Chile, un ejemplo de cómo actuar ante un escándalo de corrupción

La revista Qué pasa dio la primicia el 5 febrero de 2015: la empresa Exportadora y de Gestión Caval Limitada recibió del Banco de Chile un crédito por 10 millones de dólares el 16 de diciembre de 2013, un día después del triunfo de Michelle Bachelet en las elecciones presidenciales.

La noticia conmovió al país porque la propietaria de la compañía es Natalia Compagnon, esposa de Sebastián Dávalos, hijo de Bachelet y, en ese momento, director sociocultural de la Presidencia. Las cosas se pusieron aún peor cuando se conoció que el crédito había sido otorgado luego de una reunión entre Compagnon, Dávalos y Andrónico Luksic Craig, vicepresidente de la entidad financiera.

Caval Limitada, que no tenía capacidad económica para justificar un préstamo de esa envergadura, usó el dinero para comprar tres terrenos en Machalí, en la región de O'Higgins. La inversión rindió sus frutos casi de inmediato, ya que al poco tiempo consiguió revenderlos por cerca de 15 millones de dólares.

Dirigentes opositores presentaron una demanda contra Dávalos por "uso de información privilegiada y tráfico de influencias". Como en cualquier país, la reacción inicial del Gobierno fue restar importancia al caso y asegurar que se trataba de "una cuestión entre privados". Pero la presión de la prensa, de la oposición, de la ciudadanía y de algunos sectores del propio oficialismo hicieron insostenible esa postura.

Desde ese momento, la reacción de la clase política chilena fue implacable. El 13 de febrero, apenas una semana después de que la revista hiciera la denuncia, el hijo de la Presidente fue desplazado de su cargo. El 25 de febrero siguiente Dávalos y su esposa se vieron obligados a renunciar al Partido Socialista, tras los reclamos de sus propios compañeros de ruta.

Bachelet habló por primera vez del hecho el 23 de febrero, ya que antes había guardado silencio con la excusa de que se encontraba de vacaciones. Si bien su discurso fue cuestionado, no hizo el más mínimo intento de defender a su hijo.

"Conozco bien mi responsabilidad como presidenta y, como tal, hay una gran prioridad que yo me fijé en este Gobierno, en el anterior y en toda mi vida: seguir trabajando para que tengamos una nación más justa y más equitativa. Llevar adelante esta tarea implica muchas veces tomar decisiones que son dolorosas, y para lograr que éste sea un mejor país para todos es mi deber enfrentar cualquier hecho que pudiera obstaculizar o comprometer esos objetivos de igualdad y de justicia. Hace pocos días, por ello, mi hijo Sebastián Dávalos dejó su cargo y renunció", dijo.

El enfrentamiento a la corrupción en Chile

"No es que en Chile no existan casos de corrupción, tráfico de influencias o captura del estado. Lo relevante es cómo se reacciona frente a determinados casos. Se pueden esconder o enfrentar. En el caso chileno se los enfrenta. Porque también hay indignación social. La sociedad presiona y la clase política, ya sea en el Gobierno o en la oposición, toma decisiones", explica Aldo Cassinelli, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Central de Chile, en diálogo con Infobae.

"La corrupción funciona cuando hay opacidad. Cuando hay transparencia, no. En Chile tenemos un Consejo para la transparencia, donde hay obligación de entregar información y cualquier ciudadano puede solicitarla. Pero también está la prensa, que es crucial, porque revela y tiene la capacidad de investigar. Cuando un medio encuentra una situación que escapa a la normalidad, obviamente la sociedad se informa y se transparenta. Pero cuando los medios no pueden, no se atreven o son cooptados, tenemos problemas", agrega.

La fortaleza de las instituciones no sólo se ve en que actúan frente a un caso de corrupción de mucha gravedad. Lo que ocurre también es que todos, ciudadanos y políticos, están mucho más atentos y son más exigentes que en otros países. Así, casos que podrían considerarse menores en otros lugares, en Chile se los considera cosa seria.

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"Un negocio donde indirectamente está involucrado el hijo de la presidente es un asunto público, no un problema entre privados. Por mucho que todos los actos fueran legales, la figura pareciera ser ilegítima. Y ahí es donde la sociedad dice 'no', no corresponde que una persona, en esa situación, realice esa actividad. Eso es sano", dice Cassinelli.

La consecuencia de operar de esta manera es clara: se establecen muchas trabas que dificultan la posibilidad de que un funcionario o cualquier persona que está en una posición de poder se abuse de él en beneficio propio y en perjuicio de la comunidad.

"Cuando desde el Estado se niega la existencias de hechos de corrupción, lo que uno fomenta es la institucionalización de prácticas contrarias a la norma. Las leyes prohíben hacer algo, pero como en los hechos eso se valida, esas prácticas contrarias a la norma terminan siendo aceptadas. Si el Gobierno y las instituciones no ponen límites, la corrupción se institucionaliza. Cuando eso ocurre, ya es muy difícil retrotraerse al punto anterior", concluye el académico.

Otra forma de encarar la corrupción

La reacción de las autoridades chilenas es una rareza en la región. Otros gobiernos actuaron y actúan de una manera muy diferente ante casos similares o, incluso, más graves.

Argentina. El 27 de junio de 2014, Amado Boudou, vicepresidente de la Nación, fue procesado por el juez federal Ariel Lijo. El magistrado lo consideró culpable de usar una empresa fantasma -The Old Fund- para apropiarse indebidamente de la ex Ciccone Calcográfica -la única imprenta en condiciones de hacer billetes de curso legal en el país- al tiempo que, como ministro de Economía, gestionaba un levantamiento de la quiebra que pesaba sobre ella.

Boudou no sólo fue ratificado en su cargo, sino que, desde que se conoció la denuncia periodística en febrero de 2012, hasta hoy, la estrategia oficial fue acusar una conspiración en su contra, orquestada por los medios de comunicación, la oposición y la justicia.

"Estamos aquí, yo como vicepresidente, electo en elecciones limpias, democráticas, con un altísimo nivel de participación, para compartir con ustedes el brutal ataque a las instituciones que se está llevando adelante desde las mafias y sus esbirros, cuyo principal referente es (Héctor) Magnetto (CEO del Grupo Clarín) y con actores menores que llegan a la justicia", dijo Boudou en una conferencia de prensa realizada dos meses después de que se conociera la denuncia.

Ecuador. Los periodistas Juan Carlos Calderón y Christian Zurita denunciaron en 2009 que Fabricio Correa, hermano de Rafael, presidente de la Nación, tenía millonarios contratos con el Estado, que se habían intentado mantener ocultos. La Contraloría General del Estado corroboraría la denuncia tiempo después.

¿Cómo reaccionaron el Gobierno y las instituciones? El mandatario, que en un primer momento defendió a su hermano -luego devenido opositor-, terminó revocando los contratos, pero acusó de conspiradores a los periodistas y al órgano de control. La justicia, que jamás investigó los negocios de los Correa, culpó a Calderón y a Zurita de causar un "daño moral" al Presidente, y los condenó a pagarle dos millones de dólares de indemnización. Fue benevolente. Correa exigía 10 millones.

Venezuela. Probablemente sea el mejor ejemplo de escandalosas denuncias de corrupción contra altos funcionarios del Gobierno, que sólo traen consecuencias para quienes las denuncian.

El más apuntado de todos es sin dudas Diosdado Cabello. Acumuló más de 17 denuncias por desfalco del erario público durante su gestión como gobernador de Miranda (2004 - 2008), y las acusaciones no dejan de sumarse desde que asumió la vicepresidencia del país, en enero de 2012. Diputados opositores y medios de comunicación lo han denunciado por cosas tan variadas como tráfico de influencias, desvío de fondos públicos a través de empresas fantasma y hasta de narcotráfico. Sin embargo, nunca fue realmente investigado por la justicia, y jamás mermó su poder en el Gobierno.

No es casual que estos países adopten una postura tan diferente a la de Chile frente a las denuncias de ilícitos cometidos por miembros del partido gobernante. La concepción que tienen de la política es muy diferente.

"En la idea de democracia del chavismo no es muy importante la separación republicana de poderes, al contrario, tal separación es vista como parte de una concepción burguesa de la democracia que tendría que ser superada", dice a Infobae el sociólogo Hugo Pérez Hernáiz, profesor de la Universidad Central de Venezuela.

"El chavismo considera más importante la unidad monolítica defensiva frente a sus enemigos internos (la oposición) y externos (el imperio), y sus supuestas conspiraciones permanentes contra la revolución. La separación de poderes podría 'debilitar' esa unidad. Por lo tanto, instituciones como la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo, la Contraloría, o la Fiscalía General, que en teoría deberían ser independientes y tener capacidad para denunciar, investigar y sancionar hechos de corrupción dentro del Estado, no lo hacen", agrega.

Lo que hay detrás de esta lógica de acción es una concepción de la política como una guerra, en la que no hay negociación posible con los adversarios, que son necesariamente vistos como enemigos. Por eso no importa si una denuncia es verídica. Como debilita las fuerzas propias y, por ende, fortalece a los otros, hay que hacer todo lo posible por desactivarla.

"Lo que hacen es

. En los contados casos en los que se investiga a algún político chavista, es porque este ha roto previamente con el Gobierno. Como castigo y advertencia a futuros 'traidores', se lo investiga por actos de corrupción", concluye Pérez Hernáiz.