La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, en inglés) aprobó con tres votos contra dos la normativa, que prohíbe principalmente a los proveedores de internet frenar o bloquear ciertos contenidos a servicios legales en línea.
La reglamentación incluso prohíbe a los proveedores vender una conexión más rápida a algunos de los servicios en línea. Así, por ejemplo, Netflix o YouTube no podrán pagarle a empresas que ofrecen acceso a la red para que los usuarios accedan más rápido a contenidos. Ese es el principio conocido como "neutralidad en internet".
Es una nueva tentativa de la FCC para garantizar la "neutralidad" del internet, un principio que causó polémica en Estados Unidos como en otros países y pretende garantizar la igualdad de acceso a internet a todos.
Una regulación precedente de la Comisión fue anulada hace un año por la justicia a través de un recurso de uno de los grupos grandes de telecomunicaciones Verizon, y el nuevo proyecto también lo empujó a intensos debates políticos en Washington.
Las reglas colocarían la internet en el mismo entorno normativo que el teléfono, proscribiendo prácticas comerciales "injustas o irrazonables" de los proveedores. Se trata del cambio regulatorio más importante en casi dos décadas y el objetivo es evitar que los proveedores vuelvan lento o bloqueen el tráfico de internet o creen vías rápidas de pago en la red.
"Internet es la última herramienta de la libertad de expresión" y "es muy importante como para permitir a los proveedores de (servicios) de banda ancha fijar las reglas", argumentó antes de la votación el presidente de la FCC, Tom Wheeler.
Uno de los dos comisionados que se oponía al proyecto, Ajit Pai, fustigó la medida, evocando "un viraje monumental hacia un control gubernamental del internet".
Los servicios en línea como Netflix, Twitter o Yelp apoyaron las medidas, mientras que los proveedores de internet como AT&T, Verizon o Comcast las consideraron muy duras y amenazaron con interponer nuevos recursos legales.
La división también se manifestó entre los demócratas, comenzando por el presidente Barack Obama que instó en noviembre por "un internet libre y abierto, y los republicanos que podrían usar su mayoría en el Congreso para invalidar las nuevas reglas.
Defensores de los consumidores celebraron las nuevas regulaciones y las consideran una victoria para las empresas pequeñas que temen pagar cuotas por mover el contenido que tienen en la red.
La neutralidad en la red significa que los portales y los videos se carguen a la misma velocidad. Esto significa que los usuarios ya no estarán más inclinados a ver un programa en particular en Amazon Prime en lugar de Netflix porque Amazon tiene un acuerdo con el proveedor de internet para cargar los datos más rápido.
Opositores, que incluyen a muchos congresistas republicanos, dicen que el plan de la FCC es una intrusión excesiva del gobierno que eventualmente podría elevar el costo a los consumidores y desalentar la inversión del sector.
El republicano Michael Powell, ex jefe de la comisión y ahora presidente de la Asociación Nacional de Cable y Telecomunicaciones, advirtió que los consumidores de inmediato "sentirán la carga de los nuevos impuestos y alza en los costos, y posiblemente tengan que esperar más tiempo para tener redes más veloces e innovadoras dado que la inversión se volverá lenta por la supervisión de la burocracia".
Durante años, los proveedores accedieron a no escoger ganadores y perdedores en el tráfico en la red debido a que no querían motivar a los reguladores a intervenir y porque decían que los consumidores lo exigían.
Pero esa actitud empezó a cambiar alrededor del 2005, cuando YouTube apareció y Netflix se popularizó. El video a pedido se generalizó y empezaron a surgir evidencias de que algunos proveedores estaban manipulando el tráfico sin informar a los consumidores.
En 2010 la Comisión impuso las reglas de internet abierta, pero ahora tratará de eliminar una ambigüedad legal de no clasificar más internet como "servicio de información" sino "servicio de telecomunicaciones", sujeto a la Ley de Comunicaciones de 1934. Eso ampliará notablemente el poder de las autoridades normativas sobre la industria al exigir a los proveedores actuar en interés del público y contar con la autoridad para imponer multas a las firmas que apliquen prácticas comerciales "irrazonables".