. El lobby de sindicatos y empresas de taxi privó así a los usuarios de este avance y comodidad.
El juez Roberto Luiz Corcioli, de la décimo segunda sala civil del Tribunal de Justicia de San Pablo, también determinó que las tiendas virtuales de Google, Apple, Microsoft y Samsung no podrán ofrecer la aplicación de la empresa a los usuarios de su servicios.
Uber, fundada en 2009 en Estados Unidos, ofrece servicios de transporte colectivo en 56 países; aterrizó en Brasil el año pasado y ya opera en las ciudades de San Pablo, Brasilia, Río de Janeiro y Belo Horizonte. Ahora deberá suspenderlas.
La empresa utiliza en Brasil coches de lujo, con tapizados de cuero y aire acondiciondo. Uber exige, además, a sus conductores que sean profesionales, con auto nuevo y seguro para él y el pasajero. Aunque no hay datos oficiales, se estima que hay unos 1.200 automóviles operando sólo en San Pablo. Desde la empresa aclaran: es un mercado completamente diferente al ofrecido por los taxis de calle.
Los taxistas brasileños le han declarado la guerra a Uber. El sindicato que los agrupa, que es el demandante, alega que los vehículos registrados en la plataforma digital no siguen las normas de identificación y no están sujetos a control administrativo.
La compañía estadounidense informó que todavía no fue notificada por la Justicia y reforzó su "compromiso en ofrecer a los paulistas una alternativa segura y confiable de la modalidad urbana". Uber todavía puede apelar el fallo.
Pero no es el único lugar en el que Uber debe enfrentar un feroz lobby sindical. Mantiene también litigios en España y Alemania, entre otros países. En América Latina, la presión de los taxistas ha tenido algunos éxitos en Colombia, donde Uber opera desde 2013 en Bogotá y Cali. Ante las protestas, el Ministerio de Transporte advirtió en noviembre que el servicio no es legal. Sin embargo, el servicio funciona normalmente.
La empresa argumenta que la normativa aplicada por las autoridades es "anticuada y obsoleta", y "no existe un marco regulatorio para innovaciones tecnológicas como Uber". "Mientras haya clientes, seguiremos", aseguraron,
Días atrás, un tribunal de Bogotá rechazó los fundamentos de los taxistas, que habían pedido la desactivación total de la aplicación de Uber.
Uber ofrece desde hace un año servicios en Santiago de Chile. Como ocurriera en Colombia y Brasil, también los choferes de taxis chilenos han protestado contra el servicio.
En diciembre, la alcaldía cedió al reclamo y presentó un recurso judicial contra el servicio, con el argumento de que "Uber viola las regulaciones de la ciudad en transporte privado y de alquiler". "Pedimos a la Corte que ordene a Uber cesar su actividad hasta que cumpla las ordenanzas de seguridad, salud y protección del consumidor", dice el texto presentado por las autoridades.
En la capital chilena, Uber también sólo funciona con vehículos de lujo, debidamente inscritos para realizar servicios de transportes.
Uber insiste en que los problemas son causados por normativas obsoletas. "En más de 15 ciudades en las que estamos se han hecho modificaciones a la ley" y en algunos, incluso "normativas completamente nuevas", explicó Ana Paula Blanco, gerenta de Comunicaciones de la compañía para Latinoamérica.
Perú en cambio, es un país que no hizo mayores problemas al ingreso de esta tecnología a la vida cotidiana de las personas. Es más, la alienta. Es que en Lima existen ocho servicios de traslados privados de pasajeros online. En este sentido, Perú es de avanzada respecto a la desregulación del sistema de transporte.