De la manipulación al ocultamiento

La intervención del INDEC ha hecho un descubrimiento asombroso: es difícil definir qué es la pobreza o cuándo una persona o un hogar es pobre.

Debemos reconocer lo verdadera que es esa aseveración. Sí, no es fácil. Lo aberrante no es la afirmación en sí misma sino la conclusión que conlleva: no medir más la pobreza. Ni falta hace pensar en qué hubiera sido del desarrollo de las civilizaciones, del avance científico o de la lucha de los pueblos si se hubiera desistido de enfrentar los desafíos "porque es difícil".

No se mide más la pobreza. Pero hay algo que confunde. ¿En qué quedamos? ¿No se mide más por un problema de "empalme"? (versión jefe de gabinete) ¿Porque es difícil? (versión interventor del INDEC) ¿O porque estigmatiza? (versión Ministro de Economía)

Como se difundió ampliamente, el problema del empalme no era tal porque el dato que debían difundir no correspondía al período que hubiera debido incluir empalme.

La bochornosa versión del "es difícil" es impresentable. Aún sabiendo que es difícil, aún participando de los gigantescos debates nacionales e internacionales sobre el mejoramiento de las metodologías en uso, la pobreza y la Indigencia se midieron históricamente en el INDEC, lo cual permitió dar cuenta de esa importante faceta de las carencias de la población.

Se ofrecían métodos directos (algunos de los cuales señala el interventor en su artículo en Ámbito Financiero, tales como las de viviendas deficitarias, hacinamiento, jefes de hogar sin trabajo formal, estudios primarios o secundarios incompletos, y muchísimas otras), con las correspondientes medidas de síntesis: Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), el Índice de Privación Material de los Hogares (IPMH), avances en las perspectivas multidimensionales, entre otras, para no tener que recurrir a las 6.000 estadísticas alternativas que se citan en el artículo como impedimento para poder saber cuantos pobres hay.

Por otra parte, se aportaba la medición de la pobreza y la Indigencia con el método de la Línea de Pobreza (LP) e Indigencia (LI), obtenida a través de la determinación de las canastas (Totales y de Alimentos) requeridas por los hogares según su estructura por edad y sexo, y su comparación con los ingresos obtenidos por el mismo hogar.

Ciertamente es una operación compleja y uno podría seguir discutiendo metodologías, pero las discusiones suelen centrarse más bien en qué componentes se fijan para las canastas, y ese camino no conduce forzosamente a que los índices bajen. Muy por el contrario, la tónica del avance metodológico es el incremento de lo que se considera esencial para vivir, con lo cual el margen de carencias se haría mayor y por lo tanto los indicadores de pobreza subirían.

Tampoco hay que pasar por alto que, por último, uno puede discutir el nivel, en función de la canasta que fijó para medir la pobreza. Pero una vez fijada, lo que es indudable es la evolución. Si bajó, bajó y si subió, subió. A misma metodología, la tendencia es indudable. Y la tendencia de la recuperación post crisis del 2001 ya se había amesetado primero y revertido después, comenzando a crecer la pobreza.

La solución fue discontinuar la serie. No se mide más la pobreza. Con total impunidad, en una acción rayana en lo delictivo, se deja de difundir ese trascendente indicador. ¿No es malversación de fondos públicos estar gastando fortunas en realizar operativos de relevamiento, -que se siguen realizando-, con un enorme esfuerzo de trabajadores y trabajadoras que recorren el país para recabar la información sobre las condiciones de vida de la población, para después no compilar esa enorme masa de datos y difundir los resultados?

¿Es posible hablar en nombre del pueblo (reafirmado como "colectivo social") cuando centenares de miles de integrantes de ese pueblo, aún millones en el caso de los censos, han abierto sus puertas a los encuestadores/as del INDEC y les han relatado, ordenadamente según los procedimientos, todos los aspectos de sus condiciones sociales y económicas, y luego eso no se convirtió en resultado para devolverlo a la misma sociedad que lo proporcionó?

También es responsabilidad del Estado preservar la palabra del pueblo. Con el secreto estadístico, para que nadie estigmatice individualmente a nadie, y con la difusión de resultados colectivos porque para ello es que el pueblo ha hablado.

Y si de estigmatizar se trata, la Real Academia Española fija como significado de esa palabra, además de "afrentar, infamar", el de "marcar a alguien con hierro candente". ¿Existe para este país, con una historia socialmente tan traumática como ha sido la pasada Dictadura, una marca más candente que la desaparición? El campo simbólico también es potente! La "desaparición" de pobres e indigentes en el reconocimiento público, en la valoración de la magnitud de quienes están en esa condición, no es una operación que se pueda cometer esgrimiendo los intereses del pueblo.

Tampoco se sustituye la información estadística con los variados mecanismos que engañosamente señala el interventor. Consigna que, "gracias a una gestión estatal eficiente, se cuenta con información detallada a nivel individual y de hogares, sobre las necesidades de la población". Y enumera el conjunto de políticas públicas (AUH, inclusión de estudiantes, embarazadas, sectores vulnerables, tarjeta SUBE, sistema previsional, Salario Mínimo Vital y Móvil, Procrear, etc).

Debería saber que si bien la administración de dichos programas puede ofrecer buena información adicional sobre las poblaciones atendidas por ellos, uno de los propósitos centrales de las estadísticas públicas es el de monitorear la efectividad de las políticas públicas a través de la medición de incidencia en la población. Para simplificar: las mediciones estadísticas acuden al conjunto de la población, que puede decir "esta es mi condición" y "recibí (o no recibí) tal plan", mientras que la administración de la política pública puede decir "entregué tantos planes". Solo se puede monitorear efectividad en base al primer procedimiento, por lo cual un sistema no sustituye al otro, en especial si se está postulando incidencia sobre las situaciones de pobreza.

En rigor de verdad, la gravedad de no difundir más datos de pobreza se relativiza en el contexto de las masivas denuncias de manipulación de datos. (¿Qué es peor, no tener datos o tener datos aberrantes?). Pero no puede omitirse un "detalle". Más allá de la manipulación antes y el ocultamiento ahora, el interventor notifica que innumerables atributos de la población que pueden ser considerados "pobreza" están en la página web del INDEC.

La cuestión es que, aún en todo el período en que la intervención publicó los falaces datos de pobreza e indigencia, no incluía esa información en las bases de datos. Después que la Justicia obligó a reponer las bases de datos en internet, como históricamente estuvieron hasta el advenimiento de la intervención, se repusieron en una versión nueva, incompatible con la anterior, pero con la particularidad de no contener los datos de pobreza e indigencia de cada hogar. Esto hizo imposible hacer análisis alguno, ni metodológico (para seleccionar los mejores indicadores), ni sustantivos (para saber cómo se relacionaba la pobreza con las otras características de los hogares). De modo que el ocultamiento, superpuesto a la manipulación es de larga data Y también relativiza la expresión "la información se encuentra publicada en la página web del INDEC".

Posiblemente a raíz de estas reflexiones, recrudezcan las difamaciones de siempre a quienes hemos enfrentado la manipulación de las estadísticas públicas y el desmantelamiento institucional. La síntesis básica es que estamos con los bonistas, con el FMI y/o con las consultoras privadas. Aclaro preventivamente que los únicos bonos que he tenido en la vida son aquellos con los que el Estado devolvió el 13% que había descontado de nuestros salarios. Que el FMI entró al INDEC de la mano de la intervención, repudiado por los trabajadores/as. Y las consultoras privadas jamás habían ni soñado con el paraíso que les deparó la intervención del INDEC, que al desmantelar la estadística pública generó un espacio monumental a los emprendimientos privados, espacio que nunca habían tenido. Entre otras cosas, porque fue una práctica cotidiana, institucionalizada no sin esfuerzo, la de colocar inmediatamente después de concluidas, todas las bases de datos en internet, en un régimen público gratuito. Es el único procedimiento que democratiza la información y elimina privilegios de accesibilidad de manera rotunda.

También cabe una última reflexión en torno a los dichos de los interventores, y es que no tienen mayor importancia. El pueblo argentino (como "colectivo social", citando al interventor) ya hace tiempo que visualizó claramente la situación. Las denuncias de los trabajadores y trabajadoras del organismo, contenidos/as en sus organizaciones sindicales ATE y CTA, y acompañados/as por innumerables personalidades, asociaciones civiles, organizaciones de derechos humanos, gremiales, sociales y políticas, así como ciudadanos/as sin inserción orgánica, han rodeado esta lucha y permitieron que el mensaje sea comprendido. Constituido ya como problemática nacional, solo falta que se termine con el hostigamiento interno, se resuelvan las situaciones de precariedad laboral que afectan al Instituto, y se vayan la intervención, la patota y el FMI.

La autora es Secretaria de Formación, Investigación, Proyectos y Estadísticas (CTA) e Integrante Comisión Técnica (ATE-INDEC). Ex directora de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC