Guatemala: quién es el polémico ministro acusado de corrupción y narcotráfico

Desde fines de 2014 el ministro de Gobernación de Guatemala, Mauricio López Bonilla, es el eje central del terremoto político que está sacudiendo a ese país. Crisis que se acentuó en las últimas semanas tras los asesinatos de los periodistas Danilo López, Federico Salazar, y Guido Villatoro, en el departamento de Suchitepéquez.

Luego de las declaraciones del ex militar detenido, Byron Lima Oliva, quien aseguró haber mantenido negocios de lavado de dinero y narcotráfico, entre otras, con López Bonilla, la figura del ministro quedó en el centro de la escena política guatemalteca.

A pesar del revuelo que generaron las denuncias, ninguna acusación fue investigada por la justicia.

De estrecho vínculo con el presidente Otto Pérez Molina (Partido Patriota), López Bonilla entró de lleno en la vida política y militar guatemalteca durante el golpe de Estado de José Efraín Ríos Montt, en 1982, hasta que en 1998 pidió la baja al ejército.

El ministro, que entre otras cosas es considerado como un político con poca efectividad en su gestión, supo ser jefe de campaña del actual presidente, quien en 2011 lo designó como ministro de Gobernación.

"Como político, ha sido poco activo. Ha sido más bien un militar metido en la política", explicó Iduvina Hernández, defensora de derechos humanos de la organización Seguridad en Democracia (SEDEM).

"Mientras Otto Pérez jugó fuertemente a la política, López Bonilla ha tenido alguna intervención pero con poco éxito. Ha sido como un oficial de inteligencia", añadió.

Su ascenso de la mano del Proceso

Desde principios de los 80, López Bonilla se mantuvo muy cercano al poder. En 1982 José Efraín Ríos Montt encabezó el Golpe de Estado contra el por entonces presidente Lucas García, quien fue depuesto por el Ejército de Guatemala el 23 de marzo de ese año.

Para ese entonces el ahora ministro de Gobernación representaba a los subtenientes y en 1983, como oficial contrainsurgente, formó parte de un pelotón que fusiló a diez guerrilleros. Como resultado de esa operación, en la que debió infiltrarse en uno de los grupos insurgentes, fue ascendido a teniente.

Ya inserto en el grupo, después de meses de infiltración, López Bonilla junto a otro militar atacaron a los rebeldes mientras éstos dormían. Ataque que es criticado por distintas organizaciones de derechos humanos, que plantean que se violó el Tratado de Ginebra. "La acción que él mismo reivindica, ellos los plantean como un operativo realizado en campaña", explica Hernández.

Lejos de ocultar su pasado como parte del Golpe de Estado, hoy en día el ministro se jacta de su participación en la guerra en cada conversación en la que recuerda aquellos años.

El desenlace fue muy diferente para Ríos Montt y López Bonilla. El ex presidente de facto fue condenado el 10 de mayo de 2013 a 80 años por genocidio y crímenes de lesa humanidad, sentencia que posteriormente fue anulada el 20 de mayo de ese año. No obstante, el dictador actualmente es juzgado por esos cargos.

López Bonilla, en tanto, no cuenta con denuncias firmes en su contra. Algunas organizaciones defensoras de los derechos humanos lo han acusado de haber atentado contra diferentes derechos. Sin embargo, esas acusaciones nunca cobraron fuerza.

A partir del Golpe el ministro guatemalteco se mantuvo cercano a la alta oficialidad militar hasta 1998, cuando solicitó su baja para incorporarse a grupos de manejo de crisis.

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Denuncias por corrupción y narcotráfico

"En la vivienda de López Bonilla existen bóvedas y caletas en las que guarda el dinero proveniente de robo de drogas a narcotraficantes y por cobros ilegales". Esa explosiva frase pertenece al ex capitán Byron Lima Oliva, quien cumple una pena de 20 años de prisión por la muerte del obispo Juan José Gerardi, ocurrida el 26 de abril de 1998. Un caso que fue muy emblemático y de gran impacto en el país centroamericano.

El reo reveló los presuntos negocios que mantuvo con el ministro, como el desmantelamiento de una red ilegal que, entre tantas cosas, controlaba el narcotráfico interno y hasta llegaba a tarifar el traslado de presos. Se habrían llegado a pagar 12 mil dólares por un traslado, según lo denunciado por el ex militar que ya lleva cumplidos 15 años de prisión.

A pesar de las explosivas declaraciones de Lima Oliva, las denuncias pronunciadas contra López Bonilla finalmente no fueron investigadas por la justicia.

"Las denuncias son de personas o grupos, pero no hay ningún proceso penal ni investigación en curso en su contra", remarcaron en diálogo con Infobae dos periodistas locales, bajo anonimato.

No obstante, uno de ellos aclaró: "Eso no quiere decir que el ministro esté limpio".

En esa misma línea, Iduvina Hernández completó: "Yo lo atribuiría principalmente al esquema de control y de cooptación que hay en el sistema de justicia de Guatemala, que está básicamente bajo control del partido que está actualmente en el gobierno".

El ex capitán que ahora pasa sus horas en la cárcel, fue un ex compañero de armas del actual ministro de Gobernación, quien le entregó el control del sistema penitenciario, cargo que ocupó por más de dos años.

Luego de intensas investigaciones por parte de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), López Bonilla relevó del cargo a Lima Oliva.

A partir de esa causa, "ha habido señalamientos contra subalternos, pero ninguna contra López Bonilla", señaló uno de los periodistas consultados por este medio. Y agregó: "Si participa en la corrupción, no ha dejado muchos rastros".

Temor por la declaración de "la Reina del Sur"

El gobierno de Pérez Molina vive horas de tensión, luego de que Marllory Dadiana Chacón Rossell, conocida como la Reina del Sur, aceptara su culpabilidad por los cargos de conspiración para distribuir cocaína a Estados Unidos.

Detenida en septiembre de 2014, la narcotraficante guatemalteca aceptó también proporcionar información que complicaría a políticos y empresarios vinculados al lavado de dinero y narcotráfico.

Según consigna el diario local El Periódico, Chacón entregó a Pérez Molina unos Q2 millones (cerca de 260.000 dólares) para su campaña electoral de 2011, en la que el ministro de Gobernación tuvo un importante papel. Junto a Julio Ligorría, actual embajador en Estados Unidos, integraron el grupo que asesoró en comunicación y propaganda al por entonces candidato a la presidencia de Guatemala.

Por su parte, de acuerdo con Insight Crime, la Reina del Sur, que también operaba con contactos en Colombia, Venezuela, Panamá, Honduras y México, entabló relaciones muy cercanas con banqueros, empresarios, diputados oficialistas y las más altas autoridades del Gobierno.

Falta de soluciones ante asesinato de periodistas

El ministerio de Gobernación es el responsable de brindar la seguridad ciudadana. Por eso, tras los asesinatos de los periodistas Danilo López, Federico Salazar y Guido Villatoro, en el departamento de Suchitepéquez, López Bonilla fue uno de los principales focos de las masivas protestas.

Uno de los reporteros consultados por este medio indicó que los pedidos en las manifestaciones fueron: "Agilizar la puesta en marcha del plan para proteger periodistas, solicitar apoyo a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) para esclarecer los asesinatos y que se invite al relator de la OEA en materia de libertado de expresión, Edison Lanza, para que conozca la situación de la prensa en el país".

"No pedimos su renuncia. Quien la pidió, cartel en mano, fue un activista de derechos humanos que se sumó a la marcha", aclaró.

Si bien el relator de la OEA finalmente visitará el país, el encuentro no será oficial, ya que no ha sido invitado por el gobierno de Otto Pérez.

Con respecto a la respuesta de López Bonilla ante los reclamos, una de las fuentes anónima fue contundente: "Hay avances mínimos en la integración de periodistas al plan de protección. En los otros es cero".

"Es una respuesta de libreto. Es decirles lo que quieran para que se callen", concluyó Iduvina Hernández.