El Gobierno apura la implementación del nuevo Código Procesal Penal

Desde el oficialismo ponen el pie en el acelerador para lograr uno de sus últimos pasos estratégicos: la puesta en marcha del Código Procesal Penal mediante la aprobación de su Ley de Implementación que, según fuentes judiciales, buscaría llegar a materializarse con la bendición de un importante cúmulo de jueces federales

Como ya se venía palpitando desde hace algunos meses, el proyecto de Ley de Implementación del nuevo Código Procesal Penal entrará en tratamiento legislativo de un momento a otro, dado que se pretende arrancar son su puesta en marcha el 1º de agosto. Según lo dieron a conocer fuentes judiciales, el borrador fue puesto a consideración de un selecto grupo de magistrados quienes podrían dar su apoyo, siempre y cuando la implementación –que será escalonada- deje al fuero federal para una última instancia, lo cual significaría patear la pelota fuera de la cancha al menos hasta el año próximo, donde el escenario será otro definitivamente, con nuevos actores al frente de la política del país.

El punto que abrió la rápida reacción de la oposición fue la propuesta que se desliza en el proyecto de hacer una implementación escalonada que arranque por el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. "No parece lógico que la Nación ponga su foco en la Ciudad, que ya tiene su Código Procesal Penal, y que aún aguarda porque se le pasen delitos. Faltando tan solo la sanción de la ley de la Ciudad que apruebe el tercer convenio de transferencia de competencias –con el cual la gran mayoría de los delitos comunes pasarían a la órbita de la justicia porteña- la Ciudad resulta el lugar menos indicado para comenzar a aplicar el nuevo Código", sostiene el fiscal de la Cámara del Crimen, Ricardo Sáenz.

Lo cierto es que el kirchnerismo planea llegar al término de su mandato con la ansiada reforma Procesal Penal dando sus primeros pasos que serán sin dudas contundentes. Esto quiere decir, intentando destrabar los 16 cargos de fiscales de Cámara que iban a ser designados mediante concurso por la Procuradora Alejandra Gils Carbó –con el famoso Anexo II- y que fueron frenados por dos amparos –uno de la Asociación de Magistrados y el otro del diputado Mauricio D'Alessandro-. Asimismo se busca con esta movida materializar el ingreso de 1700 cargos de empleados judiciales, que habían sido congelados por el amparo logrado por Julio Piumato, en representación de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación. Frente a esto, algunos cuestionan la posibilidad de designar a fiscales y empleados judiciales para cámaras federales en las que no se pondría en vigencia la reforma, al menos por este año.

La pregunta del millón es por qué la presidenta no anunció la ley de implementación –que estaba lista desde hace meses- en la apertura de las sesiones legislativas, como aparentemente estaba previsto. Según indican analistas de los pasillos de Comodoro Py "era necesario el apoyo de jueces y fiscales que quieran formar parte de este nuevo esquema que elevara a muchos jueces, por ejemplo, al rol de camaristas".

Detrás del próximo debate que se va a instalar en las próximas semanas en la Argentina, y que nuevamente tendrá el foco puesto en la esfera judicial, surgirá un reclamo que no podrá soslayarse: la reforma de los procedimientos refiere a un paquete de leyes que debería ser tratado en conjunto donde se encuentran no sólo la Ley de Implementación del Código Procesal Penal, sino que también la reforma a la Ley Orgánica del Ministerio Público y la Ley Orgánica del Poder Judicial. En este plano, durante los últimos días se hizo fuerte un rumor que indica que, una vez llegado el proyecto a manos de los legisladores, la oposición pueda solicitar que se ponga a debate el paquete completo de iniciativas, de manera tal de analizar el conjunto de normas y no correr el riesgo –como lo definieron desde un alto despacho legislativo- que "entre por la ventana lo que no entró por la puerta principal".

La iniciativa prevé entonces la implementación para la Capital –donde aún no fue completada la transferencia de competencias-, pero nada dice llamativamente sobre el ámbito federal. La Ciudad será dividida en cuatro zonas que –más allá de no ser de igual magnitud- tendrán la misma cantidad de jueces y fiscales, otro de los puntos que sin dudas dará paso a ciertas controversias.

En rigor de verdad, mientras los borradores del proyecto circulan por los despachos, en los pasillos ya resuena como la principal objeción el foco que se pone sobre la justicia ordinaria, dado que en el texto se hace caso omiso del plano federal, al menos por el momento.

Llama la atención de los operadores judiciales la celeridad con que se planea la implementación del Código –con toda la logística que esto implica- dado que estipulan para la fecha de partida el 1 de agosto. No puede dejarse de lado en esta lectura que se tratará de meses de plena campaña electoral en donde la mirada de la sociedad, sin dudas, tendrá el foco puesto en el arco político y no en el judicial.

Uno de los aspectos más controvertidos, pero tal vez más seductores de esta ley, refiere a que a los cargos de jueces de garantías se les da rango de juez de Cámara, lo que funcionaría –se rumorea en tribunales- como un incentivo para que los magistrados den su conformidad y se plieguen a este nuevo sistema. Cabe destacar que aquellos que no lo hagan quedarán bajo el paraguas del residual de casos que deban seguir avanzando bajo el manto del viejo Código, dado que el nuevo régimen se aplica hacia adelante. "Esto es ni más ni menos que el principio de una justicia paralela", se queja una alta fuente de Comodoro Py.

Según la letra del proyecto, "los jueces federales y nacionales de primera instancia que intervengan ante la justicia de instrucción en lo criminal y correccional serán promovidos para ser equiparados a jueces de Cámara, en la medida en que ingresen dentro del régimen progresivo previsto en esta ley para desempeñarse como jueces con funciones de garantía de acuerdo al régimen de la Ley N° 27.063".

Ante los ojos de ciertos analistas, más delicado aún resulta el punto donde se detalla la creación de una Comisión de Implementación y Transición que se encargará de la puesta en funcionamiento del nuevo sistema para la justicia nacional, pero no para la justicia penal federal. Este promete ser el eje de mayor conflicto entre los legisladores, dado que la misma estará conformada por nueve miembros que tendrán una vigencia de seis años en su cargo y el mismo será de carácter inamovible.

El verdadero brete de esta cuestión refiere a todas luces a su integración: un representante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, otro de la Cámara Federal de Casación Penal, un integrante de la Cámara Nacional de Casación Penal, un miembro que dispondrá la Procuración General de la Nación y otro la Defensoría General de la Nación. Para completar esta nómina llega el plato fuerte que genera algunos resquemores dado que los cuatro miembros restantes -que estarán ocupando sus cargos por la módica suma de seis años- provendrán del Senado, de la Cámara de Diputados, del Poder Ejecutivo de la Nación y del Consejo de la Magistratura nacional, un punto que genera dudas dado que si se tiene en cuenta que en estos 4 organismos habrá cambios de autoridades en tan sólo unos meses. "Es importante que en el proceso de implementación primen los criterios técnicos por sobre los políticos, que las decisiones se tomen en base a análisis y estudios empíricos y no como se hizo con el Anexo II que acompañó al Código. No es bueno que reformas tan profundas se hagan al final de un gobierno y a las apuradas", analiza Martín Casares, especialista en reforma judicial.

Lo cierto es que dentro de las funciones de la comisión estará la de establecer el cronograma de entrada en vigencia del procedimiento previsto por el Código Procesal Penal de la Nación; proponer adecuaciones normativas en los asuntos inherentes a su función a través de la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal de la Nación; diseñar y elevar propuestas de reorganización de los órganos, de readecuación edilicia, de recursos, de cargos y de personal en razón de los requerimientos del proceso de implementación de la Justicia Penal Federal y Nacional; proponer al Consejo de la Magistratura un plan de distribución del personal existente en el Poder Judicial de la Nación, a medida que finalicen las causas que tramitan de conformidad al régimen procesal penal previsto por la Ley N°23.984.

En esta historia, no se pueden olvidar lo cruces que se vivieron en diciembre pasado en torno al polémico Anexo II del Código Procesal Penal donde ya se disponía la creación de cargos de fiscales, algo que para muchos fue anticipado y debería haber sido tratado en la propia Ley de Implementación. "Creo que antes de definir la cantidad de personal que precisaba la reforma –ya que el anexo II habla de 1753 empleados y funcionarios- se debería haber realizado un amplio informe de diagnóstico donde se analizara la carga de trabajo, su conflictividad y modalidad", analizó Casares.

Lo cierto es que más allá de esto, el proyecto crea 47 Oficinas Judiciales en el ámbito de la Justicia Penal Federal y Nacional, 48 cargos de Director de Oficina Judicial equiparado a Secretario Letrado; crea 17 Oficinas Judiciales de Medidas Alternativas y Sustitutivas, que funcionarán bajo el ámbito de la Cámara Federal de Casación Penal, la Cámara Nacional de Casación Penal y de las Cámaras Federales de Apelaciones con asiento en el interior del país. Asimismo 15 Subdirecciones de Control y Asistencia de Ejecución Pena, con sus respectivos funcionarios.

Los aires de cambio para la Justicia llegaron con un último pero contundente impulso antes del proceso eleccionario: las cartas ya están jugadas para que el Código Procesal Penal sea puesto en marcha el próximo 1 de agosto, todo esto a excepción de la justicia federal que tendrá sorpresivamente su prórroga.